Viernes, 7 de enero de 2011
Nota de Tapa
VIOLENCIAS
EL CASO MAR DEL PLATA
Como cada verano, en la ciudad balneario más grande de Argentina se festeja la llegada del turismo, se habla del buen o mal clima, de la ocupación hotelera y la cartelera de espectáculos. Afuera de esta agenda de vacaciones queda el lado oscuro de La Feliz: los prostíbulos que se multiplican, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la habilitación de lugares denunciados por las mismas víctimas y la falta de reglamentación de ordenanzas ya sancionadas que podrían paliar esta situación. Como contrapartida, organizaciones sociales formaron una mesa permanente contra la trata que funciona en el Concejo Deliberante de una ciudad cuyo lado oscuro todavía se publicita en los diarios locales.
Hoy Mar del Plata está que arde. Como todos los eneros. La capacidad hotelera explota. Esta mañana en La Perla al mar le da el sol tan lindo que parece de paillettes. Por la calle cortada desfilan de veras cuerpos reales: señoras en bikini, chicas que andan en rollers sin saber andar en rollers. En una radio suena Roxette en castellano (“El aire está lleno de silencio / Debe haber sido amor...”). El cuadro encandila y anestesia. Entonces importa menos a qué se le da la espalda.
Patricia Gordon, psicóloga de la organización La Alameda, detalla que estamos en “La Perla Sur”, la zona de la estatua de Alfonsina. Y que junto a La Perla Norte, hacia Constitución, albergan a un montón de chalets olvidados cuando el auge inmobiliario señaló hacia Los Troncos y sus lomas. Las calles del otro lado de “La Popular” de noche son lo suficientemente oscuras como para que se entreabran las puertas de los prostíbulos privados, whiskerías, cabarets, bares nocturnos y cía. Como El Progreso, esa casa fea de red blocks, vidrios negros y una manija de puerta que parece un bastón de cotillón. Está en un barrio de edificios bajos, cerca de “La boutique del Pan”, a una cuadra nada menos que de la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo municipal y de la casa de un obispo. Comparte medianera con un hotel llamado La Posada: si lo googleás, en www.argentinaprivate.com entre muchas otras direcciones céntricas aparece: “La Posada, 11 de Septiembre 3030, alt. La Rioja. 20 to 30 Chicas. Prices: Drinks $15/$25, Chicas $150 hour. The Hotel Paraiso Transitorio is next door for 50p.”. También son datos que pueden ofrecer, dicen en La Alameda, muchos taxistas y remiseros. Después de La Perla, las zonas rojas rondan la vieja terminal –cerca de los tribunales– y el puerto. Se calcula que la cantidad de prostíbulos –alrededor de 200– se duplican llegado el verano.
Gordon, psicóloga, es además parte de la Asamblea Permanente contra la Trata de Personas. Integra el equipo que recibe denuncias, las deriva a la Justicia Federal y atiende a las víctimas: “Damos la orientación necesaria en materia judicial y contención emocional”, dice. Trabajan en red con la Multisectorial de la Mujer, Mar de Lucha, Las Juanas, entre otras asociaciones civiles. En el último seminario sobre derechos humanos y trabajo esclavo, realizado en la Facultad de Abogacía de la Universidad local, Patricia Gordon habló de “El caso Mar del Plata”.
¿Cuáles son los puntos más urgentes de “El caso Mar del Plata”?
–Partimos de la denuncia que hizo La Alameda hace justo un año: contamos 400 prostíbulos, se presentaron pruebas y testigos. Se puso de relieve la situación de muchas mujeres de esta “ciudad feliz” que conviven con estos delitos. “El caso Mar del Plata” se caracteriza también por la connivencia de la policía y la inacción de un sector de la Justicia, por la complicidad mediática, ya que el principal diario de la ciudad (La Capital) exhibe sin pudores una importante cantidad de avisos de oferta sexual, promocionan incluso los lugares denunciados. Después de esta denuncia, gracias a los allanamientos que hizo la fiscalía, se encontraron mujeres que provenían de otros países, muchas menores de edad, en situaciones de esclavitud sexual. Estaban en lugares deplorables: sótanos, tras rejas, en suciedad.
También se creó la Mesa Permanente contra la Trata...
–Sí. Nos reunimos todos los meses en el Concejo Deliberante, por iniciativa de la concejal Verónica Beresiarte. Reúne a funcionarios municipales, políticos, actores sociales, integrantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es un espacio de debate, denuncia y confrontación de ideas. Se discuten los temas, elaborando acciones concretas ya sea desde lo legal, social, psicológico.
Entre esas acciones concretas consiguieron la sanción de dos ordenanzas interesantes: que se clausuren locales nocturnos y se brinde atención a las víctimas. ¿Se cumplen?
–Todavía no han sido reglamentadas. Y eso que en septiembre el intendente dijo que “en unos días” lo hacía. Sus declaraciones surgieron en un momento en el que él mismo aprobaba la habilitación de un lugar llamado La Posada, que había sido denunciado, allanado y donde se encontraron víctimas. Si bien dieron un paso atrás y manifestaron que había sido un error, las organizaciones locales repudiamos este hecho gravísimo. Con respecto a la segunda ordenanza, la Secretaría de la Mujer atiende a las víctimas.
La denuncia de las víctimas es crucial, según la Ley de Trata. Es fundamental entonces que estén contenidas...
–Si bien resulta imprescindible la reforma en la Ley de Trata –para eliminar la figura del consentimiento de la víctima–, podemos decir que al momento hay leyes, aun con falencias que no se cumplen, especialmente en lo relacionado con los derechos de las víctimas. Sí, deberían recibir contención, resarcimiento económico, la oportunidad de una inserción laboral. La realidad es que muchas quedan libradas a su suerte y vuelven al mismo circuito de la prostitución.
¿Las víctimas del “Loco de la Ruta” tienen el lugar en la memoria social que merecen? Salvando las distancias, ¿es nuestro Ciudad Juárez?
–Las desapariciones que tuvieron lugar a fines de los años ‘90 en Mar del Plata aún son una herida abierta. Terminó siendo una red de crimen organizada. Salvando las dimensiones con las desapariciones y muertes en Ciudad Juárez, constituye una de las máximas expresiones de violencia hacia las mujeres, la complicidad y responsabilidad del Estado, de las instituciones y de una gran parte de la sociedad que ha sabido serle indiferente y silenciosa a estos crímenes. Respecto de la memoria colectiva, las organizaciones nos hemos propuesto instalar nuevamente esta herida no cerrada. Toda vez que realizamos una jornada, están presentes los nombres de las desaparecidas y asesinadas. Tenemos como proyecto realizar un acto público que despierte las conciencias dormidas de nuestra comunidad, ya que la impunidad de un crimen abre paso a más impunidad. Estos crímenes marcaron un antes y un después en el tema del proxenetismo: se supone que desde ahí para adelante se incrementó el sistema de esclavitud y trata.
¿Por qué?
–El análisis tiene varios ejes. Por un lado, constituye uno de los negociados más rentables: una mujer puede ser vendida muchas veces, ser menor de edad aumenta el ingreso de los tratantes. La corrupción de las instituciones y las escasas condenas facilitan el proceder de las mafias. Por otra parte, la relación existente entre el lavado de dinero, producto de la mercantilización de los cuerpos y las vidas de tantas mujeres, y la proliferación de un negocio que enriquece rápidamente y a bajo costo. Sin descuidar los aspectos que, instalados en una cultura de base patriarcal, imperan en los medios masivos de comunicación, en el uso del lenguaje, en la cosificación de los cuerpos, en las promesas de un “trabajo fácil” dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social o que atraviesan alguna crisis de identidad.
¿Con el nuevo Ministerio de Seguridad otra policía es posible?
–La llegada de Nilda Garré es una esperanza. Las complicidades policiales, denunciadas en especial por Nancy Miño, ex agente de la Policía Federal que puso en evidencia el alto nivel de corrupción de la oficina antitrata, constituyen un muro para desenmascarar el delito. Si hay voluntad política, es posible que exista una policía que cumpla con sus funciones, tema complejo y difícil...
A un año de la denuncia que hizo La Alameda, ¿cuál es el balance?
–Durante el año se ha venido trabajando en contacto con otras organizaciones y colectivos que se ocupan de los derechos de las mujeres. Esta unión ha sido significativa. Lo prometedor es la visibilización y puesta en evidencia de algo que es cotidiano, que pasa al lado nuestro. Aumentan las denuncias y la toma de conciencia. Y los vecinos reaccionan y rechazan esta forma de esclavitud.
Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6227-2011-01-10.html
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Después de la ley, la reforma
El próximo abril se cumplirán dos años desde que se sancionó la ley para erradicar la trata de personas. En este lapso, en el que se avanzó en la visibilización de este delito y cuando ya fueron recuperadas más de mil víctimas de trata –sin contar a las que fueron rescatadas en 2011, según lo denunciado por este diario a lo largo de la semana–, queda claro que es necesario corregir el texto de la ley: la eliminación de la figura del consentimiento de la víctima y el endurecimiento de las penas están en el centro de la cuestión.
Ordenanzas que prohíben la instalación de prostíbulos en diferentes localidades del interior del país, proyectos de ley que buscan penalizar al cliente, diarios que decidieron eliminar el rubro 59 por considerar que alienta la explotación sexual, allanamientos y detenciones a lo largo del mapa, la discusión acerca del consentimiento de la víctima y la necesidad de garantizar asistencia integral a las mujeres rescatadas en el Congreso de la Nación, son algunos de los avances –tímidos en algunos casos– registrados en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual en los últimos meses. Un delito que mantiene en la esclavitud a un número indeterminado de personas en Argentina, como quedó demostrado luego de los allanamientos en Santiago del Estero que denunció este diario.
A casi dos años de la aprobación de la ley 26.364, sancionada en abril de 2008, organizaciones sociales, diputados/as y el Estado (tanto a nivel municipal, provincial y nacional) continúan su lucha contra este delito y avanzan –con tropiezos– en la ejecución de la norma, en garantizar los derechos de las víctimas de la explotación e instalan nuevas discusiones en torno del delito.
Santa Rosa (La Pampa) fue pionera en arremeter contra la trata de personas. Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género, logró que el Concejo Deliberante prohibiera la habilitación de locales nocturnos, como whiskerías o cabarets, que funcionan como pantallas de prostíbulos. A modo de efecto contagio, otras intendencias pampeanas copiaron la experiencia. El mismo paso dieron en Villa Nueva (Mendoza), en Neuquén Capital y General Roca, Larroque y Gualeguaychú (Entre Ríos) y Villa María (Córdoba).
Durante 2010, continuó la persecución del delito y se iniciaron los primeros juicios en algunas provincias. Ejemplo de ello fue Córdoba, donde se desarrolló el primer juicio por trata de personas contra un hombre acusado de explotar a dos jóvenes de 13 y 14 años. También se dictó la primera sentencia en Mar del Plata: un hombre y una mujer fueron condenados a cuatros años de prisión por el delito de “trata de personas mayores de 18 años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad”. En esa misma ciudad existe una investigación judicial sobre una red formada por 94 prostíbulos denunciada por La Alameda (ver nota central).
Por este último caso, y algunos más, las organizaciones sociales continúan denunciando la complicidad y connivencia judicial y policial que mantiene vivas a las redes de explotación. Además, encontraron el consenso en el Congreso para instalar la necesidad de reformar la ley antitrata. A mediados de 2010, se realizaron una serie de audiencias públicas y debatieron proyectos de reforma en las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Los puntos a modificar fueron: la eliminación de la figura del consentimiento de la víctima a la hora de tipificar el delito en el caso de las personas mayores de edad, endurecimiento de las penas para el delito de la trata. En la actualidad, se imponen penas de entre tres y seis años de prisión y buscan modificarlas por condenas de 3 a 15 años.
La reforma propone la creación del Programa Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas y de un sistema sincronizado de denuncias sobre delito. Finalmente, diferencias entre los diferentes bloques y organizaciones antitrata no permitieron generar el consenso para que el dictamen se tratara en el recinto. Esta discusión se cerró en el medio de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo, quien aconsejó una reforma “urgente” de la ley que regula este delito.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Julio Alak, propuso “revisar y actualizar el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas” –texto en el cual se basa la ley federal– y consideró que una forma de desalentar el delito es penalizar duramente al cliente. “Sin clientes no hay trata”, aseguró Alak haciendo suya la consigna de las organizaciones antitrata.
Aunque los movimientos sociales vienen denunciando la explotación sexual que esconde el rubro 59, las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, colaboraron en mayor medida con la instalación del tema en la agenda pública. “En este país hay muchas cosas por discutir y resolver, entre otras el rubro 59, con el que Clarín gana un millón de pesos por mes”, afirmó a Radio Continental.
Luego, se sumaron diferentes pronunciamientos y acciones: el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un documento pidiendo que se termine con la promoción de la prostitución en los medios de comunicación. Diferentes diarios del interior decidieron eliminar el rubro 59 de sus páginas: La Mañana de Neuquén, La República de Corrientes, La Arena de La Pampa; el semanario El Tiempo de Pergamino y el Diario de la República, de San Luis. En las Legislaturas de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación se presentaron iniciativas para que el Estado retire la publicidad y la propaganda oficial en medios que publiquen avisos clasificados de oferta sexual. También se inició una campaña pública para retirar los avisos de prostitución en la vía pública.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6227-681-2011-01-10.html
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Mapa de la trata 2010*
Se realizaron un total de 342 allanamientos en todo el país. Como resultado de los operativos, se detuvo a 276 personas y se rescató a 495 víctimas. De los 342 allanamientos, el 59 por ciento fueron en la provincia de Buenos Aires.
* Fuente: Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personashttp://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6227-683-2011-01-10.html
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