Comunicado de Familiares y Amigos de Luciano Arruga (23/6)

Comunicado de Familiares y Amigos de Luciano Arruga

de ¿Dónde está Luciano Arruga? de Familiares y Amigos de Luciano Arruga

Hoy lunes 23/5 los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, acompañados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el presidente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, Pablo Pimentel y nuestros abogados, tuvimos la posibilidad de reunirnos por la causa con: el juez Gustavo Banco, con la fiscal Celia Cejas y con el intendente Fernando Espinoza.

Obtuvimos una respuesta que nos convence aún más de nuestra lucha incansable: el intendente se comprometió a cerrar el Destacamento de Lomas del Mirador, manchado con sangre de Luciano Arruga. El cierre de este lugar siniestro fue uno de nuestros principales reclamos, una de nuestras banderas durante estos 2 años y cuatro meses que llevamos sin Luciano.

Esperamos que esta decisión tardía del Municipio se concrete pronto y estaremos, como siempre, luchando para conseguirlo.

Familiares y Amigos de Luciano Arruga

LUCIANO ARRUGA PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!!

Boletín Informativo Nº 604 de CORREPI (vía ANRed)

22 de abril de 2011

Boletín Informativo Nº 604 de CORREPI

Reproducimos: CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº 604 - 19 de abril de 2011 VEINTE AÑOS DE LA DETENCIÓN Y MUERTE DE WALTER BULACIO Actividades: Sábado 23 de abril, desde las 16:00, Radio Abierta en Parque Centenario. Miércoles 27 de abril, 19:30, estreno del video “Yo sabía...” en el Auditorio del hotel Bauen (realización conjunta de CORREPI y PTSTV). Viernes 6 de mayo, gran festival en Plaza Houssay, desde las 19:00, con Chapones Di Teresa, La Pala Mecánica, La Escuela del Desaprender, La Covacha, La Que Se Viene y mucho más. Sumario: 1. MÁS DE POLICHORROS 2. AMENAZAS CONTRA MILITANTES 3. SATURADOS DE POLICÍAS 4. EL OBJETIVO SON LOS PIBES 5. LA CONDENA A PATTI 6. REPRESIÓN TERCERIZADA EN SANTA CRUZ MÁS DE POLICHORROS Un empleado de seguridad privada fue detenido la semana pasada, por haber colaborado con los asaltantes que la madrugada del domingo robaron en los estudios de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba, desde donde se emite el Canal 10. El vigilador actuó como “entregador” y facilitó a los delincuentes la información necesaria sobre los movimientos que se realizaban el fin de semana en el edificio. Entre los elementos robados había tres islas de edición, más de 20 computadoras, una docena de televisores LCD, siete impresoras y una consola de luces. Por otro lado, pasado un año del famoso “Robo del Milenio”, citaron para ser indagado al subcomisario Marcelo Amarilla y al cabo Jacobo Omar Mikic, ambos integrantes de la comisaría 5ª, con jurisdicción en Congreso, cercana a la sucursal del Banco robado. Los policías fueron puestos en disponibilidad, y se los acusa de liberar la zona en el momento del robo. En la causa hay imágenes de los funcionarios captadas por las cámaras de seguridad de una playa de estacionamiento, ubicada a metros de la sucursal, mientras ocurría el robo. Otra vez, aquellos que cuidan las espaldas de los poderosos y sus ganancias, aparecen implicados en robos o garantizan su realización. El sentido común se sorprende, y es así porque responde a la lógica del discurso que los medios de comunicación fabrican cuando hablan de criminalidad y marcan como solución la incremento de la presencia policial en la calle. Ocultan así, la real regla que regula todos los crímenes, desde el robo menor, hasta los grandes atracos; ocultan lo que de a poco logramos que se escuche: inseguridad es la policía en la calle. AMENAZAS CONTRA MILITANTES A sólo días de que todo el arco kirchnerista festejara la condena contra Patti fortaleciendo su falso discurso de DDHH, mostrándose como ajenos y enemistados con las políticas brutales propias de la dictadura y (según ellos) sólo de las dictaduras, comenzaron a circular dos comunicados. Uno, firmado por el Frente de Acción Revolucionario y el Movimiento Teresa Rodríguez, organizaciones de las cuales es miembro Roberto Martino (actualmente preso por ser un referente en la lucha), denuncia tres llamados hechos a uno de los compañeros de su dirección, al cual le dijeron “te vamos a cagar a tiros” y “déjense de joder con tantas reuniones, se donde andas vos y los otros revolucionarios.” También denuncian varias persecuciones a pie y con autos que buscaban intimidar a algunas compañeras y mencionan que cada vez que hay una novedad en la causa de su compañero Martino hay diversos intentos de acallar la lucha por su libertad. El segundo comunicado es del grupo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que también denuncian que, en las últimas semanas, han sido víctimas de una seguidilla de amenazas. Comenzaron en la casa de Mónica, mamá de Luciano, cuando alguien introdujo por la ventana una madera en brasa y la colocó entre unas frazadas apiladas que estaban al alcance. El siguiente episodio ocurrió a los pocos días, cuando un policía en un patrullero de la comisaría de Lomas del Millón, tocó el timbre en la casa de un amigo íntimo de dos integrantes de su grupo. Luego de preguntarle si los conocía, le transmitió un mensaje para ellos: que desaparezcan por dos meses porque van a terminar mal. El último hecho tuvo lugar en el barrio 12 de Octubre, cuando un compañero repartía cuadernos a los chicos. Un patrullero de la misma comisaría con dos efectivos, uno de los cuales está implicado directamente en la causa de Luciano, interceptó al compañero; le preguntaron su nombre, su domicilio, le pidieron documentos e intentaron subirlo al patrullero. Cuando se negó, lo empujaron violentamente y lo golpearon contra el vehículo. Al mismo tiempo, uno de los policías cargó su arma a la vista de todo el barrio. No fue llevado gracias a la intervención de algunos vecinos y de Mónica (mamá de Luciano). Posteriormente estos policías increparon a los vecinos que salieron en defensa del compañero. Así vemos el real alcance de la institucionalidad democrática, cuando lo que precisan es tratar de disciplinar y amedrentar cualquier intento de lucha y organización. SATURADOS DE POLICÍAS El ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, a cargo de Ricardo Casal, viene llevando a cabo operativos de saturación con “carácter preventivo” en los barrios pobres del conurbano, con allanamientos, según ellos, "por distintas causas", sin más explicaciones, y detenciones arbitrarias. Esta semana se implementó una nueva forma de publicitar estas políticas de seguridad. Ante el beneplácito de los medios, de las cámaras de televisión y de algunos transeúntes, se realizaron megaoperativos en Olivos, San Fernando, La Matanza, entre otros municipios, con gran despliegue de efectivos y patrulleros, deteniendo autos, motos y colectivos para requisar a los sospechosos de siempre. A la vez, se expusieron en cada lugar prolijos stands con armas y droga incautadas a lo largo de la semana durante los operativos regulares de saturación que los vecinos de los barrios ya debieron incorporar a su vida cotidiana. Los argumentos son la “prevención del delito” y la “tranquilidad de los vecinos” al ver a la policía actuando en la calle. Argumentos que quizá sirvan para tranquilizar al vecino que ve a su par como enemigo, haciendo caso omiso de la sistematicidad del delito, garantizada por la impunidad de la que goza la policía, partícipe y protectora del narcotráfico, la prostitución, los golpes comando y la larga lista de etcéteras que CORREPI denuncia cada semana. Es con estos argumentos que el gobernador Scioli logra el consenso para seguir invirtiendo en distintas clases de medios funcionales a la represión estatal. Esta semana anunció en La Matanza aportes para la construcción de comisarías, la entrega de 197 patrulleros y la incorporación de 350 policías. Y sigue solventando la instalación de equipos de video, informáticos y de telecomunicaciones para el Programa Integral de Protección Ciudadana, aplicado a través de la video vigilancia en la vía pública. También se implementaron los corredores escolares, "caminos seguros" vigilados por la policía para que los chicos de las escuelas se sientan “protegidos”, aprendan a confiar en la policía y colaboren con quienes, más temprano que tarde, los van a estar deteniendo, requisando, golpeando y matando con el gatillo fácil. Todo en forma preventiva y en nombre de la seguridad. EL OBJETIVO SON LOS PIBES El objetivo de los explotadores son los pibes. Mucho miedo le tienen a la juventud. Ya sea reprimiéndolos o desclasándolos, ambas son maneras de mantenerlos a raya, para que no se organicen, para que no luchen. Son distintas estrategias para seguir perpetuando la explotación. Si no es con el gatillo y las torturas, es militarizándolos. Es en este marco que se encuadra el programa Creciendo Juntos, llevado a cabo por el ministerio de Seguridad de Mendoza. En este programa se da formación militar a 4.000 chicos que tienen entre 7 y 13 años. Les ponen uniforme, les enseñan a hacer la venia, los forman, los hacen marchar, en fin, todo lo que ya se conoce para amoldar una mente para que no sea crí­tica, para que discrimine y reprima a los que están en su misma condición de explotación. Claro que no es el único lugar del paí­s donde se da la militarización infantil. Como hemos contado muchas veces en este Boletín, Catamarca, La Rioja, Jujuy, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Chaco, Corrientes, etc. son otros bastiones en los que se desclasa a los jóvenes desde chiquitos con la excusa de darles contención y valores, “para que no caigan en la drogadicción y la delincuencia”, criminalizando la pobreza, como siempre. Por eso no tenemos que dejarnos engañar y tenemos que cuidar a los chicos para que no sean carne de cañón. Tenemos que luchar contra la represión, recordando que lo más importante es la toma de conciencia y la organización. LA CONDENA A PATTI Esta semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a prisión perpetua en cárcel común a varios represores de la dictadura, incluido Luis Abelardo Patti. Esta demorada sentencia contra Patti es una buena excusa para reflexionar sobre un par de cosas. Primero, tenemos que recordar bien, con el prontuario completo, quién es el ilustre condenado. Porque hoy es fácil ponerse contento por esta sentencia, y tratar de apropiarse de un poquito del mérito de la condena. No faltó nadie que dejara de festejar la noticia. En primerísimo lugar, hizo su autobombo el gobierno. Desde el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, pasando por su aliado, el diputado Jorge Rivas, hasta el jefe de los diputados oficialistas Agustín Rossi, todos celebraron la noticia y compitieron para elegir los términos más duros para referirse al nuevo condenado. Ni que hablar de los bastiones oficialistas en los extintos organismos de DDHH, como Madres y Abuelas, o de los ex kirchneristas, hoy alineados en otras variantes “progres” del peronismo, como Victoria Donda y el resto de los ex Libres del Sur. Pero, decíamos, primero hay que acordarse bien de quién estamos hablando. Este tipo que hoy está internado en la clínica Fleni de Escobar porque tuvo un accidente cerebrovascular, ya era policía en 1975. Trabajaba en el destacamento policial "Otero", en Victoria, en el que funcionaba un centro clandestino de detención. Sus superiores eran hombres del círculo íntimo del Gral. Ramón Camps. Corría 1977 cuando, ya afincado en Escobar, la ciudad que 18 años después lo elegiría intendente, Patti intervino en el fusilamiento de tres chicos que jugaban al metegol de un bar de la zona. El militante comunista que denunció el hecho a un diario local, todavía está desaparecido. Un poco más tarde, cerca del ocaso de la dictadura, Patti secuestró y mató a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, militantes montoneros, causa por la que fue condenado. Pero en los primeros años después del ’83, no sólo los apologetas explícitos de la dictadura ayudaron a demorar la imputación penal. Sus principales defensores, por aquellos años, fueron Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que se cansaron de repetir que había sido “un enfrentamiento”. En enero del ’90, en Garín, Patti encabezó la partida policial que fusilo al joven Luis Selaye. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38, como siempre. Un policía “arrepentido”, es decir, enfrentado con Patti en la interna policial, declaró el 5 de enero de 1996 al diario Página/12 que antes del operativo, ese revólver estaba "en el despacho del subcomisario Patti, que siempre hablaba que debía ser utilizado para justificar un enfrentamiento". El ex subcomisario nunca fue procesado por este caso. En septiembre de 1990, Patti dos presos comunes, Miguel Guerrero y Mario Barzola, denunciaron que Patti los había torturado. El Juez de San Isidro Raúl Borrino ordenó una serie de pericias, y comprobó que los presos habían sufrido tormentos por golpes, quemaduras, submarino seco y picana eléctrica. Lo mandó detener. El escándalo fue mayúsculo. En medio de una campaña mediática dirigida a desacreditar la denuncia, la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo memorable, "bajó" la carátula de tormentos a apremios ilegales. Patti fue inmediatamente excarcelado, la causa entró en el túnel que preanunciaba la prescripción, y la “gente de bien” respiró tranquila. El adalid de la seguridad, estaba seguro. “Voy a ser claro para que se entienda -le dijo Patti al Diario Clarín en octubre de 1990- la policía, para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de tres o cuatro hechos delictivos. De lo contrario no puede esclarecer absolutamente nada. Esto ocurre en la Argentina y en cualquier parte del mundo. ¿Cuales son estos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilios, entre otros. Y no queda otro camino que hacer eso. Cuando los comisarios no esclarecen hechos es porque, como se dice en nuestra jerga, no se la juegan”. Ningún fiscal lo acusó por esas declaraciones, que, en cambio, aportaron una sonrisa a los mismos que hoy piden más seguridad. Así, mientras iba a fiestas con su novia fashion, Liliana Caldini, y era enviado como si fuera el Inspector Gadget a investigar el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, Patti fue dejando en el olvido sus andanzas de juventud en la dictadura, y se recicló como “policía de la democracia”. El martes 13 de agosto de 1996, de nuevo en Página 12, Patti, ya todo un símbolo de la “lucha contra la inseguridad”, declaró que estaba en contra de “los policías que no hacen nada porque no tienen orden del juez” y les aconsejó “pegar una buena patada en el trasero a los sospechosos para obtener prueba”. Su alianza con el partido justicialista le garantizó la intendencia de Escobar, y luego una banca de diputado, en 2005, que ya no pudo ocupar, porque los aires habían cambiado, y el viejo policía descubrió que, como decimos siempre, la lealtad no figura en el diccionario de la burguesía. Sus antiguos amigos lo abandonaron, e hicieron fila para pegarle. Total, su aparato represivo ya estaba dirigido por otros. Entonces, hoy pueden condenar a Patti a perpetua y festejarlo, mientras sostienen con las dos manos la impunidad de los que hoy, con el mismo uniforme, cumplen esa tarea, la misma que el internado en Fleni ya no les puede garantizar. REPRESIÓN TERCERIZADA EN SANTA CRUZ El martes 12 de abril, trabajadores de los hospitales de ATE y docentes llevaban adelante la primera jornada de movilización en el año en reclamo por mejoras salariales, cuando un grupo de matones de la UOCRA le puso fin a la medida mediante una represión que dejó como saldo a 17 heridos. Esta vez el protegido la UOCRA fue el gobernador kirchnerista Daniel Peralta, quien ese día encabezaría un acto en la ciudad de 28 de Noviembre (cercana a Río Turbio, provincia de Santa Cruz). Al grito de “salgan de acá” la patota obligó a golpes a los trabajadores a despejar el acceso a dicha ciudad porque “el Gobernador iba a pasar con su comitiva y no quería verlos”. Una vez más y como lo hizo en el caso de los trabajadores del Roca la Unión Ferroviaria, el gobierno kirchnerista acudió a la burocracia sindical para realizar su trabajo sucio. Una jugada inteligente teniendo en cuenta que, en cuanto el costo político de dichas maniobras se vuelve muy alto, el gobierno K no se conflictúa demasiado en soltarles la mano a sus aliados. Prueba de esto fueron los dichos de Peralta acerca del hecho: “Creemos que la justicia debe actuar con una actitud sumarísima”. Por supuesto que para nada nos extrañaría observar en un futuro cercano la rapidez de esta supuesta justicia a la hora de limpiar el prontuario de sus gobernantes mostrando a la UOCRA como la única y solitaria responsable de los hechos... Pero, más allá de las idas y venidas mediáticas del caso, queda claro que este gobierno, al igual que todo gobierno que defiende los derechos de los empresarios, no titubea a la hora de reprimir a quienes nos organizamos. Ya sea mediante gendarmería, policía (que, vale aclarar, otra vez dejó la zona liberada), cualquiera de las formas represivas del estado o las patotas de la burocracia sindical; es fuerte la lucha que darán los poderosos por seguir garantizando su lugar en el poder. Es por eso que frente ello, la única respuesta es y debe ser la organización y la lucha. CORREPI Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Ciudad de Buenos Aires • Argentina correpi@fibertel.com.ar

Policía de Viedma asesina a joven mapuche por la espalda

CRONICA
nacional
Policía de Viedma asesina a joven mapuche por la espalda

Cuando todavía no cerraron las heridas por la Masacre de Bariloche, los uniformados rionegrinos se cobraron otra víctima: Guillermo Trafiñanco. Ser pibe, pertenecer a los sectores populares y de condición mapuche, se torna cada vez más riesgoso en la provincia argentina. El crimen se produjo en Viedma, la capital de Río Negro. Tenía tan solo 16 años.

POR ADRIÁN MOYANO - VIEDMA, PUELMAPU - 27 / 10 / 10

En la provincia argentina de Río Negro, ser joven, habitante de los barrios populares y mapuche, convierte a los poseedores de esas cualidades en automático blanco de la Policía. El último fin de semana, Guillermo Trafiñanco dejó de existir como consecuencia de un balazo policial que ingresó por su espalda. La similitud con los sucesos que tuvieron lugar en Bariloche el 17 de junio es demasiada como para insistir con la hipótesis de los “loquitos”, la poca capacitación de los efectivos o las armas que funcionan mal: estamos frente a una política gubernamental.

Para Hugo Aranea, referente del Consejo Asesor Indígena (CAI) Zona Atlántica, no hay duda alguna. “Puede decirse que esta política que viene llevándose a cabo hace varios años, de concentración de la riqueza en unos pocos que se van haciendo cada vez más ricos, no se puede sostener si no es con aparato represivo como el que hay”. El crimen que todavía duele se produjo en Viedma, la capital provincial. La familia de Guillermo reside en el barrio Lavalle, que reaccionó con indignación ante la muerte. El pibe contaba apenas con 16 años.

Con el correr de las horas, el repudio se hizo unánime. “Lo que expresa la mayoría de la gente de los barrios y de las organizaciones sociales es una profunda indignación y preocupación por esta situación. Ya no es una cuestión puntual, son hechos sistemáticos de la política y de la Policía de Río Negro”. Para quienes residan fuera de la jurisdicción argentina, digamos a raíz de la estructuración federal del Estado, cada provincia mantiene su fuerza policial. El 17 de junio último, otro efectivo de la rionegrina ultimó a Diego Bonefoi, en este caso en Bariloche. En el marco de las reacciones populares que siguieron a ese asesinato, perdieron su vida otros jóvenes vecinos del Alto de la ciudad: Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Sobre los autores materiales de los dos últimos crímenes, todavía nada se sabe. Y los responsables políticos no se dan por aludidos.

Foja de servicios intachable

Silvano Meza, el agente policial que ultimó a Trafiñanco, ya tenía antecedentes violentos. “Sí, es lo que se va conociendo a medida que pasan las horas. Es cierto, este policía que asesinó a Guillermo Trafiñanco tenía otras dos causas por lo mismo: maltrato y violencia con los pibes... Acá estuvo la tercera y la vencida: llevándose la vida de un pibe. Nosotros participamos con los familiares de una reunión con el ministro de Gobierno, el señor (Diego) Larreguy. Le planteamos esta visión, más allá del dolor de la familia, porque los hechos de violencia contra los pibes de los barrios, contra los pibes pobres y contra los mapuches son permanentes y de forma diaria. Inclusive, en la medida que uno va conociendo más detalles, se da cuenta de hasta dónde llega esta criminalización y persecución contra los jóvenes. Las pericias que se estaban haciendo daban que lo habrían fusilado una vez que estaba en el piso, pegándole un tiro en la espalda. Prácticamente un tiro de fusilamiento”, describió Aranea, en conversación telefónico con Radio El Arka (Bariloche).

Después del asesinato de Trafiñanco, el gobierno rionegrino adoptó la misma conducta que puso en marcha cuatro meses atrás. “Parecería que estamos en manos de gente que no tiene ninguna gana de que esto se conozca. Es más, yo creo que hay una protección muy grande sobre los efectivos policiales que permanentemente hacen estas cuestiones. No solamente sobre los asesinatos que han provocado un impacto en la sociedad, porque siempre y sobre todo los fines de semana, vemos como los pibes de los barrios son golpeados y encarcelados, simplemente por ser del barrio, jóvenes y por ser mapuche. La sensación que uno tiene es que esta es una política... Puede decirse que esta política que viene llevándose a cabo hace varios años, de concentración de la riqueza en unos pocos que se van haciendo cada vez más ricos, no se puede sostener si no es con un aparato represivo como el que hay. Y no se puede sostener un aparato represivo como este si no hay al frente decisiones o funcionarios que estén convencidos de que hay que llevar adelante esta política. Lo dijimos en la reunión con el ministro: no estamos frente a un hecho policial o judicial… Estamos frente a un hecho político, que es parte de la política que se lleva adelante en la provincia de Río Negro”.

Si puede encontrarse un aspecto positivo en el marco del inmenso drama, es que la sociedad de Viedma no está inerme frente a los atropellos del poder político y su brazo armado. “Por otras razones, ya hace un tiempo que venimos funcionando en una especie de multisectorial permanente. Acá hay como dos sectores grandes, por un lado, las redes barriales conformadas por gente que trabaja en la salud y agrupan a los barrios y por otro lado, el Foro por una Vida Digna, que ha nucleado a un montón de organizaciones por temas como tierra, vivienda... Hace pocos días tuvimos una asamblea masiva con todas las organizaciones para tratar el tema del proyecto sojero que acaba de firmar el señor (Miguel) Saiz (gobernador de Río Negro) con los capitales chinos, o sea, hay un funcionamiento de casi todas las organizaciones juntas. Ahora, nos hemos convocado frente a este hecho y obramos rápidamente, hemos acompañado a la familia... También hicimos una asamblea en el Concejo Deliberante y programamos una concentración en la Escuela 309 del barrio Lavalle, que es donde mataron a Guillermo. De ahí, pensamos ir al centro de la ciudad reclamando justicia y que se pare la represión contra los pibes en el barrio”, señaló el referente del CAI.

Respuesta endeble

La intensa movilización ciudadana contrasta con los balbuceos del poder político. “El ministro de Gobierno asumió los compromisos con la familia que indudablemente no podía evitar, pero la verdad que daba lástima y bronca: ver a un ministro de Gobierno sin absolutamente nada que decir frente al planteo de la madre... Daba la sensación de encontrarse frente a un tipo que no era capaz de tomar ninguna resolución. Después, uno hace un análisis político y ve que en ningún momento hubo ni un atisbo de autocrítica... Dicen que sí, que bueno, que hay cosas que no se están haciendo bien y que algo van a hacer...”.

Pero la historia se repite demasiado a menudo en Río Negro. “Este tipo de cosas no son hechos aislados, la Policía que mata a los pibes no es porque justo estaban desequilibrados, nerviosos o apretados... No, han matado a sangre fría... Uno ve que estas son políticas adoptadas por la Policía y que la llevan adelante precisamente los efectivos que están en los barrios. Ninguno recibe la condena ni castigo que se merece y desde el poder político se mira para otro lado. Nosotros le planteamos que aparte de la renuncia de él (Larreguy) le pedíamos la renuncia de (Víctor) Cufré (secretario de Seguridad) que estaba al lado de él y bueno, no acusan recibo de nada. Muchísimos de nosotros, que venimos participando desde los barrios, organizaciones sociales e indígenas, hemos pasado por muchas de esta situaciones y lamentando la muerte de nuestros pibes por esta Policía. Es una cuestión sistemática a través del tiempo que asesina a los pibes nuestros”. No puede quedar margen para la impunidad.



Vida de carencias

Una historia de vida difícil, marcada por la exclusión, el abandono y las necesidades. Ese es el relato que repite la familia Trafiñanco tras el disparo policial que terminó con la vida de uno de ellos y abrió aún más heridas. Una madre sola, a cargo de cinco hijos, y la pesada mochila de un duro camino recorrido desde que se acuerda. Hacía un tiempo, con la esperanza de mejorar las posibilidades de Guillermo y de su otro hijo, María Virginia Ascensio los había enviado a Bariloche para que vivieran junto al hermano mayor, de 28 años.

El barrio Lavalle estaba complicado y el temor la llevó a tomar la decisión. Guillermo había venido a visitarla para el Día de la Madre y en estos días regresaba a la cordillera. Ya tenía los pasajes comprados para volver a Bariloche pero desde la noche del sábado todo cambió para ellos. El chico de 16 años fue asesinado de un balazo por la espalda.

En los Tribunales de Viedma, ayer, se continuó tomando testimonios por el crimen, que tiene como imputado al policía Silvano Meza, mientras tramitan pericias a cargo de Gendarmería Nacional. Allí llamó la atención la presencia de un hombre que, según trascendió, se habría presentado por la mañana ante las autoridades judiciales como el padre de Guillermo. Luego en la marcha de la tarde, no se lo habría visto. El hombre habría reclamado por la muerte de su hijo, al que, según indicaron allegados de la víctima, no veía desde hacía más de 10 años.

Como sucedió con la muerte del joven barilochense Diego Bonefoi, los detalles sobre una infancia o adolescencia marcadas por una difícil historia familiar salen a la luz cuando la tragedia ya impide buscar contención hacia otros caminos, sea con participación del Estado o de otras instancias. Aquellos graves hechos ocurridos a mediados de este año en Río Negro no han pasado desapercibidos para otros ojos. El viernes pasado, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Gladys Cofré, debió presentar un informe sobre lo sucedido en Bariloche en junio pasado a pedido del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas -ONU.

El subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la secretaria del área de Nación, Luis Alem, recibió ese informe que incluyó las acciones realizadas por la subsecretaría provincial en relación al homicidio del joven Bonefoi de Bariloche, también por una bala policial, a la que le siguieron los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, cuyos autores aún no están identificados. El informe aún no llegó a manos del funcionario de la ONU cuando en Río Negro se vuelve a cometer el mismo error mortal, en un barrio donde las necesidades se multiplican y las respuestas no aparecen.


Diario de Río Negro




(*) Con la colaboración de Samanta Guiñazú.