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Gracias a la compañera Bruja Cuir llegamos a esta nota del Sumplemento Soy de hace unos días. Es bellísima. No sé que más agregar. Leanla y compartanla con los que crean que la van a disfrutar como ustedes.
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soy

Viernes, 6 de agosto de 2010

DIA DEL NIñO

Lxs niñxs primero

Con esa ductilidad para registrar los cambios, niños y niñas dan clases magistrales sobre cómo incorporar a su vida cotidiana eso que a muchos adultos y adultas suele generarles pánico, en honor de esa capacidad de la que siempre es posible aprender algunas postales de lo que se viene después de la ley de matrimonio, a través de ojos y palabras infantiles.

Gay en el recreo

Ana es maestra de primer grado. El 15 de julio se levantó contenta como miles de personas a lo largo y ancho del país. Fue a dar clase con restos de sueño por la duermevela a que los había obligado a ella y a su marido el debate en el Senado. Durante el primer recreo se sorprendió de escuchar de manera repetida entre sus alumnos y alumnas la palabra “gay”. No se preocupó: es una maestra sensible y sabe darse cuenta de cuándo los chicos juegan y cuándo se están agrediendo. Esta vez no había violencia en sus voces. A la vuelta del recreo, trajo la palabra a clase. La ley de matrimonio, entre otras cosas, la habilitaba a hablar con soltura de un tema que suele ser sensible para padres y madres. Preguntó entonces a los chicos si sabían qué quería decir “gay”. “Son hombres que se quieren mucho”, le contestaron, y ella supo que ahora, para empezar a hablar, el piso del consenso estaba mucho más alto.


Salvador y la ley natural

Los padres de Salvador brindaron por Walter el 15 de julio. Walter es “el tío Walter”, el amigo de la casa, el tercero en concordia de la familia. Presente en todo y desigual ante la ley, “por fin Walter, por fin Walter”, decían los padres de Salvador mientras felicitaban por teléfono al amigo del alma. “¿Por fin Walter qué?”, preguntó Salvador. “Ahora, con esta ley, Walter se puede casar con su novio”, dijeron sus padres. Salvador continuó jugando con sus muñecos de Star Wars, se diría que sin inmutarse. Cuando el combate le dio un respiro, preguntó entre descreído y aburrido: “¿Y cómo que ahora puede? ¿Walter no se podía casar antes?”. Los padres casi empiezan a dar explicaciones hacia atrás. Salvador no los esperó, siguió jugando como si nada. No le dijeron nada. No había nada más que decir.


Mi novia y yo

Jade tiene tres años y un tío de casi dos al que adora, tanto como él a ella, aunque no siempre le cae del todo bien el vínculo. Sabe que los tíos y las tías suelen ser mayores que sus sobrinos y sobrinas, y a los tres años uno de los deseos más urgentes suele ser el de “ser grande”. Sin embargo, en las últimas semanas, cierto orgullo familiar la llevó a repetir frente a la audiencia que se le presentara (en la panadería, en la calesita, frente a otros amiguitos): “El es mi tío”. “¿Y vos qué sos de él?”, le preguntó alguien, buscando la falla en el árbol genealógico. “La tía”, contestó muy oronda con el mismo sincretismo con que nombra a la “mamá abuela” y la misma soltura con que ha preguntado alguna vez a sus dos abuelas si se dan besos porque son novias. La respuesta siempre fue afirmativa, pero Jade, el mismo día en que en casa de sus abuelas se festejaba la aprobación de la ley con otras familias de lesbianas, redobló la apuesta: “¿Ustedes se dan besos porque son novias y se van a casar?”. El “sí”, esta vez, traía una emoción nueva a la que ella se sumó: “Yo también tengo una novia, se llama Luana y la quiero mucho”.


Mujeres rebeldes

Martina fue con una de sus madres, Lali, a visitar la muestra Mujeres 1810-2010 en la Casa del Bicentenario. En materia de matrimonios, ella ya estaba ducha. Al día siguiente de la ley, cuando preguntó por qué había a su alrededor esas caras de cansancio, le explicaron que la que había pasado había sido una noche muy importante porque ahora, tanto sus mamás como su papá y su novio y otras tías, se iban a poder casar igual que otras parejas que ya estaban casadas. Pero como para ella su familia es un hecho consumado, se sumó al festejo gritando: “¡Mamá, qué suerte, te vas a poder casar otra vez con Lali!”. Todo eso era historia pasada cuando se sumó al grupo de niños y niñas que seguían las explicaciones de la visita guiada por las ilustres mujeres argentinas. Frente a Mariquita Sánchez se destacó que había sido la primera mujer que había desafiado a sus padres para casarse con quien ella quería. Una voz infantil reflexionó de inmediato en voz alta: “Ahora con la ley de matrimonio gay la gente se puede casar con quien quiera”. No era la voz de Martina, pero cuando Lali escuchó, le apretó un poco más fuerte su manita de seis años.


La lista de Justina

Justina tiene siete años, no es hija de una familia homoparental y, hasta el momento, los amigos gays y las amigas lesbianas de la casa no habían provocado ninguna de sus inquisiciones. Nadie le explicó, ni le ocultó. El 15 de julio, luego de un baño de inmersión mediática donde todo lo que escuchó estuvo relacionado con la salida de la ley, Justina preguntó a sus padres: “Concretamente, ¿qué cambia con esto del casamiento?”. “Que los que no podían casarse, ahora pueden”, empezó su madre, dispuesta a explicar quiénes eran los que no podían y por qué, cuando se vio interrumpida por una Justina emocionada, declamando hacia el horizonte: “Qué suerte por Naty y Susy, qué suerte por Marta y Albertina, qué suerte por Esteban y el italiano que no me acuerdo el nombre ahora...”.

La enumeración de estas parejas que Justina suele encontrar en los veranos y en muchas fiestas tiene la potencia de una salida del closet, la alegría de decir en voz alta lo que siempre supo y que hasta el momento no había tenido oportunidad de decir. Luego, cuando sintió que se quedaba corta o tal vez picada por la curiosidad, Justina preguntó sin perder la elegancia: “¿Y quién más de los que nosotros conocemos no se podía casar?”. “Alexis, por ejemplo”, respondió su madre. “Pero Alexis primero tiene que conseguirse un novio”, dijo Justina, apelando a esas razones que están y estarán siempre por encima de la ley.

Miradas al Sur
Cómo se financia el partido de la fe católica

Por Eduardo Blaustein
eblaustein@miradasalsur.com



Los diferentes fondos públicos con que cuenta el culto católico para su funcionamiento en el país superan los 2.500 millones de pesos anuales.

Tras la sanción de la ley de matrimonio igualitario, durísimo golpe contra la
presunta autoridad espiritual de la Iglesia sobre los asuntos terrenales de los
argentinos, el tema del dinero invertido por el Estado en el sostenimiento del
culto católico y/o en su inmenso sistema de colegios confesionales es una
discusión que aguarda algún escenario mediato. Con dos mil años de comunicación
y propaganda a cuestas las autoridades eclesiásticas tienen perfecta conciencia
del asunto. De hecho se vienen anticipando al debate con cálculos como el que
todavía hoy pueden leerse en la web del Plan Compartir de la Conferencia
Episcopal Argentina, en la que se asegura que en 2007 el Estado dedicaba “una
partida de sólo 17.323.913 pesos” para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual
apenas “representa el 0,014% del total del Presupuesto Nacional”. Así como los
documentos de trabajo eclesiales llegaron a sostener más o menos que los
homosexuales son proclives a convertirse en hombres lobo, el número es un
recorte falaz. En 2010, el dinero derivado al sostenimiento de la Iglesia se
incrementó a 35.868.353 pesos. Pero esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el
dinero estatal que van a las escuelas confesionales, hasta redondear un monto
estimable en bastante más de 2.500 millones de pesos anuales.

Consultado por Miradas al Sur , Guillermo Olivieri, titular de la
Secretaría de Culto de la Nación –organismo responsable de pagar el sueldo de
los religiosos– informa que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto
nacional asciende a 32 millones de pesos anuales. Desde el sitio oficial de esta
Secretaría, se informa que se asignan “por medio de sus diócesis y otros
organismos, en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración
económica para visitas ad limina , sínodos, conferencias regionales y
viajes en cumplimiento de acciones pastorales”. También se destinan a una red de
“437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de 4.500
casas y obras apostólicas existentes en todo el país”.

En el desagregado sobre el destino de esos fondos se hace mención a “Asistencia
Financiera/Culto Católico”, dinero que va a 122 arzobispos y obispos, 1.600
seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de
8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisa que “debería ascender a 13.000
pesos”, por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de primera
instancia. Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en torno de la
equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, no aportan
a Ganancias ni a la jubilación.

Jorge Horacio Gentile, un ex diputado demócrata cristiano y docente de las
universidades Nacional y Católica de Córdoba, explica que los dineros del Estado
van también a parroquias de frontera o zonas desfavorables, a jubilaciones
graciables para sacerdotes (las pueden cobrar Antonio Basseotto, Christian Von
Vernich o Juan Carlos Maccarone, el obispo echado de Santiago del Estero
presuntamente por sostener relaciones non sanctas para la Iglesia), o a pasajes
para obispos, sacerdotes y agentes pastorales. En cuanto a los curas de
parroquias, el secretario de Culto de la Nación aclara que no cobran, excepto
los de frontera.

Lo poderosamente llamativo es que la asignación de estas partidas deviene de
tiempos en los que reinaba la paz social, primaban el diálogo y el consenso.
Todas y cada una de las normas relacionadas con los sueldos clericales nacieron
de “acuerdos con la Santa Sede” y de leyes surgidas en tiempos dictatoriales: de
la Revolución Libertadora al Onganiato y, de allí, al Proceso. Sólo durante la
última dictadura fue que se sancionó la Ley 21.540 en 1977 –que fija las
asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos–,
además de otras… ¡Siete! leyes que ampliaron el número de curas e instituciones
confesionales beneficiadas.

Pero más allá del andamiaje legal que supo conseguir, la jerarquía eclesiástica
cita como argumento de base para justificar los fondos que eroga el Estado para
solventar su funcionamiento en el artículo 2º de la Constitución Nacional: “El
Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.


Recursos pesados. Como se dijo más arriba, lo abrumadoramente
sustancial de lo que el Estado invierte en el sostenimiento de la Iglesia no
pasa por los casi 36 millones derivados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (35 millones de pesos fue la primera partida que destinó el
Gobierno Nacional en 2009 para financiar un programa de protección de los
bosques nativos en las provincias; igual suma invirtió el gobierno de Santa Fe
para repavimentar un tramo de la Ruta 4 y construir un nuevo puente sobre el
Salado), sino por los miles de millones que van a escuelas confesionales. Desde
que en los ’90 se descentralizaron (mal) los recursos, el Ministerio de
Educación de la Nación no destina recursos con eventuales destinos a “privada o
pública”. Los fondos van a las provincias y éstas deciden su distribución. Hoy,
el presupuesto total del Ministerio de Educación es de $17.514 millones (20 mil
millones si se incluyen otros programas de gobierno que involucran a las FF.AA.
o la construcción de escuelas). A esto se suma la cifra que este año invertirán
las provincias: 64 mil millones, de los cuales cerca del 10 por ciento son
transferencias a la educación privada.

Cuánto de ese sector de la educación privada representa a las confesionales es
un rompecabezas complejo de armar. Pero hay pistas evidentes que permiten
rehacer un mapa cercano al real. De acuerdo al relevamiento oficial de 2008, en
todo el país existen 9.114 establecimientos escolares privados de los niveles
inicial, primario y secundario. De ese total, 3.638 son confesionales, 3.220 no
lo son y queda un número de 2.256 establecimientos “sin información”. Si se
aplicara una proyección prudente acerca de cuánto de ese 11 por ciento de los 53
mil millones transferidos a la educación privada va a las confesionales, la
cifra superaría largamente los 2.000 millones de pesos anuales destinados a
colegios religiosos, fundamentalmente para pagar salarios. A ese número hay que
añadir un 15 por ciento de lo que el Estado destina a través del Fondo de
Incentivo Docente y Compensación salarial –cuyo total es de 3.000 millones de
pesos–, que implican 450 millones más.

Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica
abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que
tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas.
Hace un par de años Horacio Verbitsky publicó una investigación en la que decía
que “la aproximación más confiable indica que el sistema privado consume el 13,5
por ciento de todos los recursos estatales para educación, que en 2006
ascendieron a 24.500 millones de pesos, y la confesional más de la mitad de ese
monto, el 7,5 por ciento del total, es decir 1.837 millones de pesos”.

No sólo en términos nominales o por el crecimiento de la inversión educativa a
escala nacional, parecería que la cifra actualizada es bastante mayor, hasta
superar los 2.500 millones. Más pistas para intentar armar el rompecabezas son
las que pueden tomarse de dos distritos tan importantes como el de la provincia
de Buenos Aires y el de la Capital (ver subnota en estas páginas). En la
Provincia existen poco más de 5.000 escuelas privadas, de las que 1.452 son
confesionales y, de nuevo, 1.954 aparecen como “sin información”. Por lo menos
hacia el 2008, más de 2.600 escuelas recibían el 100 por ciento del subsidio
para pagar salarios docentes, 1.315 recibían el 80, y otras 868 entre el 20 y el
80 por ciento. Estos últimos datos son de una investigación de la periodista
Nora Veiras, especializada en el tema educativo. En la gran mayoría de los casos
se trataba de escuelas confesionales.

Hasta aquí no entran a tallar los inmensos dineros privados asociados a la
Iglesia ya sea por colectas, en depósitos bancarios, asociaciones de empresarios
cristianos o complejos sojeros, para lo cual el lector deberá ir a otras páginas
de esta edición. Aún así, los números reseñados demuestran lo forzado del
argumento de la Conferencia Episcopal Argentina allí donde se dice que “el
aporte del Estado a la Iglesia representa el 0,014 % del total del Presupuesto
Nacional”. O cuando asegura que “concretamente, el aporte del Estado representa
menos del 7% de los ingresos que tiene la Iglesia argentina”, sin mencionar de
dónde proviene el 93% restante de una cifra total de ingresos no citada.


El pecado Rivadavia. Los defensores del sostenimiento del culto
católico con recursos estatales suelen retroceder casi 200 años de historia
argentina para fundamentar el por qué de ese gasto. En palabras del ex diputado
Gentile lo que “aparenta ser un privilegio tiene una razón histórica en la
cuantiosa confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia y a las ordenes
religiosas” durante los gobiernos de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia,
hacia 1822.

Dos siglos después, tres países cercanos de la católica América latina (Brasil,
Uruguay, Chile) no sostienen ningún culto. El gobierno de España firmó un
acuerdo con la Conferencia Episcopal Española a través del cual se acabó con la
donación directa del Estado y se subieron los aportes voluntarios del impuesto a
las rentas, algo que también se practica en Alemania. Difícilmente pueda decirse
que la Argentina es un país más católico que Chile o España.

Y si se trata del respeto a una identidad religiosa, habrá que tomar las
principales conclusiones de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes
Religiosas realizada, entre otros por Fortunato Malimacci y Juan Cruz Esquivel
en 2008 desde el Conicet. “Los datos destacan el pluralismo y la diversidad
presente en el campo religioso, junto con la preservación de una cultura
cristiana”, decía una de las conclusiones centrales de esa encuesta. Lejos de la
cifra tirada al bulto de un 85 a 90 por ciento de católicos practicantes que
suele manejar la Iglesia, el estudio hablaba de un 76,5 por ciento de la
población que se define como católica. Pero de ese porcentaje casi dos tercios,
el 61,1 por ciento, “se relaciona con Dios por su cuenta” y no a través de la
institución eclesial.

Siempre según la encuesta, en la Argentina existe un 9 por ciento de personas
que se declaran evangélicas, mientras que el 11.3 manifiesta ser ateo,
agnóstico, o no tener ninguna religión. El 23,3 por ciento no se casó o piensa
hacerlo por iglesia. El 76 afirma concurrir “poco o nunca” a los lugares de
culto. Según Malimacci y sus colaboradores, se está “frente a complejos procesos
de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias”.

¿Y el pago de los salarios para los obispos y curas? Según el trabajo, sólo es
aceptado por el 27 por ciento de los entrevistados.


Ayuda social. El cálculo realizado en esta nota de los recursos
estatales de los que dispone la IglesIa, no incluyen los aportes de Desarrollo
Social, que recibe Cáritas. Sin embargo, no se puede desconocer el importante
trabajo social que desarrollan curas y religiosos con los sectores más
vulnerables. En este punto, según el estudio mencionado anteriormente, la
contribución financiera del Estado a esta tarea tiene un amplio grado de
aceptación en la población, que llega al 75 por ciento.





Link a la nota:
http://sur.elargentino.com/notas/como-se-financia-el-partido-de-la-fe-catolica

Izquierda y diversidad (por José Natanson)

Página12 | El País | Lunes, 19 de julio de 2010

Opinión
Izquierda y diversidad
Por José Natanson

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Ni el pluralismo ni la apertura eran características
propias de la izquierda clásica, que tendía a ignorar a las minorías,
prestaba poca atención a las demandas particularistas y nunca contempló a la
discriminación como un verdadero problema.


Algunos ejemplos latinoamericanos ilustran esta afirmación. La Revolución
Nacional Boliviana de 1952, que algunos califican como la más radical del
siglo XX en Sudamérica, encaró un breve pero muy ambicioso proyecto de
inclusión social, con base en los sindicatos mineros, que produjo algunos
avances notables, como la nacionalización de los recursos naturales, el voto
universal y el reemplazo del ejército por milicias de obreros y campesinos.
Y si bien es cierto que eliminó algunas normas segregacionistas (los
indígenas, por ejemplo, tenían prohibido pisar la Plaza Murillo, equivalente
paceño de la Plaza de Mayo), lo hizo a partir de un proyecto de
homogeneización en clave mestiza, al estilo de la Revolución Mexicana,
dentro del cual la cuestión étnica no ocupaba ningún lugar.


Otro ejemplo. Entre febrero de 1981 y diciembre de 1983, después de
derrocar a la dictadura más longeva de Centroamérica, el gobierno de Daniel
Ortega, en su afán de imponer la reforma agraria y eliminar cualquier
vestigio de resistencia somocista, chocó contra la resistencia de las
comunidades de indígenas miskitos de la orilla del Río Coco. Con el
argumento de que muchos de ellos colaboraban con la Contra, el sandinismo
forzó una relocalización masiva. Los miskitos denunciaron varios episodios
de represión, en particular el conocido como “Navidad roja”, que derivó en
el exilio de 10 mil indígenas a Honduras. Algunos de estos acontecimientos
se encuentran razonablemente documentados y le valieron acusaciones a Ortega
en tribunales locales, así como una advertencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.


Pero el caso más interesante es, sin dudas, el de Cuba, que siempre
consigue ubicarse en los extremos. En 1961, dos años después de la toma del
poder, el gobierno de Fidel Castro lanzó una serie de redadas masivas en La
Habana con el objetivo de detener, según la documentación oficial, a
pederastas, prostitutas y homosexuales. Este proceso llegó a su punto máximo
en 1965, con la organización de las Unidades Militares de Ayuda a la
Producción (UMAP), que funcionaron como campos de trabajo forzado de
aquellos considerados “antisociales”, entre los que se incluía a militantes
católicos, testigos de Jehová y homosexuales. Para estos últimos se sancionó
la Ley de Ostentación Homosexual, que permitía detenerlos sin mucho trámite.
Como explica la investigadora cubano-americana Frances Negrón-Muntaner
(“Mariconerías de Estado”, Nueva Sociedad 218), el machismo caribeño, el
estalinismo soviético y el catolicismo español se conjugaron para crear una
poderosa “homofobia de Estado”, que también se explica por la identificación
de los homosexuales con el turismo estadounidense prerrevolucionario,
considerado burgués y decadente.


Por supuesto, sería injusto reclamarles a los viejos comandantes
revolucionarios que se pusieran al día con demandas de inclusión étnica,
reconocimiento a las minorías sexuales o aceptación de la diversidad que
recién estaban comenzado a surgir. Sin embargo, detrás de estos ejemplos
aparentemente aislados hay un hilo invisible, un motivo estructural por el
cual los ciclos de transformación más radical del siglo XX latinoamericano
excluyeron sistemáticamente este tipo de planteos: me refiero a la idea,
propia de un izquierdismo superficial, de que la igualación económica
acabará de manera mecánica con todas las demás inequidades, y que, por lo
tanto, cabe sólo ocuparse de esta primera y fundamental desigualdad, pues el
resto viene después, automáticamente.


Es esta noción la que ha cambiado. La globalización, la fragmentación
social y la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre
otros macrofenómenos contemporáneos, definen un mundo completamente distinto
al del pasado, y a menudo contradictorio: las tendencias actuales
uniformizan (sobre todo el consumo), pero también permiten un mayor
conocimiento del otro, lo cual abre espacios de tolerancia que antes no
existían; articulan grandes regiones económicas (ahí están los esfuerzos
integracionistas tipo Mercosur) pero también implican una revalorización de
lo local; borronean las fronteras nacionales (mediante, por ejemplo, las
migraciones masivas) pero a la vez cargan al Estado-nación de una cantidad
inédita de demandas; producen nuevas formas de exclusión, pero también una
horizontalización de las relaciones sociales (lo que Manuel Castells
denomina la “sociedad red”).


En América latina, estas transformaciones se produjeron en simultáneo con
las primaveras democráticas experimentadas entre mediados de los ’80 y
principios de los ’90. Así, los movimientos propios del mundo globalizado
–indígenas, feministas, de afrodescendientes, etc.– se superpusieron, y a
veces se articularon, con aquellos nacidos de la resistencia a las dictadura
militares (fudamentalmente de derechos humanos).


La izquierda ha sido permeable a estos cambios. Hoy, además de las
clásicas cuestiones de desigualdad económica y social, incluye en su agenda
los temas de etnia y raza, género, diversidad cultural y sexual, ecología.
Esto define un abanico de temas más amplio, diseñado un poco para adaptarse
a los nuevos tiempos y otro poco como respuesta a un argumento tan evidente
como novedoso: las diferentes desigualdades complementan o potencian la
clásica desigualdad social, tal como revela el repaso de algunos datos
básicos: en Brasil, por poner un ejemplo entre miles, la tasa de desempleo
de los hombres blancos en 2006 era de 5,6 por ciento, la de los hombres
negros de 7,1, la de las mujeres blancas de 9,6, y la de las mujeres negras
de 12,5; ese mismo año, la informalidad laboral afectaba a 42,8 por ciento
de los hombres blancos y, en el otro extremo, a 62 por ciento de la mujeres
negras, y ni siquiera la educación alcanza a nivelar estas diferencias: a
igual nivel de instrucción, los hombres negros reciben 73,9 por ciento de
los ingresos de los blancos y las mujeres negras 54,9 (todos los datos son
de IPEA).


Este tipo de estadísticas confirma la idea de que las desigualdades se
reatroalimentan y que para acabar con una es necesario enfrentarlas a todas.
Y ya sea por esta constatación, o por la necesidad de dar cuenta de la nueva
agenda globalizada, lo cierto es que, como sostiene el politólogo uruguayo
Daniel Chávez, el derecho a la diferencia comenzó a ocupar un lugar tan
relevante como el derecho a la igualdad en el imaginario de la izquierda.


Apenas asumió el gobierno, en enero de 2003, Lula creó la Secretaría de
la Mujer, orientada a impulsar políticas de igualdad de género, y en 2009 la
convirtió en ministerio. También creó la Secretaría Especial de Políticas de
Promoción de la Igualdad Racial, que implementa una serie de medidas de
“acción afirmativa”, como cupos para negros e indígenas en las universidades
públicas, exenciones fiscales para los centros de estudios privados que
incluyan cierto porcentaje de estudiantes negros y cuotas en el empleo
público. Aunque no asistió a la última reunión de la Asociación Brasilera de
Gays, Lesbianas y Trans, Lula envió una carta en la que ratifica su apoyo a
la organización y recuerda las leyes antidiscriminación impulsadas por su
partido, en particular por Marta Suplicy, médica sexóloga, ex alcaldesa de
San Pablo y conocida militante por los derechos de las minorías sexuales.


En Uruguay, el Frente Amplio consiguió la aprobación de la unión
concubinaria, el cambio de sexo en el registro civil y una norma que
habilitaría la adopción legal por parte de parejas homosexuales. En Chile,
Michelle Bachelet cumplió su promesa de gobernar con un gabinete integrado
en partes iguales por hombres y mujeres, impulsó una ley para equiparar la
representación de género en los partidos políticos y una campaña de
educación sexual en los colegios y de anticoncepción de emergencia en los
hospitales públicos.


El régimen cubano, cuya capacidad de sintonizar los nuevos tiempos nunca
conviene subestimar, derogó las leyes discriminatorias e incluso lanzó una
ambiciosa y muy moderna política de inclusión de las minorías sexuales desde
el Centro Nacional de Educación Sexual, cuya directora es nada menos que
Mariela Castro, la hija de Raúl.


Por supuesto, no se trata de avances lineales. Dos años atrás, Tabaré
Vázquez vetó la ley de despenalización del aborto aprobada por un acuerdo
interpartidario impulsado por su propia coalición; Bachelet ha sido acusada
por las organizaciones gays chilenas de hacer poco y nada en defensa de sus
derechos; el PT, en cuyo origen se encuentran corrientes de cristianismo de
base, se niega a hablar de aborto, y alcanza con echarles un vistazo a las
blancas caras de la nomenklatura cubana para comprobar que la desigualdad
racial está lejos de haberse resuelto.


En Bolivia, la Justicia comunitaria, que la reforma impulsada por Evo
Morales elevó a rango constitucional como complemento de la Justicia
ordinaria (“occidental”), ha sido acusada de penalizar conductas propias de
la vida privada, como el adulterio (femenino). Y aunque sus defensores
insisten en que las versiones más arcaicas, en donde por ejemplo la mujer
adúltera era sometida a un corte de pelo como escarmiento, no están ya
vigentes, de todos modos hay que reconocer que puede generar problemas: la
tensión entre derechos humanos universales y multiculturalidad, una de las
grandes contradicciones del mundo contemporáneo sobre la cual viene
advirtiendo con lucidez Carlos Escudé (aunque Escudé, occidentalista
militante, piensa más en las sociedades islámicas).


Por otra parte, no sólo la izquierda ha asumido como propias este tipo de
banderas. Algunos partidos de derecha moderna, como el Partido Liberal
alemán, se muestran abiertos a las demandas de tolerancia a la diversidad,
aunque, al mirar el resto de las fuerzas de derecha europeas (el integrismo
del PP español, el conservadurismo de los tories británicos o el
reaccionarismo de cabaret estilo Berlusconi), hay que reconocer que es una
excepción.


En general, se trata de cuestiones que la izquierda ha asumido como
propias, como se confirma en Argentina al repasar los alineamientos
legislativos: el centroizquierda (Proyecto Sur, Encuentro, Socialismo) votó
unánimemente a favor, el centroderecha (PRO, Peronismo Federal) mayoritaria,
aunque no unánimemente, en contra, y los dos partidos de centro, radicalismo
y peronismo, divididos.


En cuanto al rol del Gobierno, es cierto que la iniciativa original no
fue elaborada por el Frente para la Victoria y que el apoyo fue transversal.
Pero también es verdad que el Gobierno destrabó el proyecto primero y lo
impulsó con fuerza después, y que sin ello difícilmente hubiera sido
aprobado. Si se miran con atención los comentarios previos, es fácil
comprobar que quienes están en contra del Gobierno pero a favor del
matrimonio gay (legisladores socialistas y radicales, algunos periodistas de
televisión) defendieron la tesis de que se trata de una iniciativa de todo
el arco político, no atribuible exclusivamente al kirchnerismo, en tanto que
aquellos que se oponen por igual al proyecto y al Gobierno (el diario La
Nación, la Iglesia) acusaron a este último de presionar para su aprobación.
Por si hacía falta, esto confirma el rol clave desempeñado por el
kirchnerismo, que con esta decisión se sitúa a la altura de la más moderna
izquierda latinoamericana.

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