En la Cámara de Diputados avanza un proyecto de ley que busca convertir a la Argentina en un Estado pluriconfesional, en lugar de reafirmar su laicidad. La iniciativa de la diputada evangélica Cynthia Hotton, una de las más fervientes opositoras al matrimonio civil igualitario, configura un escenario de oligopolios religiosos, ya que apunta a que las iglesias evangélicas tengan las mismas prerrogativas que tiene la Iglesia Católica. “Estigmatiza a las confesiones no cristianas, al no reconocerle el status de religión, y le otorga al Estado el discutido rol de definir qué es religioso y qué no para reconocer oficialmente o denegar la inscripción. Prácticamente no menciona la libertad de conciencia, que implica el derecho a creer, pero también el de no creer”, objetó el doctor en Sociología e investigador del Conicet Juan Esquivel. El proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, que preside el peronista disidente Alfredo Atanasof, y de Legislación Penal, encabezada por Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Ahora tiene que pasar por las de Legislación General y de Comunicaciones e Informática, para luego llegar al recinto. La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que nuclea a protestantes históricos, se pronunció en contra del proyecto. También lo rechazan agrupaciones de ateos.
“Nos oponemos al proyecto porque mantiene un status diferenciado para el culto Católico Romano y pone en manos del Ejecutivo instancias de control y sanción a las comunidades religiosas”, señaló el pastor Frank de Nully Brown, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Brown firmó una declaración pública contra la iniciativa parlamentaria. “La subsistencia de una iglesia que goza de privilegios legales establece diferencias que debemos superar a favor de un diálogo ecuménico e interrreligioso”, apuntó Brown. En un sentido similar se pronunció la pastora Karin Krug, presidenta de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). Krug y Brown reclaman la derogación de la ley 21.745, establecida por la última dictadura militar, que rige gran parte de las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas.
En la FAIE confluyen metodistas, anglicanos, luteranos y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata: tienen tradición laica, promueven la autonomía entre el Estado y las iglesias, y están a favor de una igualdad religiosa. Pero no en el sentido de obtener las mismas prerrogativas de la Iglesia Católica, como pretenden los pentecostales, reunidos en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (Fecep), que respaldan el proyecto. Ambas entidades hicieron fuerte activismo –presionaron con llamados a senadores y organizando movilizaciones–, en contra de la ley de matrimonio igualitario.
En el proyecto de Hotton, la Iglesia Católica sigue conservando su posición predominante, pero al mismo tiempo la iniciativa contempla otorgar privilegios a otros cultos. Según explicó Esquivel, modifica un artículo de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para incorporar a las iglesias dentro de las entidades estatales que para acceder a licencias no tienen que concursar, como las universidades nacionales. La ley le otorgó ese beneficio a la Iglesia Católica. Como informó Página/12, el proyecto es una antigua reivindicación de las iglesias evangélicas, que reclaman la creación de una personería jurídica especial –de objeto religioso– que les dé un status diferente del de una sociedad de fomento o un club deportivo, como ocurre en la actualidad.
“Afirma todos los privilegios del catolicismo”, cuestionó el pastor Guillermo Prein, del Centro Cristiano Nueva Vida. “Decir que hay igualdad religiosa es una mentira, si el Estado argentino sostiene a sacerdotes, obispos y demás integrantes del clero, y los edificios que este culto utiliza. Sólo para aportar un ejemplo, recientemente la Basílica de Luján, propiedad del Estado, pero usufructuada por una sola religión, requirió 3.500.000 en mantenimiento, que fueron aportados por el erario público al que contribuimos los fieles de todas las religiones”, observó Prein.
En su primer artículo, la reforma legislativa establece que “Todas las personas gozan del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”. “Debería agregarse una mención de que esta libertad incluye la libertad de no profesar ningún culto”, alegan desde Arg-Atea, una agrupación de ateos, en la que es una activa militante Cristina Ferreyra. “No se puede entonces hablar de tolerancia genuina y plena si no se tiene en cuenta a todas y cada una de las conciencias de los sujetos humanos sin discriminaciones de ningún tipo, sin considerar que hay ‘no religiosos’, es decir ateos y/o agnósticos”, alegó Arg-Atea, en una declaración pública. Esquivel cuestionó que la iniciativa hace referencia a la libertad religiosa de las instituciones confesionales, pero no de los ciudadanos.
Uno de sus artículos más polémico es el 31, que incorpora un nuevo capítulo al Código Penal bajo el título de “Delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”. Entre los distintos tipos penales que crea, el más grave es el que prevé prisión de seis meses a dos años para quien “agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio o por el hecho de serlo”.
En realidad, el proyecto retoma un texto cuya discusión promovió en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el entonces secretario de Culto Norberto Padilla, para reemplazar la ley de la dictadura. La desintegración de la gestión de la Alianza sepultó aquella iniciativa. La diputada Hotton le introdujo algunas modificaciones y se lo atribuyó como propio, aunque buscó el apoyo de referentes de otras fuerzas para que no quedara rotulado como un proyecto del PRO. Así firmaron la iniciativa Rubén Sciutto y Antonio Morante, del Frente para la Victoria; Juan Carlos Moran y Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica; Federico Pinedo, de PRO; Daniel Katz, de Consenso Federal; y Luciano Fabris y el fallecido José Ignacio García Hamilton, de la UCR. El proyecto fue presentado en diciembre de 2008. Después de pasar por las dos comisiones que faltan, deberán reunirse para un dictamen conjunto para poder llegar al recinto.
Hotton sostiene que su proyecto tiene el visto bueno del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y que cuenta con el respaldo de Aciera, que nuclea a la mayor cantidad de iglesias evangélicas, las que más han crecido en los últimos años (pentecostales, baptistas, Asamblea de Dios), con excepción de las históricas; de parte de la comunidad judía y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, entre otras.
El proyecto crea el Registro Nacional de Confesiones Religiosas, dentro de la Cancillería, ante el cual podrán tramitar su inscripción “las iglesias, comunidades y confesiones religiosas” que de-sarrollen sus actividades dentro del territorio argentino. Así podrán obtener una personería jurídica de “objeto religioso” que les permitirá acceder, entre otros beneficios, a exenciones impositivas. Su inscripción quedará supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos. Este es otro de los aspectos polémicos de la propuesta, ya que le otorga al Estado la atribución de definir cuál práctica es religiosa y cuál no lo es. “En Argentina existe libertad religiosa y está contemplada en la Constitución. Lo que no existe es igualdad religiosa. El proyecto de Hotton no implica ningún avance en ese sentido. Las iniciativas legislativas deberían orientarse a derogar la Ley 21.745, por la cual el Estado ‘ficha’ a los cultos. No existen razones para que las confesiones religiosas no católicas deban registrarse ante el Estado. No lo hacen en Brasil ni en Uruguay. En tiempos de Bicentenario, deberían derogarse las restantes normativas aprobadas durante la última dictadura militar, referidas a las asignaciones de los obispos y de los seminaristas”, concluyó Esquivel.
