Para escuchar, leer o difundir (20/8/12)

AUDIOS:

• Las diputadas nacionales Victoria Donda y Virginia Linares (FAP) presentaron un proyecto de ley de Emergencia nacional por la violencia de género, acá entrevista a Linares en diálogo con la agencia de noticias APN (La Olla TV, 17/8/12).
• Situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires: entrevista a Roberto Cipriano, director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) en el programa En Otras Palabras (FM en Tránsito, 15/8/12).
• Neoextractivismo: minería, soja y petróleo: entrevista a Tomás Palmisano, politólogo e investigador, sobre el modelo económico actual en Argentina y en la región -en el segmento Clinamen, de La Mar en Coche (FM La Tribu, 07/8/12) 

Para leer

• Una “vaquita” de la era digital (Página12, 19/8/102)
• En el muy buen blog de Juan P. Mansilla me detuve en el post Hora pico sobre el ascenso en el share radial de Mitre por sobre Radio 10 con Lanata a la cabeza (Blog de Contenidos, 13/8/12)

"Río turbio" (Por Sebastián Hacher) [Suple SOY / Página12]

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Desapareció Víctor Martínez, testigo en causa de lesa humanidad (ANRed, Página12, Agencia Walsh)

MIÉRCOLES 20 de abril de 2011

Desapareció Víctor Martínez, testigo en causa de lesa humanidad

Desde el lunes 18 de abril al mediodia se encuentra desaparecido Victor Martínez, testigo clave en la causa que investiga la muerte de Monseñor Ponce de León obispo de San Nicolás, ocurrida el 11 de julio de 1977. El principal investigado es el ex teniente coronel Fernando Saint Amant, hoy procesado pero en libertad. Ayer martes se presentó un habeas corpus y organizaciones de Derechos Humanos convocan hoy, miércoles 20, a concentrarse a las 17 frente a Tribunales Federales de Rosario.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

Reproducimos:

URGENTE: Desapareció VICTOR MARTINEZ testigo clave en la causa que investiga la muerte de Monseñor Ponce de León obispo de San Nicolás, ocurrida el 11 de julio de 1977

Martínez en su declaración , fue claro en acusar directamente a quien era el jefe del Batallón de San Nicolás en 1976, coronel Saint Aman. El denunciante se encontraba exiliado en Israel y resolvió volver al país para declarar.

El caso Ponce de León guarda notables similitudes con el de Moñseñor Enrique Angelelli ya que al igual que el obispo riojano, Ponce de León murió tras un misterioso accidente automovilístico, a la altura de la ciudad de Ramallo, cuando se dirigía a Buenos Aires.

De acuerdo a testimonios de quienes lo conocían, el obispo recibía constantes amenazas de muerte en las que le decían que “de julio no pasaba” y lo habían perseguido e insultado en la calle.

Distintos testimonios señalan también que Ponce de León tenía información del asesinato de los curas palotinos que iba a presentar en la Nunciatura el mismo día de su muerte. En la ciudad de San Nicolás se lo conocía como Monseñor Ambulancia “porque recogía todos los heridos”.

Era pública su preocupación por sacerdotes de su diocesis y de otras, así como por presos políticos y desaparecidos, a tal punto que tuvo duros enfrentamientos con los militares del cuartel de San Nicolás.

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Miércoles, 20 de Abril de 2011 07:33 Desapareció testigo en juicio por delitos de lesa humanidad



(AW) Víctor Martínez, testigo clave en la causa que investiga la muerte de Monseñor Ponce de León obispo de San Nicolás, ocurrida el 11 de julio de 1977, se encuentra desaparecido desde el lunes 18 de abril a las13.00. El denunciante se encontraba exiliado en Israel y resolvió volver al país para declarar. Martínez en su declaración, fue claro en acusar directamente a quien era el jefe del Batallón de San Nicolás en 1976, coronel Saint Aman. Sus familiares presentaron un Habeas Corpus. A las 17.00 de hoy se realizará una concentración frente a lostribunales de Rosario.
Reproducimos nota de Laura Vales publicada en Página 12 de hoy.





DENUNCIA EN LA CAUSA SOBRE EL OBISPO PONCE DE LEON

Testigo desaparecido

Fuente: Página 12

Miércoles, 20 de abril de 2011

Víctor Martínez está desaparecido desde el lunes. Sus familiares presentaron un hábeas corpus. Es un testigo clave en el caso del obispo Carlos Ponce de León

Por Laura Vales

Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte. A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó.

"Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue. Estamos preocupados", relató anoche la abogada Gabriela Scopel. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él.

Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte. Tenía entonces 19 años -hoy tiene 52- y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del accidente.

Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes.

La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado (pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas.

En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación.

Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo. "A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo, en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo'", reseñó la abogada Scopel.

El hábeas corpus fue presentado "en atención a las causas penales que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante", que son "eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a los derechos humanos".

El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás. Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en su columna.

Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.

El “cliente” de trata (por Eva Giberti, Las12, Página12)

Viernes, 14 de enero de 2011

Suplemento LAS12, Página12

politica

El “cliente” de trata

Aunque ahora mismo, cuando se habla del “cliente” de trata para fines de explotación sexual, el término no llama la atención, las resistencias tanto en lo privado como en los ámbitos públicos de decisión para utilizarlo fueron muchas. Es que esa palabra delata la complicidad en la reducción a la esclavitud de mujeres y niñas de quien pone su dinero para servirse de ellas y ajustar así los límites de su falta de libertad. Eva Giberti, quien fuera relatora por Argentina para exponer sobre este tema en la OEA y directora del programa Las Víctimas contra las Violencias, da cuenta de cómo se llegó a un acuerdo internacional para dejar de lado los eufemismos.

Por Eva Giberti

Por Eva Giberti

“Convencidos de la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario de la trata con propósitos de explotación sexual”

46.”Promover acciones que contribuyan a visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario en tanto es quien alimenta el círculo de explotación sexual y tiene responsabilidad en la generación de la demanda de trata de personas para propósitos de explotación sexual”.

De las Conclusiones y Recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas 1/ Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Comisión de Seguridad Hemisférica, 25 al 27 de marzo 2009

Buenos Aires, Argentina.

Ambos textos parecen razonables y no deberían sorprender. Sin embargo, la aparición de la palabra cliente en los considerandos de un documento internacional que se ocupa de trata de personas con fines de explotación sexual es el resultado de una antigua y ardua lucha iniciada por el feminismo hace décadas. Deberíamos hablar de violadores en tanto y cuanto sus víctimas son esclavas que solo pueden obedecer, pero los códigos penales opondrían duramente sus argumentos acerca de lo que la violación sea.

La palabra cliente avanza sobre la perversión deformante del lenguaje cuando para “prevenir” las acciones de estos sujetos los documentos internacionales escriben “desalentar la demanda”. La pretensión de enmascarar la complicidad del varón que paga su dinero para ejercer su poder dominante sobre los cuerpos de las mujeres víctimas resulta efectiva porque se ajusta al tradicional escamoteo de la responsabilidad masculina en los delitos contra la integridad sexual.

Cliente deriva del latín (clienstis) y quiere decir “protegido”,”persona defendida por el patrón”. El cliente, en la trata, sin duda está bajo la protección del patrón, es decir, del mafioso.

En cuanto a la palabra demanda, si exceptuamos los sentidos con los que el psicoanálisis y el derecho los aplican, nos encontramos con que, en su tercera acepción, puede corresponder a “busca”, asociada con la acción de buscar. Ya que demanda es un “vocablo casi desusado en el lenguaje corriente hablado, salvo en su frase ‘en demanda de’; se usa a veces en lenguaje escrito, especialmente comercial”.

Desalentar la demanda es menos explícito que desalentar la búsqueda (busca) de una mujer para satisfacer las necesidades del varón, porque al colocar una palabra cuyo uso no es habitual su protagonista queda a oscuras. La palabra cliente no deja espacio para la duda. En cambio “demanda” excluye la rápida comprensión e incorporación en el imaginario social y se logra que la población no entienda con claridad a quiénes hay que desalentar. Si esta expresión que ha sido inscripta matricialmente en los documentos internacionales se utilizara junto con la idea de cliente, resulta más clara.

La palabra cliente implica un tropezón en la lectura de los documentos, particularmente para los varones redactores habituales de los mismos.

Cliente tampoco sería la mención correcta, ya que el clientelismo no define el perfil del cómplice del delito. Pero en territorios de las luchas por los derechos de las mujeres, las tácticas y las estrategias recomiendan tomar el pulso de los tiempos que recorremos. Incorporar entre nosotros la palabra cliente tiene su historia.

En el año 2006, cuando se creó el Programa Las Víctimas contra las Violencias en el Ministerio del Interior, la perspectiva oficial estaba centrada en niños, niñas y adolescentes; luego, en la redacción del proyecto se asumió la presencia de personas adultas de acuerdo con el Protocolo de Palermo.

En una oportunidad le dije al entonces ministro Aníbal Fernández: “Sería importante incluir en la ley una mención y sanción a los clientes...” Me contestó: “No es tiempo todavía. La Argentina no está preparada para eso...” Ni nuestro pais ni el resto del mundo, porque la palabra cliente y el pedido de sanción brillaban por su ausencia.

Transcurrió el tiempo y la ley que federalizó el delito de trata se sancionó en el año 2008. No resultó como se había diseñado por razones ajenas al Programa Las Víctimas contra las Violencias, sino que fue el Senado el que asumió su redacción final. El tema del cliente, o sea, la presencia del cómplice, se mantenía aminorada por un lenguaje convencional o bien omitiendo su presencia. Pero el tema trata se había instalado en la comunidad, en los escritorios de los funcionarios y en los avatares de los jueces que debían estudiar esta nueva legislación. El periodismo empezó a comprender que no hablábamos de prostitución sino de esclavitud y comenzó a preocuparse por el tema y lo posicionó como segmento del Crimen Organizado. Empezó a verbalizarse la consigna “sin clientes no hay trata”.

Se sumó la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Contribuí en esa creación pero manteniendo exclusivamente una tarea en el ámbito de la capacitación de las personas que se contrataban. La oficina quedó a cargo de la licenciada Zaida Gatti, que hasta el día de hoy coordina sus actividades.

En Occidente es la única oficina dedicada a la trata de personas cuyas profesionales, trabajadoras sociales y psicólogas, ingresan junto con las fuerzas de seguridad cuando se realizan los allanamientos. ¿Por qué? Porque son mujeres las que deben acompañar a las mujeres víctimas de trata, escucharlas y sostenerlas hasta la declaración testimonial que realizarán delante del juez, días después de haberlas rescatado.

¿Cómo continúa esta historia? En marzo del año 2009, Argentina, con la participación de Uruguay, recibió a la OEA y a los representantes de los diversos países en una reunión destinada al tema trata. Era la oportunidad para ensayar la incorporación de la figura del cliente en el nuevo Documento2.

Aníbal Fernández, que entonces era ministro de Justicia, en su discurso inaugural, afirmó “es necesario desenmascarar al cliente” para “desalentar la demanda de sexo pago” a cargo de “mujeres y adolescentes encerradas en burdeles a través de engaño, amenazas y violencia y obligadas a prostituirse. Sin el cliente no habría trata ni prostitución”.

En la misma oportunidad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró el concepto, de manera que frente a la audiencia internacional la posición de Argentina era evidente. Se trataba entonces de lograr una aprobación de esta inclusión de la palabra cliente, por unanimidad, en el documento que resultase de la reunión de la OEA.

Fue una delicada tarea política a cargo de los miembros de nuestra cancillería, quienes se ocuparon de las conversaciones con los representantes de los diversos países que no traían ese proyecto en sus planteos. Estábamos advertidas acerca de las dificultades que se encontrarían, ya que de los diálogos que mantuvimos con delegaciones de otros países resultaba que estaban frente a una apertura novedosa y no esperada.

En la reunión plenaria de cierre, la lectura del Documento Final –redactado entre todos los participantes– estuvo a cargo de un representante de la Cancillería Argentina y se realizó, como es habitual, punto por punto. Cada uno debía ser aceptado o corregido. Cuando se formularon los dos puntos con los que encabezo este artículo, la unanimidad selló con un aplauso su aprobación.

Podemos suponer que el tema había rondado el pensamiento de los participantes y que solamente faltaba quien se atreviese a formularlo con el lenguaje correcto.

El hecho se rubricó en mayo del 2010, en la Declaración de Buenos Aires, el 7 de mayo, en el ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y del Interior del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados Asociados, con Julio Alak como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

¿Cómo se desarrollarán las discusiones en el ámbito de las Naciones Unidas cuando se incorporen estos documentos?

1. Organizada juntamente con la República Oriental del Uruguay.

2. Fui designada Relatora por Argentina para referirme a la situación en nuestro país.

Las licenciadas Zaida Gatti, por el Ministerio de Justicia, y Gloria Bonato, por el Ministerio de Desarrollo Social, expusieron acerca de sus distintas actividades en el tema trata.

Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/las12/13-6256-2011-01-17.html

Trata de Personas: El caso Mar del Plata, Ley y Mapa 2010 (Las12 / Página12)

Suplemento LAS12
Viernes, 7 de enero de 2011

Nota de Tapa

VIOLENCIAS

EL CASO MAR DEL PLATA

Como cada verano, en la ciudad balneario más grande de Argentina se festeja la llegada del turismo, se habla del buen o mal clima, de la ocupación hotelera y la cartelera de espectáculos. Afuera de esta agenda de vacaciones queda el lado oscuro de La Feliz: los prostíbulos que se multiplican, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la habilitación de lugares denunciados por las mismas víctimas y la falta de reglamentación de ordenanzas ya sancionadas que podrían paliar esta situación. Como contrapartida, organizaciones sociales formaron una mesa permanente contra la trata que funciona en el Concejo Deliberante de una ciudad cuyo lado oscuro todavía se publicita en los diarios locales.

Por Juana Celiz

PATRICIA GORDON

Desde Mar del Plata

Hoy Mar del Plata está que arde. Como todos los eneros. La capacidad hotelera explota. Esta mañana en La Perla al mar le da el sol tan lindo que parece de paillettes. Por la calle cortada desfilan de veras cuerpos reales: señoras en bikini, chicas que andan en rollers sin saber andar en rollers. En una radio suena Roxette en castellano (“El aire está lleno de silencio / Debe haber sido amor...”). El cuadro encandila y anestesia. Entonces importa menos a qué se le da la espalda.

Patricia Gordon, psicóloga de la organización La Alameda, detalla que estamos en “La Perla Sur”, la zona de la estatua de Alfonsina. Y que junto a La Perla Norte, hacia Constitución, albergan a un montón de chalets olvidados cuando el auge inmobiliario señaló hacia Los Troncos y sus lomas. Las calles del otro lado de “La Popular” de noche son lo suficientemente oscuras como para que se entreabran las puertas de los prostíbulos privados, whiskerías, cabarets, bares nocturnos y cía. Como El Progreso, esa casa fea de red blocks, vidrios negros y una manija de puerta que parece un bastón de cotillón. Está en un barrio de edificios bajos, cerca de “La boutique del Pan”, a una cuadra nada menos que de la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo municipal y de la casa de un obispo. Comparte medianera con un hotel llamado La Posada: si lo googleás, en www.argentinaprivate.com entre muchas otras direcciones céntricas aparece: “La Posada, 11 de Septiembre 3030, alt. La Rioja. 20 to 30 Chicas. Prices: Drinks $15/$25, Chicas $150 hour. The Hotel Paraiso Transitorio is next door for 50p.”. También son datos que pueden ofrecer, dicen en La Alameda, muchos taxistas y remiseros. Después de La Perla, las zonas rojas rondan la vieja terminal –cerca de los tribunales– y el puerto. Se calcula que la cantidad de prostíbulos –alrededor de 200– se duplican llegado el verano.

Gordon, psicóloga, es además parte de la Asamblea Permanente contra la Trata de Personas. Integra el equipo que recibe denuncias, las deriva a la Justicia Federal y atiende a las víctimas: “Damos la orientación necesaria en materia judicial y contención emocional”, dice. Trabajan en red con la Multisectorial de la Mujer, Mar de Lucha, Las Juanas, entre otras asociaciones civiles. En el último seminario sobre derechos humanos y trabajo esclavo, realizado en la Facultad de Abogacía de la Universidad local, Patricia Gordon habló de “El caso Mar del Plata”.

¿Cuáles son los puntos más urgentes de “El caso Mar del Plata”?

–Partimos de la denuncia que hizo La Alameda hace justo un año: contamos 400 prostíbulos, se presentaron pruebas y testigos. Se puso de relieve la situación de muchas mujeres de esta “ciudad feliz” que conviven con estos delitos. “El caso Mar del Plata” se caracteriza también por la connivencia de la policía y la inacción de un sector de la Justicia, por la complicidad mediática, ya que el principal diario de la ciudad (La Capital) exhibe sin pudores una importante cantidad de avisos de oferta sexual, promocionan incluso los lugares denunciados. Después de esta denuncia, gracias a los allanamientos que hizo la fiscalía, se encontraron mujeres que provenían de otros países, muchas menores de edad, en situaciones de esclavitud sexual. Estaban en lugares deplorables: sótanos, tras rejas, en suciedad.

También se creó la Mesa Permanente contra la Trata...

–Sí. Nos reunimos todos los meses en el Concejo Deliberante, por iniciativa de la concejal Verónica Beresiarte. Reúne a funcionarios municipales, políticos, actores sociales, integrantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es un espacio de debate, denuncia y confrontación de ideas. Se discuten los temas, elaborando acciones concretas ya sea desde lo legal, social, psicológico.

Entre esas acciones concretas consiguieron la sanción de dos ordenanzas interesantes: que se clausuren locales nocturnos y se brinde atención a las víctimas. ¿Se cumplen?

–Todavía no han sido reglamentadas. Y eso que en septiembre el intendente dijo que “en unos días” lo hacía. Sus declaraciones surgieron en un momento en el que él mismo aprobaba la habilitación de un lugar llamado La Posada, que había sido denunciado, allanado y donde se encontraron víctimas. Si bien dieron un paso atrás y manifestaron que había sido un error, las organizaciones locales repudiamos este hecho gravísimo. Con respecto a la segunda ordenanza, la Secretaría de la Mujer atiende a las víctimas.

La denuncia de las víctimas es crucial, según la Ley de Trata. Es fundamental entonces que estén contenidas...

–Si bien resulta imprescindible la reforma en la Ley de Trata –para eliminar la figura del consentimiento de la víctima–, podemos decir que al momento hay leyes, aun con falencias que no se cumplen, especialmente en lo relacionado con los derechos de las víctimas. Sí, deberían recibir contención, resarcimiento económico, la oportunidad de una inserción laboral. La realidad es que muchas quedan libradas a su suerte y vuelven al mismo circuito de la prostitución.

¿Las víctimas del “Loco de la Ruta” tienen el lugar en la memoria social que merecen? Salvando las distancias, ¿es nuestro Ciudad Juárez?

–Las desapariciones que tuvieron lugar a fines de los años ‘90 en Mar del Plata aún son una herida abierta. Terminó siendo una red de crimen organizada. Salvando las dimensiones con las desapariciones y muertes en Ciudad Juárez, constituye una de las máximas expresiones de violencia hacia las mujeres, la complicidad y responsabilidad del Estado, de las instituciones y de una gran parte de la sociedad que ha sabido serle indiferente y silenciosa a estos crímenes. Respecto de la memoria colectiva, las organizaciones nos hemos propuesto instalar nuevamente esta herida no cerrada. Toda vez que realizamos una jornada, están presentes los nombres de las desaparecidas y asesinadas. Tenemos como proyecto realizar un acto público que despierte las conciencias dormidas de nuestra comunidad, ya que la impunidad de un crimen abre paso a más impunidad. Estos crímenes marcaron un antes y un después en el tema del proxenetismo: se supone que desde ahí para adelante se incrementó el sistema de esclavitud y trata.

¿Por qué?

–El análisis tiene varios ejes. Por un lado, constituye uno de los negociados más rentables: una mujer puede ser vendida muchas veces, ser menor de edad aumenta el ingreso de los tratantes. La corrupción de las instituciones y las escasas condenas facilitan el proceder de las mafias. Por otra parte, la relación existente entre el lavado de dinero, producto de la mercantilización de los cuerpos y las vidas de tantas mujeres, y la proliferación de un negocio que enriquece rápidamente y a bajo costo. Sin descuidar los aspectos que, instalados en una cultura de base patriarcal, imperan en los medios masivos de comunicación, en el uso del lenguaje, en la cosificación de los cuerpos, en las promesas de un “trabajo fácil” dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social o que atraviesan alguna crisis de identidad.

¿Con el nuevo Ministerio de Seguridad otra policía es posible?

–La llegada de Nilda Garré es una esperanza. Las complicidades policiales, denunciadas en especial por Nancy Miño, ex agente de la Policía Federal que puso en evidencia el alto nivel de corrupción de la oficina antitrata, constituyen un muro para desenmascarar el delito. Si hay voluntad política, es posible que exista una policía que cumpla con sus funciones, tema complejo y difícil...

A un año de la denuncia que hizo La Alameda, ¿cuál es el balance?

–Durante el año se ha venido trabajando en contacto con otras organizaciones y colectivos que se ocupan de los derechos de las mujeres. Esta unión ha sido significativa. Lo prometedor es la visibilización y puesta en evidencia de algo que es cotidiano, que pasa al lado nuestro. Aumentan las denuncias y la toma de conciencia. Y los vecinos reaccionan y rechazan esta forma de esclavitud.

Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6227-2011-01-10.html

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Después de la ley, la reforma

El próximo abril se cumplirán dos años desde que se sancionó la ley para erradicar la trata de personas. En este lapso, en el que se avanzó en la visibilización de este delito y cuando ya fueron recuperadas más de mil víctimas de trata –sin contar a las que fueron rescatadas en 2011, según lo denunciado por este diario a lo largo de la semana–, queda claro que es necesario corregir el texto de la ley: la eliminación de la figura del consentimiento de la víctima y el endurecimiento de las penas están en el centro de la cuestión.

Por Elisabet Contrera

Ordenanzas que prohíben la instalación de prostíbulos en diferentes localidades del interior del país, proyectos de ley que buscan penalizar al cliente, diarios que decidieron eliminar el rubro 59 por considerar que alienta la explotación sexual, allanamientos y detenciones a lo largo del mapa, la discusión acerca del consentimiento de la víctima y la necesidad de garantizar asistencia integral a las mujeres rescatadas en el Congreso de la Nación, son algunos de los avances –tímidos en algunos casos– registrados en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual en los últimos meses. Un delito que mantiene en la esclavitud a un número indeterminado de personas en Argentina, como quedó demostrado luego de los allanamientos en Santiago del Estero que denunció este diario.

A casi dos años de la aprobación de la ley 26.364, sancionada en abril de 2008, organizaciones sociales, diputados/as y el Estado (tanto a nivel municipal, provincial y nacional) continúan su lucha contra este delito y avanzan –con tropiezos– en la ejecución de la norma, en garantizar los derechos de las víctimas de la explotación e instalan nuevas discusiones en torno del delito.

Santa Rosa (La Pampa) fue pionera en arremeter contra la trata de personas. Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género, logró que el Concejo Deliberante prohibiera la habilitación de locales nocturnos, como whiskerías o cabarets, que funcionan como pantallas de prostíbulos. A modo de efecto contagio, otras intendencias pampeanas copiaron la experiencia. El mismo paso dieron en Villa Nueva (Mendoza), en Neuquén Capital y General Roca, Larroque y Gualeguaychú (Entre Ríos) y Villa María (Córdoba).

Durante 2010, continuó la persecución del delito y se iniciaron los primeros juicios en algunas provincias. Ejemplo de ello fue Córdoba, donde se desarrolló el primer juicio por trata de personas contra un hombre acusado de explotar a dos jóvenes de 13 y 14 años. También se dictó la primera sentencia en Mar del Plata: un hombre y una mujer fueron condenados a cuatros años de prisión por el delito de “trata de personas mayores de 18 años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad”. En esa misma ciudad existe una investigación judicial sobre una red formada por 94 prostíbulos denunciada por La Alameda (ver nota central).

Por este último caso, y algunos más, las organizaciones sociales continúan denunciando la complicidad y connivencia judicial y policial que mantiene vivas a las redes de explotación. Además, encontraron el consenso en el Congreso para instalar la necesidad de reformar la ley antitrata. A mediados de 2010, se realizaron una serie de audiencias públicas y debatieron proyectos de reforma en las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Los puntos a modificar fueron: la eliminación de la figura del consentimiento de la víctima a la hora de tipificar el delito en el caso de las personas mayores de edad, endurecimiento de las penas para el delito de la trata. En la actualidad, se imponen penas de entre tres y seis años de prisión y buscan modificarlas por condenas de 3 a 15 años.

La reforma propone la creación del Programa Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas y de un sistema sincronizado de denuncias sobre delito. Finalmente, diferencias entre los diferentes bloques y organizaciones antitrata no permitieron generar el consenso para que el dictamen se tratara en el recinto. Esta discusión se cerró en el medio de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo, quien aconsejó una reforma “urgente” de la ley que regula este delito.

En ese contexto, el ministro de Justicia, Julio Alak, propuso “revisar y actualizar el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas” –texto en el cual se basa la ley federal– y consideró que una forma de desalentar el delito es penalizar duramente al cliente. “Sin clientes no hay trata”, aseguró Alak haciendo suya la consigna de las organizaciones antitrata.

Aunque los movimientos sociales vienen denunciando la explotación sexual que esconde el rubro 59, las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, colaboraron en mayor medida con la instalación del tema en la agenda pública. “En este país hay muchas cosas por discutir y resolver, entre otras el rubro 59, con el que Clarín gana un millón de pesos por mes”, afirmó a Radio Continental.

Luego, se sumaron diferentes pronunciamientos y acciones: el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un documento pidiendo que se termine con la promoción de la prostitución en los medios de comunicación. Diferentes diarios del interior decidieron eliminar el rubro 59 de sus páginas: La Mañana de Neuquén, La República de Corrientes, La Arena de La Pampa; el semanario El Tiempo de Pergamino y el Diario de la República, de San Luis. En las Legislaturas de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación se presentaron iniciativas para que el Estado retire la publicidad y la propaganda oficial en medios que publiquen avisos clasificados de oferta sexual. También se inició una campaña pública para retirar los avisos de prostitución en la vía pública.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6227-681-2011-01-10.html

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Mapa de la trata 2010*

Se realizaron un total de 342 allanamientos en todo el país. Como resultado de los operativos, se detuvo a 276 personas y se rescató a 495 víctimas. De los 342 allanamientos, el 59 por ciento fueron en la provincia de Buenos Aires.

* Fuente: Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6227-683-2011-01-10.html

"El año en que crecieron los femicidios" (por Mariana Carbajal, Página12)

Sociedad|Martes, 11 de enero de 2011

En 2010, cada semana, cinco mujeres fueron asesinadas por hechos de violencia machista

El año en que crecieron los femicidios

Según el relevamiento de una ONG, hubo 260 crímenes de mujeres. En la mayoría están involucradas sus parejas. Es el 12,5 por ciento más que en 2009. Once mujeres murieron quemadas.

Por Mariana Carbajal

Uno de los casos con más repercusión fue el de la joven Wanda Taddei.

Casi cinco mujeres por semana fueron asesinadas a lo largo de 2010 por el solo hecho de ser mujeres. La escalofriante seguidilla de femicidios ascendió el último año a 260, un 12,5 por ciento más que en 2009, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Area de Investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en base a los casos publicados por agencias de noticias y 120 diarios de distribución nacional y provincial. En el 64 por ciento de los homicidios, el autor, acusado o sospechoso resultó ser el marido, novio o una ex pareja de la víctima. En 27 casos, la mujer había realizado denuncias contra el agresor por violencia machista y en otros seis casos, el victimario tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a quien luego asesinaría. En lo que va de enero, ya se registraron otros cinco femicidios.

“El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de la violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Ada Beatriz Rico, directora general del Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil, desde donde vienen realizando hace ya varios años el dramático conteo de las muertes de mujeres que son asesinadas por ser mujeres, es decir, son casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana.

El último hecho que cierra el extenso listado de femicidios de 2010 tuvo como víctima a Yanina Rojas, de 23 años. La joven vivía en la localidad bonaerense de Moreno. La asesinaron apuñalándola. Se investiga a su ex novio, Lucas Ariel Pa-ttul, de 21 años, de acuerdo con el informe del Observatorio. Pattul fue detenido. Yanina tenía una hija de 4 años, fruto de una relación anterior. El expediente judicial lo instruye la UFI Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes con asiento en Moreno. Al parecer Pattul habría tenido intenciones de reanudar la relación y ante la negativa de ella, la habría atacado con un arma blanca, apuñalándola. Este caso no se publicó en ningún diario, pero en el Observatorio de Femicidios recibieron la información desde un portal de noticias de Moreno y luego la corroboraron.

En 2009 los femicidios llegaron a 231, recordó a este diario Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro. Hoy, desde la ONG pedirán una audiencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para entregarle el informe completo de 2010, con los 260 hechos detallados, y acercarle algunas propuestas sobre políticas públicas que consideran necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia de género.

Entre los femicidas o acusados de cometer alguno de los homicidios hay 17 integrantes de fuerzas de seguridad. Un tercio de los asesinatos ocurrieron en territorio bonaerense. Si se analiza el vínculo entre la víctima y el autor o acusado del hecho, se observa que en 95 hechos fue señalado el esposo, la pareja o novio, y en otros 72, un ex novio o ex marido. “Nos llamó la atención que en 26 hechos el imputado era el novio, y la víctima, en varios de esos casos, eran adolescentes de 14 a 19 años”, advirtió Rico. En 32 casos, el acusado fue un vecino o conocido, y en 10, el padre o padrastro.

Uno de los casos con más repercusión mediática del año fue el de la joven Wanda Taddei, de 29 años, esposa del baterista del grupo Callejeros, Eduardo Vázquez. La joven sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo. De acuerdo con los dichos de Vázquez, se trató de un accidente en medio de una discusión. Wanda estuvo internada 11 días: la mantuvieron en coma farmacológico para que soportara el dolor. Falleció el 21 de febrero. Vázquez, de 33 años, fue detenido como presunto responsable del hecho y posteriormente liberado. Finalmente, el 4 de noviembre, el baterista fue procesado con prisión preventiva como presunto autor del delito de homicidio agravado por el vínculo. La Cámara de Casación Penal tiene que resolver sobre su detención. Pero el caso, al parecer, “inspiró” a otros maridos violentos. Desde la muerte de Wanda, diez mujeres más murieron como consecuencia de graves quemaduras producidas en la mayoría de los casos por sus parejas o ex parejas y otras diez quedaron con graves heridas, de acuerdo con el informe del Observatorio. Muchísimas más, en tanto, fueron amenazadas por sus compañeros con ser quemadas, según refirieron diversas ONG que brindan ayuda a víctimas de violencia de género y que recibieron sus testimonios. En 2009, los femicidios por incineración habían sido siete, según el relevamiento del Observatorio.

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Monique Wittig (1935-2003) "Golpear con las palabras" / Por Irene Ocampo / Las12, Página12

Viernes, 7 de enero de 2011

Monique Wittig (1935-2003)

Golpear con las palabras

Por Irene Ocampo

Hace ya siete años que la escritora francesa Monique Wittig dejó la escena. Apelar a la imagen de una diva que se baja del escenario nos permite pensarla como alguien que brilló por mérito propio, y que sigue brillando cuando la recordamos. Aunque no actuó papeles sobre las tablas, Wittig escribió sobre muchas, y el brillo de sus obras aún hoy sigue aportando, insinuando, dejando a más de uno boquiabierto como si escuchara un aria en la voz de una Callas, una Caballé o la que prefieran. Su actuación fue de barricada, cuando en la recordada década del ‘70 del siglo pasado su adhesión al feminismo la llevó a subvertir, desde su hacer como escritora, los estándares de la época, y de las que siguieron.

Con menos de treinta años publicó El opopónax en 1964, su primera novela, con la que obtuvo un premio por lo experimental y rupturista de su escritura. De seguro que esos calificativos no la abandonarían nunca más. En todo caso los premios no tendrían la forma convencional, sino la de poder seguir influyendo en futuras generaciones de lectores ávidos, de activistas inquietas, en la deconstrucción de los conceptos que se dan por establecidos e inamovibles en nuestra sociedad. Integrante del grupo que fundó el Movimiento de Liberación de la Mujer en la Francia post Mayo del ‘68, recordada por haber acuñado el “materialismo lesbiano” como una forma de análisis político más allá del capitalismo y el patriarcado opresores, MW multiplicó la teoría que fue acuñando a lo largo de los años con su práctica activa y su creación artística.

“Las lesbianas no son mujeres”, dijo allá por 1978 en una conferencia en la que leyó su famoso texto El pensamiento heterosexual. Ya formaba parte de la academia norteamericana, luego de haber emigrado a Estados Unidos con su compañera de vida, Sande Zeig. Este ensayo, y otros que le siguieron, extrañaban y provocaban tanto como sus libros de ficción poética feminista: Las guerrilleras y El cuerpo lesbiano, por ejemplo. “Pero recordá. Esforzate por recordar. O si eso falla, entonces inventá”, dejaba escrito en Las guerrilleras marcando así el camino para las futuras contiendas intelectuales que se llevarían a cabo durante el final del siglo 20 y los comienzos del nuevo milenio.

Como protagonista intelectual y política de su época, Wittig aportó las ideas que ella misma puso en práctica en su campo de trabajo y activismo. Extralimitando los géneros discursivos, incidiendo y mostrando las huellas e incisiones que el lenguaje debía sufrir para que la parte de la humanidad que había quedado afuera de ese mecanismo de signos y significados, las mujeres, dejara de estar agazapada y de una vez por todas asaltara los grandes muros de piedra del lenguaje y acometiera la tarea de nombrar y nombrarse. Y si bien sus obras principales las escribió en francés, las traducciones a otros idiomas, como al castellano, intentaron trasladar las intervenciones con las que sacudió las certezas y lo ya dado.

Desde sus textos narrativos y poéticos, a sus ensayos político filosóficos, pasando por guiones teatrales y cinematográficos, Wittig intentó y logró muchas veces, salirse de las reglas que aprisionan y acomodan. Reglas en la historia, en la economía, en la lengua. Sus múltiples intentos de perforar los cimientos de esas férreas estructuras que oprimieron a mujeres y varones durante siglos, dejó en claro que no hay una sola forma de acometer esa tarea. Partiendo de Marx y Engels, a de Beauvoir, desde las bucólicas andanzas de amazonas sin tiempo, al sexo explícito y carnal de mujeres que aman a otras mujeres, Wittig no buscó solamente acuñar frases e imágenes impactantes.

“Toda obra literaria importante es, en el momento de su producción, como el caballo de Troya. Toda obra con una nueva forma funciona como una máquina de guerra, pues su intención y su objetivo son destruir las viejas formas y las reglas convencionales. Una obra así se produce siempre en territorio hostil. Y cuanto más aparece este caballo como inconformista, inasimilable, más tiempo necesita para llegar a ser aceptado.” El caballo de Troya incluido en El pensamiento heterosexual y otros ensayos, que tradujeron Javier Sanz y Paco Vidarte para la editorial Egales de España en 2006, es en sí mismo un texto de teoría literaria, y también de política. La estrategia guerrera de la antigua Grecia le sirve a la autora para apartarse tanto de la literatura comprometida, como de la femenina: “Como escritora, habré logrado mi objetivo cuando cada una de mis palabras tenga el mismo efecto sobre el lector, la misma sorpresa que cuando las leyó por primera vez. Es lo que yo llamo golpear con las palabras”.

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Un día histórico ( Por Diana Sacayán / Suple SOY )

Viernes, 19 de noviembre de 2010

Un día histórico

Por Diana Sacayán

Era 11 de noviembre de 2010, a las 15.30 El Congreso de la Nación se preparaba para ese momento tan esperado del activismo trans. Se fueron reuniendo de a poco las compañeras, que venían algunas de La Matanza otras de Lomas, también de Mar del Plata. Por una vez se obviaron los estrictos controles: ni documento, ni nada de esas cosas, con solo mencionar que ibas a la sala José Luis Cabezas era suficiente para que te invitaran a pasar, claro, si llegabas antes de que se llenara la sala hasta los pasillos de gente. Si no, habría que esperar en la puerta para dar las felicitaciones a quienes fueron protagonistas ese día y que además trabajaron arduamente para llegar al texto definitivo del proyecto de ley de identidad de género convertido desde entonces en el expediente 8126-D-2010.

Cesar Cigluiti era quien coordinaba el panel y me invitó a romper el hielo. Yo recuerdo haber dicho algo así: “Hemos logrado avanzar sobre distintas iniciativas y desde distintos lugares, la cooperativa Nadia Echazu, la revista El Teje, otras cooperativas travestis que están dando sus primeros pasos. ¡Vaya que somos capaces de tomar en nuestras propias manos nuestras políticas! Este proyecto es superador de todas las propuestas, porque incluye el acceso al servicio de salud pública, porque plantea el cambio registral a partir de los 16 años y además porque fuimos nosotras y nosotros que desde varias organizaciones trans y de diversidad, los que pusimos la letra en este proyecto”

“Nosotras tenemos la responsabilidad de seguir señalando la desigualdad que vivimos. Por eso quiero agradecer a todas las travestis que están y que ya no están –dijo Lohana Berkins–. Hoy empezamos a escribir una de las páginas históricas del travestismo: nos reciben en esta casa, hablamos en primera persona. No queremos ser materia negociable. Tendremos que seguir avanzando en políticas más concretas, más inclusivas, pero este es un paso que no se puede obviar. Violar los derechos humanos de las personas travestis, transexuales, transgéneros e interesex, es violar los derechos humanos. Confiamos en que con la aprobación de este proyecto construiremos herramientas de plena ciudadanía y avanzaremos en la lucha contra la discriminación hacia las personas trans.”

La activista de la CHA Claudia Puccini expuso: “Espero que este proyecto sea la ley que se apruebe, creo que es el que mejor representa la pluralidad de voces. Trabajamos en conjunto durante meses, pensando en lo que sentimos que necesitamos y vamos a necesitar. Desde ya estamos todas con muchísima energía para que esta se convierta finalmente en nuestra ley.”

El reconocimiento de la infancia trans, de la integridad de los cuerpos intersex, la posibilidad de pensar el género por fuera de los mandatos que dicen cómo tienen que ser los cuerpos; realidades que ahora tienen entidad parlamentaria y que abren discusiones que implican a todos y a todas.

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Proyecto de Hotton: "Repartir la torta de la fe" (Página12)

Página12 / Sociedad |Domingo, 17 de octubre de 2010

El proyecto de la diputada Hotton busca extender privilegios a los evangélicos

Repartir la torta de la fe

Diciendo que defiende la libertad religiosa, es una ley que quiere cambiar un monopolio por un “oligopolio de iglesias”, extendiendo los fondos que ahora sólo recibe la Católica. Otros cultos se oponen y piden neutralidad.

Por Mariana Carbajal

En la Cámara de Diputados avanza un proyecto de ley que busca convertir a la Argentina en un Estado pluriconfesional, en lugar de reafirmar su laicidad. La iniciativa de la diputada evangélica Cynthia Hotton, una de las más fervientes opositoras al matrimonio civil igualitario, configura un escenario de oligopolios religiosos, ya que apunta a que las iglesias evangélicas tengan las mismas prerrogativas que tiene la Iglesia Católica. “Estigmatiza a las confesiones no cristianas, al no reconocerle el status de religión, y le otorga al Estado el discutido rol de definir qué es religioso y qué no para reconocer oficialmente o denegar la inscripción. Prácticamente no menciona la libertad de conciencia, que implica el derecho a creer, pero también el de no creer”, objetó el doctor en Sociología e investigador del Conicet Juan Esquivel. El proyecto ya obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, que preside el peronista disidente Alfredo Atanasof, y de Legislación Penal, encabezada por Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Ahora tiene que pasar por las de Legislación General y de Comunicaciones e Informática, para luego llegar al recinto. La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que nuclea a protestantes históricos, se pronunció en contra del proyecto. También lo rechazan agrupaciones de ateos.

“Nos oponemos al proyecto porque mantiene un status diferenciado para el culto Católico Romano y pone en manos del Ejecutivo instancias de control y sanción a las comunidades religiosas”, señaló el pastor Frank de Nully Brown, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Brown firmó una declaración pública contra la iniciativa parlamentaria. “La subsistencia de una iglesia que goza de privilegios legales establece diferencias que debemos superar a favor de un diálogo ecuménico e interrreligioso”, apuntó Brown. En un sentido similar se pronunció la pastora Karin Krug, presidenta de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). Krug y Brown reclaman la derogación de la ley 21.745, establecida por la última dictadura militar, que rige gran parte de las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas.

En la FAIE confluyen metodistas, anglicanos, luteranos y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata: tienen tradición laica, promueven la autonomía entre el Estado y las iglesias, y están a favor de una igualdad religiosa. Pero no en el sentido de obtener las mismas prerrogativas de la Iglesia Católica, como pretenden los pentecostales, reunidos en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (Fecep), que respaldan el proyecto. Ambas entidades hicieron fuerte activismo –presionaron con llamados a senadores y organizando movilizaciones–, en contra de la ley de matrimonio igualitario.

En el proyecto de Hotton, la Iglesia Católica sigue conservando su posición predominante, pero al mismo tiempo la iniciativa contempla otorgar privilegios a otros cultos. Según explicó Esquivel, modifica un artículo de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para incorporar a las iglesias dentro de las entidades estatales que para acceder a licencias no tienen que concursar, como las universidades nacionales. La ley le otorgó ese beneficio a la Iglesia Católica. Como informó Página/12, el proyecto es una antigua reivindicación de las iglesias evangélicas, que reclaman la creación de una personería jurídica especial –de objeto religioso– que les dé un status diferente del de una sociedad de fomento o un club deportivo, como ocurre en la actualidad.

“Afirma todos los privilegios del catolicismo”, cuestionó el pastor Guillermo Prein, del Centro Cristiano Nueva Vida. “Decir que hay igualdad religiosa es una mentira, si el Estado argentino sostiene a sacerdotes, obispos y demás integrantes del clero, y los edificios que este culto utiliza. Sólo para aportar un ejemplo, recientemente la Basílica de Luján, propiedad del Estado, pero usufructuada por una sola religión, requirió 3.500.000 en mantenimiento, que fueron aportados por el erario público al que contribuimos los fieles de todas las religiones”, observó Prein.

En su primer artículo, la reforma legislativa establece que “Todas las personas gozan del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”. “Debería agregarse una mención de que esta libertad incluye la libertad de no profesar ningún culto”, alegan desde Arg-Atea, una agrupación de ateos, en la que es una activa militante Cristina Ferreyra. “No se puede entonces hablar de tolerancia genuina y plena si no se tiene en cuenta a todas y cada una de las conciencias de los sujetos humanos sin discriminaciones de ningún tipo, sin considerar que hay ‘no religiosos’, es decir ateos y/o agnósticos”, alegó Arg-Atea, en una declaración pública. Esquivel cuestionó que la iniciativa hace referencia a la libertad religiosa de las instituciones confesionales, pero no de los ciudadanos.

Uno de sus artículos más polémico es el 31, que incorpora un nuevo capítulo al Código Penal bajo el título de “Delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”. Entre los distintos tipos penales que crea, el más grave es el que prevé prisión de seis meses a dos años para quien “agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio o por el hecho de serlo”.

En realidad, el proyecto retoma un texto cuya discusión promovió en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el entonces secretario de Culto Norberto Padilla, para reemplazar la ley de la dictadura. La desintegración de la gestión de la Alianza sepultó aquella iniciativa. La diputada Hotton le introdujo algunas modificaciones y se lo atribuyó como propio, aunque buscó el apoyo de referentes de otras fuerzas para que no quedara rotulado como un proyecto del PRO. Así firmaron la iniciativa Rubén Sciutto y Antonio Morante, del Frente para la Victoria; Juan Carlos Moran y Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica; Federico Pinedo, de PRO; Daniel Katz, de Consenso Federal; y Luciano Fabris y el fallecido José Ignacio García Hamilton, de la UCR. El proyecto fue presentado en diciembre de 2008. Después de pasar por las dos comisiones que faltan, deberán reunirse para un dictamen conjunto para poder llegar al recinto.

Hotton sostiene que su proyecto tiene el visto bueno del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y que cuenta con el respaldo de Aciera, que nuclea a la mayor cantidad de iglesias evangélicas, las que más han crecido en los últimos años (pentecostales, baptistas, Asamblea de Dios), con excepción de las históricas; de parte de la comunidad judía y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, entre otras.

El proyecto crea el Registro Nacional de Confesiones Religiosas, dentro de la Cancillería, ante el cual podrán tramitar su inscripción “las iglesias, comunidades y confesiones religiosas” que de-sarrollen sus actividades dentro del territorio argentino. Así podrán obtener una personería jurídica de “objeto religioso” que les permitirá acceder, entre otros beneficios, a exenciones impositivas. Su inscripción quedará supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos. Este es otro de los aspectos polémicos de la propuesta, ya que le otorga al Estado la atribución de definir cuál práctica es religiosa y cuál no lo es. “En Argentina existe libertad religiosa y está contemplada en la Constitución. Lo que no existe es igualdad religiosa. El proyecto de Hotton no implica ningún avance en ese sentido. Las iniciativas legislativas deberían orientarse a derogar la Ley 21.745, por la cual el Estado ‘ficha’ a los cultos. No existen razones para que las confesiones religiosas no católicas deban registrarse ante el Estado. No lo hacen en Brasil ni en Uruguay. En tiempos de Bicentenario, deberían derogarse las restantes normativas aprobadas durante la última dictadura militar, referidas a las asignaciones de los obispos y de los seminaristas”, concluyó Esquivel.

Convocatoria: A sacar los volantes de prostitución (Página12)

Página12 / Sociedad |Viernes, 22 de octubre de 2010

LANZAN UNA CONVOCATORIA PARA ARRANCAR LAS PROMOCIONES SEXUALES PEGADAS EN PAREDES Y TELEFONOS

A sacar los volantes de prostitución

Organizaciones de mujeres impulsan una campaña para crear conciencia sobre la trata y entorpecer su ejercicio. Llaman a arrancar los papelitos con ofertas sexuales de los lugares donde suelen ser pegados en el centro, Once y Constitución.

Por Mariana Carbajal

La iniciativa está inspirada en la marcha convocada el 23 de septiembre último desde Plaza Congreso hasta plaza Once.

Paredes, tachos de basura, columnas de luz y teléfonos públicos del microcentro y barrios porteños como Once y Constitución suelen estar abarrotados de papelitos y volantes con ofertas de comercio sexual. A veces incluyen imágenes de mujeres voluptuosas desnudas o en ropa interior. Activistas feministas lanzaron una convocatoria para arrancarlos sistemáticamente y tirarlos a la basura, camino al trabajo o de vuelta a casa, con la idea de crear conciencia, desnaturalizar y al mismo tiempo boicotear el negocio de la explotación de la prostitución ajena, que puede involucrar además a víctimas de redes de trata y adolescentes. “La idea es sumar no sólo militantes sino llamar a la responsabilidad ciudadana, a la no complicidad con cada eslabón por pequeño que parezca”, explicó a Página/12 la diputada porteña de la Coalición Cívica Diana Maffía, una de las impulsoras.

La iniciativa está inspirada en la marcha convocada el 23 de septiembre último desde Plaza Congreso hasta plaza Once, por la Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, que promueven diversas ONG bajo el lema: “La ruta de los teléfonos públicos es la ruta de explotación sexual”. Ese día, decenas de mujeres quitaron durante el recorrido los volantes que encontraron a su paso con ofertas sexuales. Y los reemplazaron con reflexiones en contra de la explotación de la prostitución ajena, mientras desde un móvil se escuchaban diversas consignas, entre ellas, “que tu hija no sea prostituida”, “que tu hijo no sea prostituyente”. La marcha culminó con una gran fogata en la que se quemaron todos los papelitos arrancados.

“Esas publicidades muestran a mujeres desnudas, con tetas y nalgas gigantes. Es una publicidad claramente sexista y alguna incluso erotiza el racismo, con expresiones como ‘paraguayitas ardientes’. Queremos llamar la atención sobre esta situación para que la gente los arranque, ya que en todos se dan las direcciones de lugares que funcionan como prostíbulos, donde se explotan mujeres y el Gobierno de la Ciudad no hace nada para poner fin a esta situación. Se está consolidando una cultura prostituyente, naturalizándose la prostitución y explotación de las mujeres como normal”, señaló a este diario Marta Fontenla, de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM), integrante de la Campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”.

En los últimos días surgió en la Red Informativa de Mujeres de la Argentina (RIMA) la propuesta de replicar la movida del 23 de septiembre. RIMA es una lista en la que comparten reflexiones, debates y experiencias decenas de profesionales, activistas, estudiantes, políticas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, comunicadoras y funcionarias de distintos puntos del país (y de otros países de la región y también España). En el intercambio, a través de RIMA, quedó en evidencia que ya muchas de las participantes por propia iniciativa arrancan los volantes de comercio sexual hace tiempo, cuando transitan por la vía pública. “Yo lo hago cuando salgo de mi trabajo en el centro, o cuando llego a mi barrio. Son cientos de papelitos los que tiro cada día. Es verdad que es muy poquito. Allí están los muchachos con la pila en la mano, a veces detrás de mí volviendo a pegarlos. Pero si somos miles... Hace poco descubrí a un anciano sacando lentamente los papelitos de un refugio de colectivos. Le pregunté por qué lo hacía y me dijo: ‘Es un pequeño esfuerzo, y ojalá con eso lograra que al menos una de esas chicas no tuviera que ofrecer su cuerpo otra vez’”, contó Maffía.

–¿Pegar en la vía pública los volantes con oferta sexual es un delito? –le preguntó Página/12 al fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal Especial de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (Ufase), que depende de la Procuración General de la Nación.

–En realidad, el volanteo es un indicio de que atrás puede haber explotación de la prostitución ajena. Cuando juntás varios volantes, encontrás que cambia el nombre de la mujer, pero el domicilio y el teléfono que figura es el mismo. La mayoría no responde al ejercicio individual de la prostitución sino que detrás hay regenteo, hay una logística. Hay varias investigaciones judiciales iniciadas a partir de levantar información en la vía pública y cruzarla luego con sitios que aparecen en la web –contó Colombo.

Las personas que quieran sumarse a la propuesta pueden bajar e imprimir de campaniaabolicionista.blogspot.com una serie de frases para pegar en los sitios de donde se arranquen los volantes con oferta sexual: “No nacimos para ser prostituidas”; “Si hubiera igualdad, no habría explotación sexual”; y “Por el derecho al placer, no a la explotación sexual”, entre otras consignas.

A pesar de la abundante presencia de avisos callejeros de comercio sexual, llamativamente en la ciudad de Buenos Aires hay sólo cuatro procesamientos por el delito de trata y ninguna condena hasta el momento. De la decena de sentencias condenatorias que se dictaron desde que entró en vigencia la ley contra la trata, en 2008, ninguna corresponde al ámbito porteño.

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El Comahue, por la despenalización (del aborto) [Página12]

Sociedad|Miércoles, 13 de octubre de 2010

ES LA CUARTA UNIVERSIDAD QUE APOYA LEGALIZAR EL ABORTO

El Comahue, por la despenalización

Por Mariana Carbajal

Otra universidad pública reclamó que se despenalice el aborto. El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, con sede en la ciudad de Neuquén, aprobó el miércoles por amplia mayoría una declaración por la que adhiere al tratamiento del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que está en el temario de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. En el mismo pronunciamiento, declaró de interés todas las actividades que se realicen en el marco de la campaña. “La despenalización del aborto es una deuda que aún acarrea la democracia” y “su legalización es necesaria en términos de justicia social, de la salud de las mujeres y de los derechos humanos”, señala el texto aprobado.

Se trata de la cuarta universidad pública que se pronuncia en un sentido similar este año, con una exhortación al Congreso a que abra el debate y apruebe una reforma que legalice el aborto. Primero fue la de Córdoba, luego la UBA y recientemente la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La seguidilla de pronunciamientos marca un hecho inédito: cómo el reclamo por la despenalización y legalización del aborto saltó el cerco del movimiento de mujeres y se está replicando desde las universidades más importantes del país.

Entre los fundamentos de la resolución votada en el Consejo Superior de la Uncoma se señala que “los abortos inseguros y clandestinos son la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país” y que “los derechos sexuales y reproductivos son considerados derechos humanos y en su calidad de tales, su completa vigencia implica la implementación de políticas públicas integrales para garantizarlos”. En la misma semana, también se pronunció a favor de la legalización del aborto la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, con sedes en la provincia de Buenos Aires. El tema también se discutió el viernes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia, a propuesta de representantes de los estudiantes de la delegación zonal de Trelew, pero finalmente no se llegó a votar porque no hubo consenso. La reunión tuvo lugar en la sede de Puerto Madryn. Se decidió que primero la temática se analice en comisiones, para que se trate nuevamente en la próxima reunión del Consejo Superior entre mediados y fines de noviembre. Las voces que preferían abstenerse fueron mayoritarias en ese ámbito.

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Dos notas de Mariana Carbajal en Página12 sobre los abortos no punibles

Página/12
Miércoles, 8 de septiembre de 2010

Pronunciamiento de los más prestigiosos académicos del derecho sobre los abortos no punibles

El dictamen que aclara todas las dudas

Profesores de derecho penal de todo el país precisaron los alcances de la ley sobre los casos de aborto que no están penados. Los expertos se pronunciaron a partir de las confusas informaciones que difunden sobre el tema los sectores más conservadores.

Por Mariana Carbajal

El caso de la chica con discapacidad violada en Paraná en 2007, un ejemplo en el que no se respetó la ley.

Los académicos en derecho penal más reconocidos del país emitieron un dictamen técnico para clarificar los alcances de los permisos para abortar vigentes. En una declaración firmada el jueves, precisaron: “Los abortos justificados en el Código Penal Argentino desde 1922, que no necesitan autorización de jueces ni de comités médicos para su realización, son: a) el realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la madre, b) cuando el embarazo fue causado por una violación respecto de una mujer sana mentalmente, c) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer menor de trece años, d) cuando el embarazo es producto de un acceso carnal con mujer que por alguna otra razón (por ejemplo, deficiencias mentales) no pudo consentir el acto sexual, y e) cuando el embarazo no es producto de acceso carnal, sino de cualquier acción no consentida contra cualquier mujer, como una inseminación artificial”. Los expertos reafirman que en los casos de violación no es legal exigir la denuncia penal ni probar quién fue su autor para realizar la intervención.

El texto es parte del pronunciamiento de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, entre cuyos integrantes se destacan el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni; el juez federal Daniel Rafecas; el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), David Baigun; el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia porteño y referencia obligada en derecho procesal penal, Julio Maier; la directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEP), Cristina Caamaño, y la fiscal y coordinadora de la comisión científica sobre políticas públicas de prevención y control del tráfico de drogas, Mónica Cuñarro. El presidente de la Aapdp es Javier De Luca, fiscal general ante Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, actualmente designado en juicios por delitos de lesa humanidad. “No se trata de predicar el aborto sino que, simplemente, el legislador ha declarado la inconveniencia de aplicar una pena en estas situaciones, y esto está explicado en cualquier manual de derecho penal argentino desde hace 90 años”, dice el documento, al que tuvo acceso Página/12.

También integran la Aapdp el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. La entidad nuclea a más de trescientos profesores de universidades públicas y privadas del país, que llegaron a su cargo por concurso. Sus presidentes anteriores fueron Zaffaroni (UBA), Enrique García Vitor (UNLitoral, Santa Fe), Daniel Erbetta (UNRosario) y José Buteler (UNCórdoba).

El pronunciamiento de los expertos en derecho penal –muchos de ellos jueces y fiscales– resulta de significativo valor para llevar garantías a médicos y funcionarios de la Justicia que deben intervenir en casos de aborto no punible, especialmente después de la decisión del ministro de Salud, Juan Manzur, de dar marcha atrás con la decisión de refrendar como resolución ministerial la Guía Técnica de Atención de los Abortos No Punibles, actualizada recientemente por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque la vigencia del instructivo oficial fue ratificada por Manzur, el episodio sobre la jerarquía de la Guía pudo despertar dudas en profesionales de la salud sobre su cobertura legal para realizar abortos aun en los casos en que están permitidos.

El fiscal De Luca, presidente de la Aapdp, explicó a Página/12 que el consejo directivo de la entidad decidió incorporar los abortos no punibles a su agenda a partir de las confusas informaciones sobre la temática que últimamente se ha difundido y que promueven los sectores más conservadores. De Luca es titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. “Cada vez que aparece una autorización para abortar reaparece esta discusión”, señaló De Luca y consideró que los abogados que promueven una interpretación restrictiva de los permisos “están aplicando una doctrina pre Revolución Francesa, es una locura”.

La lectura del artículo 86 del Código Penal que hace la Aapdp está en línea con el protocolo del Ministerio de Salud y con la reglamentación que se está debatiendo en la Legislatura porteña y que el PRO rechaza y quiere archivar. “Hemos tomado el tema y hemos hecho un dictamen técnico con una lista, es decir, una enumeración taxativa estudiada de abortos no punibles”, destacó Cuñarro a este diario. Y aclaró que “nunca como fiscal puní o imputé un aborto a ninguna mujer jamás en veinte años de carrera”.

Contra los opinólogos

“Con total independencia del debate sobre la legalización de ciertos supuestos de aborto, ante la proliferación de análisis y decisiones que confunden a la opinión pública, nos vemos obligados a explicar cuál es la ley vigente respecto de abortos que están justificados en el Código Penal desde 1922”, dice el dictamen técnico de la Aapdp. “Proliferan los ‘opinólogos’ y se han tomado decisiones –como denuncias a magistrados– basadas en creencias que carecen de control académico, que mezclan niveles de análisis (moral, religión, medicina, salud pública, política, leyes vigentes, legislación comparada, teorías de la pena, etcétera) y omiten de manera audaz la consideración de las gravísimas consecuencias jurídicas y sociales a las que llevan.” El documento hace alusión a la amenaza de jury que pesa sobre el juez de Bariloche Martín Lozada por autorizar un aborto no punible a una adolescente que denunció una violación y cuya destitución fue reclamada por voceros de los sectores más reaccionarios de la ciudad rionegrina.

El dictamen técnico de la Aapdp deja en claro que cualquier mujer que resulta embarazada en una violación, es decir, no sólo aquellas que tienen discapacidad mental, tienen derecho a un aborto no punible. Y que no es legal exigirles la denuncia penal ni probar la violación para llevar adelante la interrupción de la gestación. “Es innecesario (además de grotesco) exigir la prueba del autor de la violación y/o del embarazo. Esto es así desde 1922, cuando no se conocía la prueba del ADN. La mujer no está obligada a hacer la denuncia por violación y nadie la puede investigar de oficio si no la hizo”, indica el pronunciamiento de los académicos. Tampoco, sostienen los expertos, debe quedar la práctica supeditada a una autorización judicial ni a la opinión de un comité de bioética. “Como cualquier causa de justificación, no requiere autorización judicial alguna. Ni siquiera de pretendidos comités de ética médica, porque la soberanía proviene de la ley (arts. 44 y 75, inc. 12º Constitución nacional), y no de determinados profesionales más o menos ilustrados.” También aclara que “no estará obligado a practicarlo el médico con objeciones de conciencia”.

Para que no queden dudas, la Aapdp hace un listado detallado de los permisos para abortar vigentes.

Como ya lo hicieron cortes provinciales en distintos casos, la entidad indica que “no existe conflicto alguno entre cláusulas de jerarquía constitucional y estos permisos legales para producir abortos”. “El deber estatal de proteger la vida desde la concepción no obliga a criminalizar a todas las personas que la suprimen en cualquier caso. Ocurre lo mismo con la legítima defensa o supuestos de estado de necesidad exculpante, desde tiempo inmemorial”, sostiene el pronunciamiento. “Quienes predican el castigo sin excepciones, demuestran una fe desmedida en la pena como si el castigo protegiera a los nasciturus en estos casos”, concluye el documento.

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Miércoles, 8 de septiembre de 2010

Las explicaciones del artículo 86

Por Mariana Carbajal

El dictamen técnico de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal explica que “el Código Penal Argentino, desde 1922 y con todas sus modificaciones, en su artículo 119 prevé varias clases de accesos carnales que pueden conducir a embarazos: 1) acceso carnal violento o coaccionado; 2) acceso carnal sobre una mujer menor de trece años, sin violencia o coacción; 3) acceso carnal no violento ni coactivo, sobre una mujer que por otras razones no pudo prestar su consentimiento válidamente, en la cual encuadran las que eran llamadas ‘idiotas o dementes’. Además, 4) también son punibles las conductas abusivas que puedan llevar a un embarazo, sin necesidad de acceso carnal tradicional, bajo la categoría de abusos sexuales gravemente ultrajantes, por ejemplo una inseminación artificial forzada”. Para clarificar los permisos previstos en el artículo 86 del Código Penal, la Aapdp explica que el primer supuesto es evidente que “se refiere sólo a las víctimas que no tienen problemas mentales para disentir el trato sexual”. También que en los casos 2 y 3, “al no ser válido el consentimiento cualquier acceso carnal ya es una violación, sin necesidad de violencia o coacción”. En cambio, “si la víctima es mujer ‘insana’ o menor de trece años y es accedida con violencia o intimidación, el hecho será violación (como en el supuesto 1), porque la violencia física o mental no distingue entre personas menores y mayores, o sanas e insanas de mente”.

Y agrega: “El artículo 86 del Código permite o justifica el aborto realizado con el consentimiento de la mujer y practicado por un médico para todos los supuestos anteriores, a los que se suma el general de cuando no existe otro medio para evitar un peligro para la vida o la salud –física o psíquica– de la madre. En este último supuesto, se pueden incluir los casos de anencefalia del feto”. “Cualquier mujer que se encuentre en tales circunstancias puede realizarse un aborto justificado, impune. En el caso de las deficientes mentales e incapaces (que no pueden consentir el acto) se requiere la autorización de sus representantes legales, y no el del violador, pese a ser el padre”, puntualiza la entidad.

El artículo 86 del Código Penal dice que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.