El Consejo Superior se Posicionó en Defensa del Programa UBA XXII de Educación en Cárceles

12 de November del 2010

En el día de ayer, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, por iniciativa de la mayoría estudiantil, redactó un comunicado en el que se posiciona firmemente en defensa del Programa de Educación en Cárceles UBA XXII, que está intentando ser desarticulado por el Servicio Penitenciario Federal.

Los consejeros estudiantiles denunciaron que “desde hace un tiempo, el Servicio Penitenciario Federal viene violando el espíritu de autonomía universitaria del Centro Universitario de Devoto (CUD), realizando allanamientos y traslados de internos con la excusa que desde el lugar se hacen secuestros express”. Como consecuencia de esto, siete internos comenzaron una huelga de hambre como forma de protesta y de dar a conocer a la sociedad la situación por la que están pasando.

El CUD es una experiencia inédita en el mundo, que funciona desde hace 25 años, en la que los internos del penal pueden realizar carreras universitarias, constituyéndose en una posibilidad real de reinserción social para todos aquellos que pasan por ella.

El lunes de la semana que viene se realizará una movilización al Ministerio de Justicia de la Nación para exigir una pronta solución a los atropellos del Servicio Penitenciario Nacional hacia el CUD.

A continuación, adjuntamos el comunicado emitido por el Consejo Superior:

“Al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
A la opinión pública

Desde hace veinticinco años, y en el marco de un convenio con el Ministerio de Justicia, la Universidad de Buenos Aires lleva adelante el Programa UBA XXII por el cual condenados y procesados pueden cursar estudios y carreras que se brindan en esta Universidad. En su larga trayectoria, el programa ha contribuido a humanizar los ámbitos de encierro y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de quienes sufren la privación de la libertad, y se ha convertido en una referencia indiscutida sobre este tipo de proyectos a nivel nacional e internacional.

El normal desarrollo de las actividades del programa, especialmente en el Centro Universitario de Devoto (CUD), está siendo seriamente obstaculizado. Una serie de hechos ocurridos desde mediados de septiembre de 2010, en los que se alega que uno de los internos se encuentra involucrado en presuntos delitos, condujeron al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a llevar a cabo acciones que suponen un claro avance institucional sobre el Programa. Inconsultamente el SPF suspendió actividades universitarias, desplazó otras fuera de la órbita del CUD, desarmó pabellones de estudiantes, trasladó presos estudiantes a otras unidades penales, realizó un allanamiento asistido con fuerzas de seguridad en horario de clase y en presencia de un docente -sometiéndolo a una seria situación de tensión-, secuestró computadoras que son patrimonio de la Universidad -produciéndose incluso el faltante de un equipo nuevo en dicha maniobra-, impidió el acceso a docentes, entre otras cuestiones de gravedad.

La Universidad de Buenos Aires no obstaculiza al funcionamiento de la Justicia, y respeta las normas de seguridad establecidas por el régimen penitenciario. Sin embargo, aun en el medio carcelario, la investigación sobre la comisión de delitos supone respetar tanto el debido proceso como el marco de autonomía universitaria fijado por la Constitución Nacional para las universidades nacionales.

La tarea de la Universidad en la cárcel es enseñar, volver real el derecho a la educación, formar personas con pensamiento crítico, aportar al desarrollo del conocimiento en distintas áreas científicas, y acercar sujetos marginados a prácticas de ciudadanía que integren y hagan valer su condición humana.

Entre los estudiantes del Programa UBA XXII el índice de reincidencia es notoriamente menor que en el resto de la comunidad carcelaria. Esto es atribuible al ámbito de libertad del que los internos gozan en las instalaciones destinadas al CUD y de la educación que esta casa de estudios les proporciona. El proceso de resocialización es complejo y excede los límites de la enseñanza universitaria, aunque esta es un factor importante en ese contexto.

La seguridad en las cárceles es responsabilidad del SPF. La educación universitaria en las cárceles es responsabilidad de la Universidad.

A la fecha, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no ha dado ninguna explicación ni respuesta a los planteos hechos por la UBA sobre esta situación, y está incumpliendo la normativa vigente sobre educación en cárceles y los convenios existentes. Las acciones emprendidas en el CUD son un ataque injustificado a la Universidad de Buenos Aires. Reclamamos enérgicamente a las autoridades competentes el retorno a las condiciones anteriores y el restablecimiento de todas las actividades desarrolladas en dicho espacio”.

Fuente: Juventud Informada

#FSOC: Sobre la crisis edilicia y el proceso de movilización (Espacio de Debate Interclaustros)

Sobre la crisis edilicia y el proceso de movilización

EL ACOSTUMBRAMIENTO COMO POLÍTICA O LA POLÍTICA CONTRA EL ACOSTUMBRAMIENTO

A dos semanas de iniciado un nuevo proceso de movilización que ha atravesado toda la vida académica y política de nuestra facultad, hay una serie de hechos que saltan a la vista.

En principio, no puede negarse la legitimidad del reclamo que está en la base de la toma de las tres sedes. Es más que legítimo que estudiantes, docentes y no docentes reclamemos la finalización de las obras en el edificio nuevo. No hay razones para justificar que un edificio que se adquirió en 2003 todavía no se haya terminado, menos aún que no se tenga fecha cierta para el llamado a licitación para adjudicar la construcción de la tercera y última etapa. Es más que legítimo que los estudiantes pretendan que en todas las sedes se garanticen condiciones mínimas que incluyen comedores, bibliotecas y salas de estudio. También es legítimo que desde el Centro de Estudiantes se le reclame a la gestión de la facultad que las becas de apuntes y comidas - hasta ahora sostenidas mediante un sistema solidario entre los propios estudiantes - sean afrontadas con fondos provenientes del presupuesto público. Es igualmente legítimo que se pretendan mejoras edilicias en las sedes que están funcionando. De hecho, el 7 de setiembre la propia gestión admitió en un comunicado que la facultad no cuenta con un diagnóstico sobre la situación de seguridad e higiene, que no tiene los fondos para financiar la adecuación de las instalaciones eléctricas y reconoció que no hay plan de evacuación ni sistema de detección de incendios en las tres sedes.

En segundo lugar, tampoco se puede negar que las medidas de fuerza impulsadas por estudiantes, y respaldadas por un amplio sector de docentes y no docentes, lograron un nivel de masividad pocas veces visto en la historia de la facultad. Ese nivel de participación se evidencia en decenas de clases públicas diarias, en multitudinarias asambleas y en masivas movilizaciones.

Asimismo, es justo sostener que el proceso que se da en nuestra facultad gana mayor fuerza al formar parte de un proceso de movilización mucho más vasto, que es la contracara de la sostenida pauperización que sufre el sistema educativo público en nuestro país. Las tomas y los reclamos de los estudiantes secundarios porteños son hoy por hoy su mayor expresión. Pero la toma de Sociales también se da en medio de un plan de lucha de los docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica que vienen reclamando la reapertura de la discusión salarial luego del magro aumento otorgado por las autoridades nacionales a principios de año. También se produce en momentos en que los investigadores que se desempeñan en distintas instancias del sistema nacional pugnan porque se les reconozcan ni más ni menos que los derechos básicos que tiene cualquier trabajador.

Por otra parte, salta a la vista que mientras los sectores que mantienen los reclamos y las medidas de fuerza plantean la necesidad de abrir canales de diálogo, las autoridades de la facultad han optado por desconocer la justeza de los reclamos y descalificar a quienes se movilizan, apostaron al desgaste, se ausentaron de la facultad y mediatizaron el conflicto. Esa actitud no sólo bloquea el debate acerca de los problemas de nuestra facultad, sino que profundiza el corporativismo y la tendencia a administrar la miseria que caracterizó la gestión del mismo espacio político durante los dos períodos precedentes.

El desencuentro sistemático con el movimiento estudiantil tiene mucho que ver con discrepancias con respecto a la situación política global, el gobierno nacional y sus políticas educativas, pero también es expresión de un sistema de gobierno anquilosado que pone la dirección de la universidad en manos de un solo estamento, reforzando las lógicas institucionales que tienden a garantizar la reproducción de grupos de poder en las posiciones que han logrado, estrechando los márgenes para las perspectivas de cambio. En este marco, es predecible que el movimiento estudiantil, el claustro más dinámico por razones estructurales, no encuentre un interlocutor acorde a esa dinámica. En estos días, la falta de voluntad expresada desde la gestión de la facultad confirma esa lamentable tendencia, pero al mismo tiempo implica dejar pasar una oportunidad significativa para aprovechar toda esa potencia emergente para lograr las mejoras que toda la comunidad de sociales se merece.

Finalmente, ante esta situación debemos llamar la atención acerca de las declaraciones y posicionamientos de muchos docentes con los cuales hemos compartido en otros momentos luchas por la educación pública y por mejores condiciones de trabajo y de cursada en nuestra facultad. No comprendemos por qué en lugar de acudir a la desinformación y a la manipulación, no se reconoce que la situación edilicia de la facultad está muy por debajo de las condiciones mínimas para emprender procesos de aprendizaje, enseñanza e investigación; por qué no se busca acelerar los tiempos para terminar el edificio único y generar una agenda que permita revitalizar política y académicamente nuestra facultad. No entendemos por qué habría tomas “legítimas y entendibles” y otras que serían simplemente instrumentadas desde “minorías” orientadas por “intereses mezquinos”, cuando sólo basta recorrer nuestras sedes para comprender lo tolerantes que somos en realidad quienes trabajamos y nos formamos allí. Por qué se habla de “destrucción” y “actos violentos” para definir la construcción de un comedor en la sede de Constitución, cuando años atrás hubiese merecido su el respaldo por ser un acto legítimo frente a la inacción de las autoridades. Nos preguntamos por qué razón se recurre al argumento de que la vida universitaria no puede “detenerse” porque es sostenida por el pueblo, y se omite decir que es en esa universidad devaluada en la que nuestro pueblo se forma, trabaja e investiga de manera también devaluada, y que como pueblo nos merecemos mejores condiciones.

Hoy como ayer elegimos no conformarnos. La corta historia de nuestra facultad nos demuestra que todo lo que logramos nos ha costado mucho y que lo hemos logrado sumando fuerzas y voluntades. Por lo que conseguimos y por lo que resta, no es momento para acostumbrarnos.

SUMATE A LAS CLASES PÚBLICAS

JUEVES 16/09 MARCHA NACIONAL EDUCATIVA

JUEVES Y VIERNES PARO NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS

Espacio de Debate Interclaustros

Docentes, Graduados y Estudiantes de Comunicación

El Consejo Superior de la UBA se pronunció a favor del aborto legal

Fuerte respaldo del campo académico al cambio de la legislación

El Consejo Superior de la UBA se pronunció a favor del aborto legal

Publicado el 12 de Agosto de 2010

Por Lucia Alvarez
Se aprobó por 27 votos a favor, una abstención y uno en contra. Así se reconoció a las mujeres “como sujetos sociales, capaces de decidir si desean o no ser madres”. Y respaldó el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Pese a de las recientes declaraciones del ministro de Salud Juan Manzur sobre su rechazo al aborto, el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo sigue consiguiendo apoyos, ahora del campo académico, y está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Al respaldo del Consejo Superior de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la decisión de la Universidad Nacional de Córdoba de llamar al debate, ayer el Consejo Superior de la UBA se pronunció a favor de un cambio en la legislación nacional y del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El texto, presentado por los consejeros estudiantiles Leandro Altman e Ignacio Kostzer y aprobado por 27 votos a favor, uno en contra y una abstención, argumenta que los abortos son la primera causa de mortalidad materna y estima que el derecho a establecer las condiciones de la maternidad implica “reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos/as que desean tener y el espacio temporal entre los nacimientos”.
Altman dijo a Tiempo Argentino: “En el país se realizan 500 mil abortos al año y una mujer fallece cada dos días por esta causa. Es fundamental que la universidad pública intervenga en estos debates que involucran a toda la sociedad”. Si bien el apoyo no fue en particular para ninguno de los proyectos presentados en el Congreso, algunos de los 50 legisladores que pusieron su firma en la propuesta de la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito estimaron que este pronunciamiento es clave para su tratamiento. “Es muy importante porque le da un respaldo científico y permite un debate más franco, sin polarizaciones y con posiciones menos ultra”, explicó la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur.
Merchán aseguró además que ya se consiguieron cinco firmas de legisladores de distintos bloques, para impulsar en las tres comisiones que tratan el proyecto –legislación penal, salud y familia– un plenario conjunto para los próximos meses. También el presidente de la comisión de legislación penal, Juan Carlos Vega, aseguró a este diario que hay voluntad de tratarlo en la comisión y que él personalmente apoya su discusión para el segundo semestre.

Fuente: Tiempo Argentino (link a la nota)