El ministro de Salud de la Nación negó haber firmado la resolución que aprueba la Guía Técnica. La presidenta del Consejo de las Mujeres había anunciado el carácter de resolución ministerial del protocolo en la sesión del comité de la Cedaw
Además de la iniciativa de la diputada provincial del Movimiento Proyecto Sur Paula Sánchez, ahora se suma la presentada por la fiscal de Cámara, María Dolores Finochietti.
Como había anticipado (8300)web en oportunidad de la teleconferencia brindada por la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, hay dos proyectos que buscan regular el artículo 86 del Código Penal y su interpretación. El de la diputada Sánchez fue presentado en 2008 y permanece en la comisión de Desarrollo Humano y Social que preside la legisladora emepenista, Graciela Castañón. El de la fiscal Finochietti ingresó el 23 de noviembre pasado y aun no tomó estado parlamentario. Si bien existe en Neuquén una resolución ministerial acerca de cómo debe proceder el personal médico en los casos de abortos no punibles- en los cuáles la ley no prevé solicitar la autorización judicial-las controversias no han cesado.
“Las causales de no punibilidad de ciertos abortos se encuentran incorporadas desde fecha muy antigua en nuestro Código Penal, pero su interpretación restrictiva y errática por parte de los operadores jurídicos, la exigencia de la intervención de comités de ética o de ciertas autoridades sanitarias en los servicios de Salud, la judicialización indebida de la autorización del ANP y la ausencia de plazos máximos para las decisiones profesionales, administrativas o judiciales, han llevado a que mujeres en condiciones de acceder a un aborto en estas condiciones, hayan sufrido demoras que aumentaron y prolongaron el riesgo físico y de muerte, como también el sufrimiento psíquico, o que directamente impidieron que se pudiese llevar adelante una práctica que desde su inicio aparecía como lícita y no punible para el sistema penal”, fundamentó la fiscal en su proyecto.
De acuerdo a la iniciativa se podrá solicitar la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o para la salud integral de la mujer y cuando el embarazo provenga de una violación a una mujer con o sin discapacidad. El plazo para la realización de la práctica no excederá los díez días a partir de la formulación del requerimiento. Los establecimientos de Salud públicos, privados y de obras sociales de Neuquén deberán ofrecer servicios de atención que se regirán por los principios de confidencialidad, privacidad, preservación de la salud, oportunidad, celeridad, seguridad, solidaridad e interpretación.
El peligro para la vida o para la salud física o psíquica de una mujer embarazada será diagnosticado por el equipo interdisciplinario de profesionales de la Salud que corresponda. A continuación se le informará debidamente sobre el diagnóstico, dejando constancia en su historia clínica. Cuando se cumplan estos requisitos se le solicitará a la mujer que preste su consentimiento informado. En caso de violación, además del consentimiento informado, se le pedirá la denuncia judicial o policial y la constancia de la revisación efectuada por el médico forense. Respecto de que sea una mujer con discapacidad la que haya sido abusada, el o la representante legal presentará la denuncia, la constancia de revisación, el consentimiento informado y el diagnóstico psiquíatrico de la enfermedad mental.
El proyecto establece que toda persona, ya sea médico o personal auxiliar del sistema de salud puede manifestar objeción de conciencia-declarada una vez que entre en vigencia la ley o al iniciar sus actividades en el sector de Salud- ante lo cual el establecimiento suministrará de inmediato la atención de otro profesional para que efectúe el procedimiento.
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El jueves 28 de abril a las 10:45 hs., el Ministro de Educación Alberto Sileoni presentará la revista “Educación Sexual Integral. Para charlar en familia”, una herramienta más para lograr que niñas, niños y jóvenes de todas las escuelas del país reciban educación sexual.