| Ataque a La Revuelta | | |
| Jueves, 17 de Febrero de 2011 | |
| Militantes del Colectivo Feminista fueron agredidas por una patota que responde al ex gobernador y precandidato para el mismo cargo, Jorge Sobisch, mientras participaban de una “intervención callejera” en la Ciudad de Neuquén. |
Ni es el oficio mas viejo del mundo, ni puede considerarse como un trabajo. Tampoco una forma fácil de ganar plata. Desde la campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” elaboraron un interesante recorrido por las formas mas comunes mediante las cuales la cultura patriarcal justifica la esclavitud y sometimiento sexual de las mujeres. Mitos para cuestionar, justificaciones para derribar.
1. Es el oficio más viejo del mundo
Falso. Supone que la prostitución es un atributo innato de las mujeres y, por lo tanto, inevitable, construcción muy conveniente al patriarcado y a los explotadores. La prostitución expone el propio cuerpo al servicio de otro, para que sea usado como mercancía, por tanto no es oficio sino esclavitud. Es imposible vender el cuerpo sin lastimar el alma. En sociedades primitivas, las mujeres aparecemos como parteras, alfareras, artesanas, curadoras, maestras, aurigas (conductoras de carro), recolectoras, antes que practicando la prostitución. Estos oficios ejercidos por las mujeres se pueden comprobar por la arqueología y la mitología popular pero son ignorados por la “historia” patriarcal. La prostitución tiene un inicio preciso: la afirmación del patriarcado.
2. Es una forma sencilla de ganar mucha plata
Falso. Las mujeres en situación de prostitución sufren daños irreparables, comparables con los daños de una persona que fue torturada, que sufrió una guerra. La gran mayoría de las mujeres en situación de prostitución es muy pobre. Los proxenetas son los que se enriquecen. La trata y el tráfico de mujeres para las redes de prostitución es uno de los negocios más redituables, junto con el tráfico de drogas y armas.
3. Lo hacen porque les gusta
Falso. La mayoría llega a la prostitución luego de historias de violencia, vulnerabilidad, pobreza, engaños (de sus parejas, de sus familiares), violaciones, exclusión y falta de educación. Muchas también son secuestradas y obligadas, mediante torturas, amenazas, violencias. La prostitución no es elección. Es una opción cuando no queda otra opción.
4. Es elección libre, lo asumen de manera voluntaria
Falso. Para millones de mujeres, escoger entre hambre, abuso, aislamiento o prostitución no representa una verdadera opción. Cuando una sociedad aumenta los espacios de igualdad, social y sexual, y de nivel de vidad disminuye el número de mujeres del propio país que se dedican a la prostitución. Se necesitan muchos cómplices para prostituir, para considerar a la prostitución como ideal de “libertad”.
5. La prostitución VIP es libre elección, no es lo mismo que laprostitución de las mujeres pobres
Falso. Las mujeres hemos sido enseñadas por la cultura, los medios de comunicación, la escuela, nuestras familias a “ser” para…, a estar al servicio del varón. Las mujeres que son prostituidas en los lugares vip, también son usadas como mercancía (un poco más cara), también han aprendido que sus cuerpos están al servicio del varón, han entendido (porque el patriarcado se los ha enseñado) que sus cuerpos pueden servirles para ser consumidoras de lujos, a la vez que ser consideradas objetos de consumo. No fue una libre elección porque estuvo condicionada por la cultura. ¿Dónde está la libertad?
6. Se prostituyen para darle de comer a sus hijos
Falso. No se prostituyen, “son prostituidas” por varones que requieren sus cuerpos para afirmar su poder y su valía. Las mujeres amamos a nuestros hijos/as, sobre todo si elegimos ser madres, esto no nos imposibilita el darnos cuenta que sólo a nosotras se nos requieren todos los sacrificios para su cuidado y bienestar. Muchas veces sus hijos/as son vendidos/as por las redes, obteniendo ganancias extras para los proxenetas.
7. La prostitución es un trabajo
Falso. Esta forma de legitimación es un ardid de los y las oportunistas que “lucran” con cada mujer en situación de prostitución, incluidas aquellas religiones, las ONGs, los sindicatos, los organismos internacionales que les exigen llamarse “trabajadoras” para ser meritorias de asistencia y (de paso) bajar los índices de desocupación y justificar partidas de dinero dedicadas a tal fin. También es una reivindicación de muchas mujeres que creen correrse del papel de discriminación que la sociedad les tiene reservado (pensemos cómo se insulta a los genocidas, asesinos corruptos, ladrones). No siempre el consentimiento legitima una práctica, ni mucho menos la convierte en trabajo.
8. Todas las mujeres son putas
Falso. El sistema patriarcal utiliza la palabra “puta” para estigmatizar a cualquier mujer trasgresora (ver letras en boleros y tangos, etc) A la vez que nos une nos separa en putas y no putas: “las obedientes”, “las domesticadas”. Nuevamente, el centro está siempre en la culpabilización de las mujeres, mientras nadie dice algo que sí es verdaderamente cierto: todos los hombres pueden ser clientes.
9. Son mujeres de vida alegre
Falso. La vida de una mujer en situación de prostitución no es fácil ni alegre. Esta es una expresión acuñada por clientes y proxenetas que sirve para restarles responsabilidades en el daño que producen, El sexo prostibulario tiene que ver con el poder y no con el placer. Las mujeres en situación de prostitución conforman uno de los grupos más vulnerables de todas las sociedades en todas las épocas.
10. Si la prostitución no existiera habría más violaciones
Falso. No es cierto que los deseos sexuales de los varones sean irrefrenables. Esto es una construcción del patriarcado. El verdadero combate a la prostitución y a las violaciones pasa por una toma de conciencia, profunda reflexión y cambios de conductas que promuevan una práctica sexual que tenga que ver con el placer y no con el dominio.
11. Legalizar la prostitución (ya sea reglamentandola, con libreta, registrando las mujeres que son víctimas) protege a las mujeres
Falso. No protege a las mujeres en situación de prostitución que así serían maltratadas, pero con permiso, tratadas y traficadas legalmente y enfermadas, ya que el certificado de salud no se exige a los clientes- prostituyentes. Sólo protege el negocio para los fiolos, proxenetas y redes de prostitución. Las mujeres quedan igualmente exentas de todos los derechos y más expuestas que nunca a ser detenidassi se les ocurre estar paradas en las esquinas sin la protección de las mafias. Incrementa el negocio de los “pagos” para la policía, ya que al exigir más reglas arbitrarias, la coima aumenta.
12. Prohibir la prostitución es lo más digno para la sociedad
Falso. La prohibición de la prostitución genera más indefensión para el eslabón más débil de la cadena: las mujeres en situación de prostitución, porque cuando se prohíbe la prostitución, se persigue a las mujeres. No remedia el ejercicio de la sexualidad de los varones con poder de dominio sobre las mujeres.
13. La mujer como provocadora y el varón como víctima no responsable
Falso. El varón es un cliente potencial desde que deja de ser niño. El sistema patriarcal-capitalista nos enseña que los varones tienen derecho sobre los cuerpos de las mujeres y, a la vez, que los poderosos tienen derecho sobre los cuerpos de los más débiles. No es “cliente”, es prostituyente, aunque sea invisibilizado. “Porque tu pagas es que hay prostitución”.
La prostitución está inserta en un mecanismo de múltiples sistemas de opresión y explotación: estructuras económicas y sexistas que crean barreras para el desarrollo en el plano personal, educativo, político y en el plano laboral de todas las mujeres. Eliminando murallas sexistas e igualando posibilidades mediante la supresión de estructuras económicas injustas es cómo abriremos la vía para las mujeres entrampadas en la explotación sexual. Eliminando la dominación masculina sobre la sexualidad de las mujeres eliminaremos a los prostituyentes de nuestras sociedades. Respetar los Derechos de las Humanas es la consigna.
FUENTE: RED NO A LA TRATA
FOTO: http://stencilenbuenosaires.blogspot.com/
Escuela, delito y violencia
Gabriel Kessler*
Históricamente la escolaridad y el delito fueron pensados como dos actividades contrapuestas: la escuela era responsable, junto a la familia, de una socialización exitosa, distribuyendo las credenciales necesarias para entablar una vida adulta integrada; mientras que el delito era una de las opciones residuales para aquellos que quedaban excluidos o poco favorecidos por el sistema educativo. En los últimos años esta situación cambió. Por un lado, un rasgo novedoso de la década del 90 es el fin de la mutua exclusión entre trabajo y delito. La inestabilidad del mundo del trabajo, entre otras causas, lleva a la emergencia de un segmento de jóvenes que combina actividades legales e ilegales para sobrevivir, lo que en un libro reciente llamamos "delito amateur"1. Por el otro, respecto de la escuela, datos oficiales para 1998 señalan que el 58 por ciento de los menores de 18 años imputados por infracciones contra la propiedad en la Provincia de Buenos Aires, declaraban que estaban concurriendo al colegio. Constatación que obliga a modificar los interrogantes habituales: el eje no es solo el impacto de la deserción sino, entre otras, dos cuestiones que tratamos en esta nota: el lugar de la educación en la vida de estos jóvenes y la relación entre delito y escuela.
Experiencia personal y sentido de la educación
En una investigación reciente sobre jóvenes que cometieron delitos, los entrevistados manifiestan una disyuntiva central acerca de la escuela: más allá de valorar el hecho de estar alfabetizados afirmaban -en particular sobre la escuela media- que no entienden nada y que lo que aprenden no les sirve para nada. Sin embargo, hay un punto en que la propia experiencia se disocia del juicio general, puesto que cuando no hacen referencia a la propia escolaridad, valoran la educación en general como agente legítimo de socialización y movilidad social. La escuela es importante para "ser alguien en la vida", "para conseguir trabajo" porque "sin escuela no sos nada".
La disyunción entre experiencia individual y juicio general nos provoca reflexiones contrapuestas. Una mirada pesimista diría que cuando valoran la escuela repiten un discurso ajeno, que no ha sido construido ni internalizado por ellos. Una postura optimista, al contrario, resaltaría que -a pesar de la escasa relación con sus experiencias- la escuela y la educación todavía están ahí, formando parte del campo imaginario de estos jóvenes, presente en sus ideas y su percepción de futuro. Y aun cuando haya elementos para sostener ambas posiciones, es innegable que la postura de estos jóvenes expresa la persistencia de una demanda a la escuela por una experiencia más significativa, por aprender algo. Al fin y al cabo, cuando se ufanan de lo fácil que es la escuela, de que "con 30 hojas en la carpeta tirás todo el año" o de que casi no les dan tarea -pese a que enseguida afirman no hacerla-, también expresan una demanda a la escuela, se denota un interés por más que les resulte difícil expresarlo. Es que para estos jóvenes la escuela es la única institucion que todavía tiene un peso en la posibilidad de pensar otros futuros y opciones posibles.
En la investigación mencionada nos interesó ver también la percepción de directores y docentes sobre la violencia en la escuela. De las entrevistas en escuelas consideradas "difíciles" en el Gran Buenos Aires emergían tres problemas principales. En primer lugar, se relatan juegos violentos que los mismos estudiantes consideraban "sólo juegos". Se plantea una primera cuestión: lo que para los docentes -y nosotros- es claramente violencia, pareciera ser tipificado de manera distinta por sus protagonistas: como un juego, no cuestionable entonces. Habría una falta de entendimiento básico sobre aquello que es violencia y aquello que no lo es. En segundo lugar, los docentes estaban también preocupados por la creciente violencia de los varones hacia las nenas. Esbozan la hipótesis de que esto expresaría un modelo de masculinidad, compartido por padres e hijos varones, ligado al ejercicio de la violencia como manera de reafirmar una identidad que presenta uno de sus elementos estructurantes -el rol de proveedor- en crisis. Por último, la violencia no es privativa de la relación entre compañeros, sino que docentes entrevistados se quejaban de la agresividad de muchos padres.
¿Cuál es la posición institucional sobre estos problemas? Se delinean dos posturas distintas. En ciertas escuelas prima la política de separar a los chicos más violentos pues atacan a sus compañeros, impiden el desarrollo de las clases y generan un ejemplo negativo al resto ("un adicto produce otro adicto"decía un maestro de 7° grado), posición que es reforzada por la presión de muchos alumnos y de sus padres. Los directivos de tales escuelas no se justifican con un discurso abiertamente excluyente o reaccionario; sino en la carencia de recursos, tiempos y saberes para encarar solos el problema. Los casos problemáticos exigen mucho trabajo y atención, en detrimento del grueso de los alumnos, lo que también genera conflictos. El resultado buscado, más que la expulsión, es negociar el pase a otro colegio, el abandono temporario ("hasta que se calme"), o la rápida terminación del ciclo.
La posición opuesta la encontramos en directivos que, aun reconociendo las dificultades, afirmaban que preferían tratar de mantener a los chicos en la escuela a toda costa, porque aunque no aprendan nada mientras estén allí al menos están supervisados. En esas escuelas se produce un desplazamiento general de roles: los docentes y directivos concentran el grueso de su energía en la cuestión disciplinaria, y los porteros y administrativos controlan las puertas y los muros para que los chicos no se escapen.
La pregunta que estas reflexiones abren es acerca de qué debe hacer la escuela. No hay recetas ni una respuesta fácil. Nuestra investigación muestra un desdibujamiento generalizado del concepto de ley como marco normativo para muchos de los jóvenes y en todas las dimensiones estudiadas, no solo en la escuela. Ella no es, por supuesto, ni la responsable ni tampoco la que puede sola restaurar un marco de ley en un sentido amplio. Ni la familia, ni las comunidades barriales, ni el mundo del trabajo pueden hoy resolver por sí solos los conflictos que se desarrollan tanto en su interior como en otros ámbitos que de un modo u otro los afectan. Ahora bien, cierto es que la escuela sola no puede, que debe buscar aliados a fin de restablecer sentido y futuro para una parte importante de los jóvenes de nuestro país. No cabe duda de que la escuela tiene un rol protagónico porque, como dijimos, a pesar de todos los problemas y carencias que sufre, es quizás la única institución en la que todavía confían, a la que todavía demandan y de la que esperan que contribuya a crear otro futuro posible.
* Universidad Nacional General Sarmiento/CONICET
1 Kessler, Gabriel. Sociología del delito amateur. Buenos Aires. Paidós. 2004.
Fuente: El Monitor, http://www.me.gov.ar/monitor/nro2/dossier4.htm
Por alguna curiosa razón, ante la idea de un balance sobre avances o retrocesos en la despenalización del aborto aparece de inmediato la referencia a la ley de Matrimonio Igualitario. “Ya salió la Ley de Divorcio, la Ley de Matrimonio Igualitario, ahora se debate la despenalización del aborto y la Iglesia está que arde”, decía el diario Los Andes por aquellos días. “Salió esa ley que parecía imposible, pero el aborto no va a salir tan fácil. Dieron este disgusto a la Iglesia porque no están dispuestos a dar el otro. El aborto en este país no va a salir nunca.”
Oscilando entre quienes lo consideran un paso que abre el camino hacia una sociedad más justa, y quienes entienden que el primero fue una coartada para dejar en el olvido de la agenda progresista el otro, la conexión entre estos dos reclamos no sólo comparte la desaprobación y la furia de los sectores conservadores. Hay algo más. La curiosa razón que los une, y que en los últimos meses se viene instalando en el debate –quebrando el monopolio argumentativo del dilema sobre cuándo empieza la vida, cuándo nace la persona– está relacionada con el concepto de discriminación. Y si algo quedó en evidencia durante el debate por el matrimonio fue que la mayoría de esta sociedad no está dispuesta a avalar –al menos con leyes– la deshumanización de una parte de sus ciudadanos –por lo pronto en lo que a cuestiones de género se refiera–. Frente a esto, tambalea una legislación redactada hace casi un siglo que al señalar como delincuentes a aquellas que interrumpan su embarazo condena a una parte de la población a someter su cuerpo a la clandestinidad y a la muerte. “Las cifras oficiales indican que el 40 por ciento de los embarazos en la Argentina termina en abortos. Por lógica, esto quiere decir que cada uno de ustedes en esta sala conoce a por lo menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto.” Eso decía en el Congreso de la Nación en noviembre pasado Marianne Mollmann (representante de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch) cuando como única oradora abrió el debate parlamentario sobre el aborto no punible ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en lo que puede considerarse un punto nada menor de este balance. Lo que faltaría agregar a los dichos de esta experta es que quienes conocemos una mujer que haya recurrido al menos a un aborto, si somos de clase media o alta, sabremos de lo difícil de su decisión, de sus temores, del momento humillante de buscar un médico mínimamente confiable, de la altísima suma que debió pagar. (La penalización también permite que las “clínicas” clandestinas funcionen con poco respeto a la salud y a la vida de las mujeres.) Pero esa mujer que nosotras somos o conocemos, al día de hoy, no se ha muerto por eso. Ahora, si no pertenecemos a esa franja acomodada, seguro que también conocemos a una o más mujeres que hayan abortado, con la salvedad de que esa amiga, hermana o madre muy probablemente haya quedado estéril, o con serias complicaciones de por vida. O esté muerta.
En la Argentina el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna. El 11 por ciento de las mujeres latinoamericanas que mueren por causas relacionadas con el embarazo fallecen como consecuencia de un aborto clandestino; en nuestro país esa cifra es más del doble. Los únicos otros dos países de la región donde los abortos son la principal causa de muerte materna son Jamaica y Trinidad y Tobago (según datos del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina).
El punto que une los reclamos de un matrimonio igualitario y la despenalización del aborto es la igualdad ante la ley, el reclamo por la segregación de una parte de la sociedad, que en este caso puntual son las mujeres. Las mujeres pobres. El punto se ha convertido en una encrucijada signada por la pobreza, donde el mercado termina marcando las reglas que separan beneficiarias privadas de sobrevivientes públicas, mientras el slogan moral mira para otro lado cuando defiende la vida. “Cuando una mujer llega a un hospital con complicaciones por haberse realizado un aborto, muchas veces es tratada mal, por una cuestión de estigma”, afirma Mariana Romero, del Cedes. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 más del 20 por ciento de las muertes por emergencias obstétricas registradas fueron provocadas por abortos inseguros. Y según las nuevas cifras sobre la mortalidad materna, el año pasado la proporción de muertes maternas atribuibles al aborto fue del 28 por ciento. La mortalidad creció un 10 por ciento en lugar de disminuir, como tendría que haber ocurrido si se hubieran cumplido las metas del milenio, fijadas en el 2000.
El largo debate por la ley de matrimonio civil instauró en la opinión pública el gusto por el diálogo y la relevancia de la argumentación con fundamento científico y sobre todo actualizada. Aquel debate histórico que mantuvo interesado a un público mayoritario más allá de que quisiera casarse o no, permitió exponer los argumentos más conservadores, más aberrantes y más convincentes. Así es que más allá de las estrategias que la política tome para sortear presiones, lo cierto es que el ejercicio del debate ya lanzado propicia que un tema como este pueda ser discutido en 2011 en términos de salud pública, de derechos humanos, y de discriminación por razones de género. “Cuando atendemos a razones de salud pública y al número de mujeres que mueren todos los días por abortos sépticos, estas razones inclinan la balanza. Aun si hacemos a un lado estas consecuencias lamentables, un análisis de si se debe prohibir o permitir el aborto, por lo menos durante las primeras semanas de embarazo, cambia el eje de la discusión, porque una legislación permisiva no obliga a las mujeres a abortar en contra de su voluntad. Pero una legislación restrictiva obliga a las mujeres a continuar un embarazo, violentando su voluntad”, opina Diana Cohen Agrest, autora de libro ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, donde analiza el aborto y el matrimonio homosexual entre otros temas, desde una perspectiva bioética.
Martha Rosenberg, psicoanalista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
El Código Penal argentino fue promulgado en el siglo XIX; años antes y años después, el aborto fue considerado por nuestras leyes como un delito. Durante las primeras dos décadas del siglo XX no se admitían siquiera justificaciones especiales; recién en 1919 se introdujeron formas de impunidad tomándolas del Código Penal suizo –aunque con errores de redacción que dieron hasta la actualidad un lugar para la discusión doctrinaria–. El texto actual es prácticamente el mismo que el del Código de 1922. Si la legislación es añosa, el debate no es nuevo. A los aportes en la década del 90 del proyecto de la diputada Florentina Gómez Miranda, que puso en debate público la situación de mujeres violadas, se les suman numerosos proyectos durante la última década. Pero el hito se produce en marzo de este año, cuando se presentó ante el Congreso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con unas 50 firmas de legisladores de un amplísimo arco político que va desde el oficialismo hasta el PRO, pasando por CC, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, la UCR, y el Partido Socialista, entre otros bloques. El proyecto establece el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional y dictamina que deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.
¿Cuál es su lectura sobre esta llegada del tema aborto al Poder Legislativo?
–Primero hay que decir que el aborto llegó al Legislativo de una manera muy precaria, porque fue el último día de las sesiones ordinarias con una reunión en noviembre, ni siquiera fue una audiencia pública, sino que fue una jornada de discusión, que no es una figura de los procedimientos regulares de tratamiento de un tema sino una invitación a una conferencia pública con una persona experta y reconocida internacionalmente (Marianne Mollmann). Concurrieron muchos legisladores, fue importante en ese sentido porque marcó una movida de la comisión cabecera de este proyecto, que es la primera que lo tiene que tratar, y un compromiso público del diputado Juan Carlos Vega y de otros diputados presentes, pero él es quien tiene la iniciativa para que se trate efectivamente en la comisión, él se comprometió a que se tratara en 2011 y el pedido era que se tratara a principio del año con prioridad.
No parece muy convencida de que el tema se trate el año que viene.
Bueno, él dijo que se va a tratar, pero tengamos en cuenta que ya hubo un compromiso en 2010 y se fue postergando hasta que se abordó de esta manera. También creo que hubo pronunciamientos de parlamentarios de otras comisiones, y sería muy auspicioso que esto comenzara temprano en el año con un tratamiento conjunto de las tres comisiones involucradas.
¿Piensa que en el último año la opinión pública ha demostrado una sensibilidad mayor frente a este tema?
–Durante el año pasado estuvo aumentando permanentemente en las encuestas la opinión pública favorable a la ampliación del marco legal del aborto. En una de ellas daba que el 62 por ciento de la opinión pública no estaba de acuerdo con que se penalizara a la mujer que se realiza un aborto. Y también hubo pronunciamientos institucionales importantes, en www.abortolegal.com.ar podés ver las universidades e instituciones que adhirieron al tratamiento del tema y en muchos casos adhirieron al proyecto de la campaña. Y también Amnesty se pronunció sobre la necesidad muy perentoria de que este tema se trate por los indicadores médico-sociales de muertes de mujeres por gestación.
¿Tiene alguna hipótesis sobre por qué seguimos sin tener datos concretos sobre las muertes ocasionadas por abortos clandestinos?
–La Iglesia y la corporación médica hacen mucha presión, a pesar de que en encuestas anónimas los médicos reconocen la importancia del tema. Por eso, la demanda para que el Estado intervenga es muy importante, por ejemplo con el tema de la reglamentación de los abortos no punibles, que fue objeto de unas idas y venidas tremendas durante 2010. La reglamentación que hizo el Ministerio de Salud está en vigencia pero no tiene rango de resolución ministerial. Entonces, frente al balance que proponés, hay que señalar que existen muchas vacilaciones sobre el tema del aborto por los compromisos con sectores del poder reaccionarios, de derecha y también por una concepción del Gobierno acerca de que se puede gobernar aplicando las convicciones religiosas personales como rasero para conducta de todas las personas.
¿Cómo es eso?
–Si en nuestro país hay libertad de culto, esto significa también que hay libertad para no tener ningún culto, con lo cual hay que cuidar la vida por sobre todas las cosas. Esto es importante sobre todo para la población femenina, que es más de la mitad de la población del país. Y este es un tema que afecta mucho más gravemente a los sectores pobres, con menos acceso a la educación y menos acceso a los servicios de salud. Y también hay que decir que si bien nuestra población es mayormente católica, las mujeres que practican el aborto también son católicas. La legislación actual no tiene eficacia sobre los abortos que se realizan de hecho, lo único que hace es hacerlos clandestinos e ilegales, ponen a la mujer en una situación de minusvalía evidente.
¿Por qué cree que cada vez que se plantea el debate se da en términos de a favor o en contra del aborto, como si esta fuera de verdad la disyuntiva?
–Porque se juega un poder muy importante sobre un aspecto fundamental de la vida de la sociedad, que es la renovación de las generaciones, y los sectores más reaccionarios de la Iglesia y el poder necesitan mantener el dominio sobre el proceso de la reproducción y sobre las mujeres, que son las que llevan adelante ese proceso. Entonces la idea de liberalizar la legislación sobre el aborto implica otorgar libertad a las mujeres para continuar o no un embarazo, es una idea que da mucho poder a las mujeres. Y también está la idea de que no puede ser que la legislación abra un rango que habilite, que la ley permita algo: estamos acostumbrados a que las leyes prohíban, o impongan cosas, y la gente piensa que si se legaliza el aborto se va a obligar a alguien que no quiera a abortar. Lo cierto es que abortan mujeres de todas las edades y todas las condiciones sociales.
¿Cómo seguimos?
–Creo que tenemos que seguir trabajando para que la gente reconozca que este es un tema de toda la sociedad, pero que pagan con su salud y su vida las mujeres jóvenes y pobres. Y que se entienda definitivamente que es un problema político.
MARTA ROSEMBERGLeticia Kabusacki, especialista en derecho de familia y salud sexual y reproductiva, miembro de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y género), una de las ONG informantes de la reunión de la Cedaw
Entre los hechos relevantes de este año figuran sin dudas las recomendaciones y duras críticas a la Argentina que realizó luego de la reunión de julio en Nueva York la Cedaw, el comité de las Naciones Unidas que se ocupa de monitorear que los Estados cumplan con la realización de los derechos humanos de las mujeres. Este año, la Organización de Naciones Unidas, entre otros puntos, instó al Gobierno a “garantizar” la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles. Se trataba de una herramienta fundamental tanto para que las interesadas tuvieran conocimiento de sus propios derechos como para que los agentes de salud y de justicia aplicaran sin reparos y sin dilaciones las leyes vigentes. Esta fue tal vez la mayor contramarcha en este asunto. Volviendo a la relación nada casual entre matrimonio igualitario y ley de aborto, fue justamente en julio cuando se promulgaba el primero, cuando el ministro de Salud, Juan Manzur, anunciaba que la Guía, que en su actualización prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer, estaba en vigencia. Al día siguiente negaba haber firmado la resolución.
¿Cuál fue la recomendación concreta de la Cedaw en relación a los derechos reproductivos?
–Luego de evaluar las respuestas del Estado nacional y también de escuchar muy atentamente los informes de las 10 organizaciones pertenecientes a la sociedad civil del país que estuvimos allí presentes, la Cedaw observó que la Argentina debe hacer lo necesario para reducir el número de muertes maternas, adecuar y modificar su ley para que las mujeres tengan garantizado su acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto incluye que se eliminen los obstáculos para la realización de abortos no punibles.
¿Se hace referencia a la necesidad de modificar la legislación?
–El Comité de la ONU expresó su preocupación por la legislación restrictiva del aborto del artículo 86 del Código Penal y también por la interpretación inconsistente por parte de los tribunales cuando se trata de abortos no punibles. Otra gran advertencia gira en torno de la falta de datos concretos. No hay datos, no hay información estadística discriminada por género, lo cual es muy importante, porque no hay modo de leer la realidad sin estos datos. La pobreza, por ejemplo y en relación a lo que venimos señalando, afecta de manera distinta a las mujeres y a los hombres. También se advierte que faltan medidas para que las provincias tengan igual acceso a los servicios de salud más allá del sistema federal y la calidad de éstos.
¿Cuál es el alcance que tienen estas recomendaciones de la Cedaw?
–Lo primero que hay que destacar es que esta Convención, que cumple 20 años, lo que hizo desde el momento en que se creó fue poner en evidencia que los derechos de las mujeres por las cuales está velando son parte de los derechos humanos. Y así es como se lee internacionalmente; por lo tanto, los países que no los cumplen están atentando contra estos derechos. Luego, sobre el alcance, hay que tener en cuenta que una vez que un país aprueba uno de estos tratados –y Argentina ha sido uno de los primeros países latinoamericanos en hacerlo–, los incorpora a su plexo normativo. Esto es, tienen carácter constitucional. El tratado de derechos humanos que fue incorporado es ley, y toda la legislación argentina, incluyendo la de las provincias, debe ajustarse a esta norma.
¿Qué beneficios trae a un país la forma de estos tratados y qué perjuicios no cumplir con ellos?
–El beneficio es el de pertenecer a un grupo de naciones que favorecen el desarrollo. Se trata de un beneficio económico, ya que se existen programas concretos para favorecer el desarrollo. A su vez se considera que no es posible para un país desarrollarse cuando la mitad de su población, en este caso las mujeres, se encuentran en situación de riesgo, también moral.
¿Y existe alguna relación concreta entre los ciudadanos particulares y estas leyes? ¿Se puede recurrir a estos organismos internacionales por ejemplo cuando en tu país no te permiten realizar un aborto que tu propia legislación permite?
–Argentina aprobó en el año 2007 el protocolo facultativo de la Cedaw. Esto hace que las personas afectadas puedan recurrir directamente para manifestar su queja una vez agotadas las instancias domésticas que incluye la apelación a la Corte Suprema. Ya hay casos presentados ante la Iberoamericana de la OEA. De hecho esto ocurrió en el año 2006 en el caso conocido como “L.M.R., responsabilidad internacional de Estado Argentino por inobservancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Una chica de La Plata de 19 años con discapacidad intelectual que había sido violada por un familiar a la que le negaban su derecho a abortar.
¿La perspectiva del informe de la Cedaw es desoladora?
–No es desolador, es una advertencia fuerte a incumplimientos puntuales del Estado, entendiendo como Estado a todos los poderes y las instituciones públicas como los hospitales, por ejemplo. Es documentado, basado en informes muy serios y exhaustivos. Se destacan muchas cosas buenas de la Argentina, realizadas sobre todo durante el gobierno anterior, que sentaron las bases, la estructura, para que la situación de las mujeres mejore. Aquí se ha hecho mucho para promover la no discriminación de la mujer, entre otras cosas se ha creado en 2004 el Consejo Nacional de la Mujer, se avanzó mucho en la regulación y el blanqueo de las empleadas domésticas, la Asignación Universal por Hijo es otro punto importantísimo y destacado por el organismo. Lo que se está reclamando es la puesta en marcha de toda una estructura ideal y muchas veces sin recursos suficientes.
En un fallo unánime, la Cámara de Casación resolvió que un hombre acusado de abuso sexual en la vía pública no puede beneficiarse de la suspensión de juicio a prueba (probation) puesto que entra en colisión manifiesta con las obligaciones asumidas por el Estado argentino para perseguir y condenar “todas las formas de violencia contra la mujer”.
Por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Se trata de la Sala II de la Cámara de Casación en el caso de un hombre acusado de haber tocado los senos a una mujer mientras ésta caminaba por el andén de la estación de trenes de Once.
La decisión de los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación merece nuestro reconocimiento positivo frente un fallo que reconoce los derechos de las mujeres utilizando argumentos destacables y apelando a la legislación internacional en materia de violencia contra las mujeres.
Según consta en la causa, en abril del 2009, mientras la demandante se encontraba en el andén del Ferrocarril Sarmiento, en la estación Once, “el imputado se acercó a ella y le tocó los pechos por sobre su ropa”, tras lo cual la mujer “le dio aviso al personal policial que se encontraba en el lugar, quienes procedieron a la detención del mismo”.
Tanto la fiscalía como la defensa acordaron la probation, aunque la mujer sostuvo: “No me interesaba ningún resarcimiento económico, yo quiero que pague a mí lo que hizo, y que no tenga oportunidad de reiterar este hecho quedándole antecedente”. Comentó su temor a encontrarse nuevamente en esa situación, y concluyó: “Mi intención de hablar, de ocurrir por la vía civil es para destacar que solamente lo que me interesa es que una persona que sin causa alguna me asalta sexualmente no quede sin antecedente alguno”.
Los camaristas decidieron rechazar el recurso sobre la base de que “la opinión fiscal favorable a la suspensión del juicio a prueba entra en colisión manifiesta con las obligaciones asumidas por el Estado argentino”, por lo que “existe un óbice formal de naturaleza legal que impide al Ministerio Público disponer de la persecución penal”.
“El consentimiento brindado por el Ministerio Público ha de ser ponderado concretamente en su legalidad de cara a las exigencias de la Convención de Belen Do Para que trascienden las referencias al modo en que podría cumplirse la supuesta sanción a recaer, la reparación económica y las tareas comunitarias ofrecidas por Ortega o incluso las manifestaciones de la defensa en la audiencia ante esta Sala, calificando el suceso como de ‘bagatela’ o ‘habitual’”, concluyen.
En este sentido, los compromisos asumidos por el Estado argentino para perseguir y condenar “todas las formas de violencia contra la mujer” y para “adoptar por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia” derivaron en que el imputado ahora deberá ser juzgado por el delito de abuso sexual simple, y en consecuencia, el rechazo de la probation.
“Convencidos de la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario de la trata con propósitos de explotación sexual”
46.”Promover acciones que contribuyan a visualizar la acción negativa del denominado cliente o usuario en tanto es quien alimenta el círculo de explotación sexual y tiene responsabilidad en la generación de la demanda de trata de personas para propósitos de explotación sexual”.
De las Conclusiones y Recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas 1/ Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Comisión de Seguridad Hemisférica, 25 al 27 de marzo 2009
Buenos Aires, Argentina.
Ambos textos parecen razonables y no deberían sorprender. Sin embargo, la aparición de la palabra cliente en los considerandos de un documento internacional que se ocupa de trata de personas con fines de explotación sexual es el resultado de una antigua y ardua lucha iniciada por el feminismo hace décadas. Deberíamos hablar de violadores en tanto y cuanto sus víctimas son esclavas que solo pueden obedecer, pero los códigos penales opondrían duramente sus argumentos acerca de lo que la violación sea.
La palabra cliente avanza sobre la perversión deformante del lenguaje cuando para “prevenir” las acciones de estos sujetos los documentos internacionales escriben “desalentar la demanda”. La pretensión de enmascarar la complicidad del varón que paga su dinero para ejercer su poder dominante sobre los cuerpos de las mujeres víctimas resulta efectiva porque se ajusta al tradicional escamoteo de la responsabilidad masculina en los delitos contra la integridad sexual.
Cliente deriva del latín (clienstis) y quiere decir “protegido”,”persona defendida por el patrón”. El cliente, en la trata, sin duda está bajo la protección del patrón, es decir, del mafioso.
En cuanto a la palabra demanda, si exceptuamos los sentidos con los que el psicoanálisis y el derecho los aplican, nos encontramos con que, en su tercera acepción, puede corresponder a “busca”, asociada con la acción de buscar. Ya que demanda es un “vocablo casi desusado en el lenguaje corriente hablado, salvo en su frase ‘en demanda de’; se usa a veces en lenguaje escrito, especialmente comercial”.
Desalentar la demanda es menos explícito que desalentar la búsqueda (busca) de una mujer para satisfacer las necesidades del varón, porque al colocar una palabra cuyo uso no es habitual su protagonista queda a oscuras. La palabra cliente no deja espacio para la duda. En cambio “demanda” excluye la rápida comprensión e incorporación en el imaginario social y se logra que la población no entienda con claridad a quiénes hay que desalentar. Si esta expresión que ha sido inscripta matricialmente en los documentos internacionales se utilizara junto con la idea de cliente, resulta más clara.
La palabra cliente implica un tropezón en la lectura de los documentos, particularmente para los varones redactores habituales de los mismos.
Cliente tampoco sería la mención correcta, ya que el clientelismo no define el perfil del cómplice del delito. Pero en territorios de las luchas por los derechos de las mujeres, las tácticas y las estrategias recomiendan tomar el pulso de los tiempos que recorremos. Incorporar entre nosotros la palabra cliente tiene su historia.
En el año 2006, cuando se creó el Programa Las Víctimas contra las Violencias en el Ministerio del Interior, la perspectiva oficial estaba centrada en niños, niñas y adolescentes; luego, en la redacción del proyecto se asumió la presencia de personas adultas de acuerdo con el Protocolo de Palermo.
En una oportunidad le dije al entonces ministro Aníbal Fernández: “Sería importante incluir en la ley una mención y sanción a los clientes...” Me contestó: “No es tiempo todavía. La Argentina no está preparada para eso...” Ni nuestro pais ni el resto del mundo, porque la palabra cliente y el pedido de sanción brillaban por su ausencia.
Transcurrió el tiempo y la ley que federalizó el delito de trata se sancionó en el año 2008. No resultó como se había diseñado por razones ajenas al Programa Las Víctimas contra las Violencias, sino que fue el Senado el que asumió su redacción final. El tema del cliente, o sea, la presencia del cómplice, se mantenía aminorada por un lenguaje convencional o bien omitiendo su presencia. Pero el tema trata se había instalado en la comunidad, en los escritorios de los funcionarios y en los avatares de los jueces que debían estudiar esta nueva legislación. El periodismo empezó a comprender que no hablábamos de prostitución sino de esclavitud y comenzó a preocuparse por el tema y lo posicionó como segmento del Crimen Organizado. Empezó a verbalizarse la consigna “sin clientes no hay trata”.
Se sumó la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Contribuí en esa creación pero manteniendo exclusivamente una tarea en el ámbito de la capacitación de las personas que se contrataban. La oficina quedó a cargo de la licenciada Zaida Gatti, que hasta el día de hoy coordina sus actividades.
En Occidente es la única oficina dedicada a la trata de personas cuyas profesionales, trabajadoras sociales y psicólogas, ingresan junto con las fuerzas de seguridad cuando se realizan los allanamientos. ¿Por qué? Porque son mujeres las que deben acompañar a las mujeres víctimas de trata, escucharlas y sostenerlas hasta la declaración testimonial que realizarán delante del juez, días después de haberlas rescatado.
¿Cómo continúa esta historia? En marzo del año 2009, Argentina, con la participación de Uruguay, recibió a la OEA y a los representantes de los diversos países en una reunión destinada al tema trata. Era la oportunidad para ensayar la incorporación de la figura del cliente en el nuevo Documento2.
Aníbal Fernández, que entonces era ministro de Justicia, en su discurso inaugural, afirmó “es necesario desenmascarar al cliente” para “desalentar la demanda de sexo pago” a cargo de “mujeres y adolescentes encerradas en burdeles a través de engaño, amenazas y violencia y obligadas a prostituirse. Sin el cliente no habría trata ni prostitución”.
En la misma oportunidad, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró el concepto, de manera que frente a la audiencia internacional la posición de Argentina era evidente. Se trataba entonces de lograr una aprobación de esta inclusión de la palabra cliente, por unanimidad, en el documento que resultase de la reunión de la OEA.
Fue una delicada tarea política a cargo de los miembros de nuestra cancillería, quienes se ocuparon de las conversaciones con los representantes de los diversos países que no traían ese proyecto en sus planteos. Estábamos advertidas acerca de las dificultades que se encontrarían, ya que de los diálogos que mantuvimos con delegaciones de otros países resultaba que estaban frente a una apertura novedosa y no esperada.
En la reunión plenaria de cierre, la lectura del Documento Final –redactado entre todos los participantes– estuvo a cargo de un representante de la Cancillería Argentina y se realizó, como es habitual, punto por punto. Cada uno debía ser aceptado o corregido. Cuando se formularon los dos puntos con los que encabezo este artículo, la unanimidad selló con un aplauso su aprobación.
Podemos suponer que el tema había rondado el pensamiento de los participantes y que solamente faltaba quien se atreviese a formularlo con el lenguaje correcto.
El hecho se rubricó en mayo del 2010, en la Declaración de Buenos Aires, el 7 de mayo, en el ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y del Interior del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados Asociados, con Julio Alak como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
¿Cómo se desarrollarán las discusiones en el ámbito de las Naciones Unidas cuando se incorporen estos documentos?
1. Organizada juntamente con la República Oriental del Uruguay.
2. Fui designada Relatora por Argentina para referirme a la situación en nuestro país.
Las licenciadas Zaida Gatti, por el Ministerio de Justicia, y Gloria Bonato, por el Ministerio de Desarrollo Social, expusieron acerca de sus distintas actividades en el tema trata.
Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/las12/13-6256-2011-01-17.html
Hoy Mar del Plata está que arde. Como todos los eneros. La capacidad hotelera explota. Esta mañana en La Perla al mar le da el sol tan lindo que parece de paillettes. Por la calle cortada desfilan de veras cuerpos reales: señoras en bikini, chicas que andan en rollers sin saber andar en rollers. En una radio suena Roxette en castellano (“El aire está lleno de silencio / Debe haber sido amor...”). El cuadro encandila y anestesia. Entonces importa menos a qué se le da la espalda.
Patricia Gordon, psicóloga de la organización La Alameda, detalla que estamos en “La Perla Sur”, la zona de la estatua de Alfonsina. Y que junto a La Perla Norte, hacia Constitución, albergan a un montón de chalets olvidados cuando el auge inmobiliario señaló hacia Los Troncos y sus lomas. Las calles del otro lado de “La Popular” de noche son lo suficientemente oscuras como para que se entreabran las puertas de los prostíbulos privados, whiskerías, cabarets, bares nocturnos y cía. Como El Progreso, esa casa fea de red blocks, vidrios negros y una manija de puerta que parece un bastón de cotillón. Está en un barrio de edificios bajos, cerca de “La boutique del Pan”, a una cuadra nada menos que de la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo municipal y de la casa de un obispo. Comparte medianera con un hotel llamado La Posada: si lo googleás, en www.argentinaprivate.com entre muchas otras direcciones céntricas aparece: “La Posada, 11 de Septiembre 3030, alt. La Rioja. 20 to 30 Chicas. Prices: Drinks $15/$25, Chicas $150 hour. The Hotel Paraiso Transitorio is next door for 50p.”. También son datos que pueden ofrecer, dicen en La Alameda, muchos taxistas y remiseros. Después de La Perla, las zonas rojas rondan la vieja terminal –cerca de los tribunales– y el puerto. Se calcula que la cantidad de prostíbulos –alrededor de 200– se duplican llegado el verano.
Gordon, psicóloga, es además parte de la Asamblea Permanente contra la Trata de Personas. Integra el equipo que recibe denuncias, las deriva a la Justicia Federal y atiende a las víctimas: “Damos la orientación necesaria en materia judicial y contención emocional”, dice. Trabajan en red con la Multisectorial de la Mujer, Mar de Lucha, Las Juanas, entre otras asociaciones civiles. En el último seminario sobre derechos humanos y trabajo esclavo, realizado en la Facultad de Abogacía de la Universidad local, Patricia Gordon habló de “El caso Mar del Plata”.
–Partimos de la denuncia que hizo La Alameda hace justo un año: contamos 400 prostíbulos, se presentaron pruebas y testigos. Se puso de relieve la situación de muchas mujeres de esta “ciudad feliz” que conviven con estos delitos. “El caso Mar del Plata” se caracteriza también por la connivencia de la policía y la inacción de un sector de la Justicia, por la complicidad mediática, ya que el principal diario de la ciudad (La Capital) exhibe sin pudores una importante cantidad de avisos de oferta sexual, promocionan incluso los lugares denunciados. Después de esta denuncia, gracias a los allanamientos que hizo la fiscalía, se encontraron mujeres que provenían de otros países, muchas menores de edad, en situaciones de esclavitud sexual. Estaban en lugares deplorables: sótanos, tras rejas, en suciedad.
–Sí. Nos reunimos todos los meses en el Concejo Deliberante, por iniciativa de la concejal Verónica Beresiarte. Reúne a funcionarios municipales, políticos, actores sociales, integrantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es un espacio de debate, denuncia y confrontación de ideas. Se discuten los temas, elaborando acciones concretas ya sea desde lo legal, social, psicológico.
–Todavía no han sido reglamentadas. Y eso que en septiembre el intendente dijo que “en unos días” lo hacía. Sus declaraciones surgieron en un momento en el que él mismo aprobaba la habilitación de un lugar llamado La Posada, que había sido denunciado, allanado y donde se encontraron víctimas. Si bien dieron un paso atrás y manifestaron que había sido un error, las organizaciones locales repudiamos este hecho gravísimo. Con respecto a la segunda ordenanza, la Secretaría de la Mujer atiende a las víctimas.
–Si bien resulta imprescindible la reforma en la Ley de Trata –para eliminar la figura del consentimiento de la víctima–, podemos decir que al momento hay leyes, aun con falencias que no se cumplen, especialmente en lo relacionado con los derechos de las víctimas. Sí, deberían recibir contención, resarcimiento económico, la oportunidad de una inserción laboral. La realidad es que muchas quedan libradas a su suerte y vuelven al mismo circuito de la prostitución.
–Las desapariciones que tuvieron lugar a fines de los años ‘90 en Mar del Plata aún son una herida abierta. Terminó siendo una red de crimen organizada. Salvando las dimensiones con las desapariciones y muertes en Ciudad Juárez, constituye una de las máximas expresiones de violencia hacia las mujeres, la complicidad y responsabilidad del Estado, de las instituciones y de una gran parte de la sociedad que ha sabido serle indiferente y silenciosa a estos crímenes. Respecto de la memoria colectiva, las organizaciones nos hemos propuesto instalar nuevamente esta herida no cerrada. Toda vez que realizamos una jornada, están presentes los nombres de las desaparecidas y asesinadas. Tenemos como proyecto realizar un acto público que despierte las conciencias dormidas de nuestra comunidad, ya que la impunidad de un crimen abre paso a más impunidad. Estos crímenes marcaron un antes y un después en el tema del proxenetismo: se supone que desde ahí para adelante se incrementó el sistema de esclavitud y trata.
–El análisis tiene varios ejes. Por un lado, constituye uno de los negociados más rentables: una mujer puede ser vendida muchas veces, ser menor de edad aumenta el ingreso de los tratantes. La corrupción de las instituciones y las escasas condenas facilitan el proceder de las mafias. Por otra parte, la relación existente entre el lavado de dinero, producto de la mercantilización de los cuerpos y las vidas de tantas mujeres, y la proliferación de un negocio que enriquece rápidamente y a bajo costo. Sin descuidar los aspectos que, instalados en una cultura de base patriarcal, imperan en los medios masivos de comunicación, en el uso del lenguaje, en la cosificación de los cuerpos, en las promesas de un “trabajo fácil” dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social o que atraviesan alguna crisis de identidad.
–La llegada de Nilda Garré es una esperanza. Las complicidades policiales, denunciadas en especial por Nancy Miño, ex agente de la Policía Federal que puso en evidencia el alto nivel de corrupción de la oficina antitrata, constituyen un muro para desenmascarar el delito. Si hay voluntad política, es posible que exista una policía que cumpla con sus funciones, tema complejo y difícil...
–Durante el año se ha venido trabajando en contacto con otras organizaciones y colectivos que se ocupan de los derechos de las mujeres. Esta unión ha sido significativa. Lo prometedor es la visibilización y puesta en evidencia de algo que es cotidiano, que pasa al lado nuestro. Aumentan las denuncias y la toma de conciencia. Y los vecinos reaccionan y rechazan esta forma de esclavitud.
Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-6227-2011-01-10.html
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Ordenanzas que prohíben la instalación de prostíbulos en diferentes localidades del interior del país, proyectos de ley que buscan penalizar al cliente, diarios que decidieron eliminar el rubro 59 por considerar que alienta la explotación sexual, allanamientos y detenciones a lo largo del mapa, la discusión acerca del consentimiento de la víctima y la necesidad de garantizar asistencia integral a las mujeres rescatadas en el Congreso de la Nación, son algunos de los avances –tímidos en algunos casos– registrados en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual en los últimos meses. Un delito que mantiene en la esclavitud a un número indeterminado de personas en Argentina, como quedó demostrado luego de los allanamientos en Santiago del Estero que denunció este diario.
A casi dos años de la aprobación de la ley 26.364, sancionada en abril de 2008, organizaciones sociales, diputados/as y el Estado (tanto a nivel municipal, provincial y nacional) continúan su lucha contra este delito y avanzan –con tropiezos– en la ejecución de la norma, en garantizar los derechos de las víctimas de la explotación e instalan nuevas discusiones en torno del delito.
Santa Rosa (La Pampa) fue pionera en arremeter contra la trata de personas. Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género, logró que el Concejo Deliberante prohibiera la habilitación de locales nocturnos, como whiskerías o cabarets, que funcionan como pantallas de prostíbulos. A modo de efecto contagio, otras intendencias pampeanas copiaron la experiencia. El mismo paso dieron en Villa Nueva (Mendoza), en Neuquén Capital y General Roca, Larroque y Gualeguaychú (Entre Ríos) y Villa María (Córdoba).
Durante 2010, continuó la persecución del delito y se iniciaron los primeros juicios en algunas provincias. Ejemplo de ello fue Córdoba, donde se desarrolló el primer juicio por trata de personas contra un hombre acusado de explotar a dos jóvenes de 13 y 14 años. También se dictó la primera sentencia en Mar del Plata: un hombre y una mujer fueron condenados a cuatros años de prisión por el delito de “trata de personas mayores de 18 años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad”. En esa misma ciudad existe una investigación judicial sobre una red formada por 94 prostíbulos denunciada por La Alameda (ver nota central).
Por este último caso, y algunos más, las organizaciones sociales continúan denunciando la complicidad y connivencia judicial y policial que mantiene vivas a las redes de explotación. Además, encontraron el consenso en el Congreso para instalar la necesidad de reformar la ley antitrata. A mediados de 2010, se realizaron una serie de audiencias públicas y debatieron proyectos de reforma en las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Los puntos a modificar fueron: la eliminación de la figura del consentimiento de la víctima a la hora de tipificar el delito en el caso de las personas mayores de edad, endurecimiento de las penas para el delito de la trata. En la actualidad, se imponen penas de entre tres y seis años de prisión y buscan modificarlas por condenas de 3 a 15 años.
La reforma propone la creación del Programa Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas y de un sistema sincronizado de denuncias sobre delito. Finalmente, diferencias entre los diferentes bloques y organizaciones antitrata no permitieron generar el consenso para que el dictamen se tratara en el recinto. Esta discusión se cerró en el medio de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo, quien aconsejó una reforma “urgente” de la ley que regula este delito.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Julio Alak, propuso “revisar y actualizar el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas” –texto en el cual se basa la ley federal– y consideró que una forma de desalentar el delito es penalizar duramente al cliente. “Sin clientes no hay trata”, aseguró Alak haciendo suya la consigna de las organizaciones antitrata.
Aunque los movimientos sociales vienen denunciando la explotación sexual que esconde el rubro 59, las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, colaboraron en mayor medida con la instalación del tema en la agenda pública. “En este país hay muchas cosas por discutir y resolver, entre otras el rubro 59, con el que Clarín gana un millón de pesos por mes”, afirmó a Radio Continental.
Luego, se sumaron diferentes pronunciamientos y acciones: el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un documento pidiendo que se termine con la promoción de la prostitución en los medios de comunicación. Diferentes diarios del interior decidieron eliminar el rubro 59 de sus páginas: La Mañana de Neuquén, La República de Corrientes, La Arena de La Pampa; el semanario El Tiempo de Pergamino y el Diario de la República, de San Luis. En las Legislaturas de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación se presentaron iniciativas para que el Estado retire la publicidad y la propaganda oficial en medios que publiquen avisos clasificados de oferta sexual. También se inició una campaña pública para retirar los avisos de prostitución en la vía pública.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6227-681-2011-01-10.html
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* Fuente: Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas
| JUEVES 13 de enero de 2011 |
| Abra Pampa dijo NO a la megaminería contaminante |
 Esta tarde los vecinos de Abra Pampa, provincia de Jujuy, presenciaron la sesión extraordinaria para votar nuevamente la ordenanza de prohibición de la mega minería, y decidieron en asamblea tomar el edificio municipal y exigir al intendente Machaca que derogue el veto de la ordenanza, para no esperar hasta el lunes, como habían propuesto los concejales. Esta acción presionó para que el intendente cediera su posición y la ordenanza prohibiendo la mega minería metalífera con tóxicos está vigente. Con Abra Pampa ya son cuatro los municipios de Jujuy que rechazan la mega minería contaminante. |
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| Por ANRed- E (redaccion@anred.org) |
Reproducimos: TRIUNFO EL PUEBLO DE ABRAPAMPA La ordenanza prohibiendo la mega minería metalífera con tóxicos está vigente. En el día de hoy, se presentaron los vecinos a presenciar la sesión extraordinaria para votar nuevamente la ordenanza de prohibición de la mega minería para el municipio de Abra Pampa. Alrededor de las 10 de la mañana, los concejales comunicaron que habían pospuesto la sesión para el lunes de la semana que viene. Los vecinos hastiados y advirtiendo la presencia de empleados de empresas mineras en el lugar, y el movimiento de camionetas de distintas empresas, decidieron en asamblea tomar el edificio municipal y exigir al intendente Machaca que derogue el veto de la ordenanza, para no esperar hasta el lunes. El Intendente, ante la manifestación del pueblo de Abra Pampa, llamó como respaldos de seguridad a infantería, a la policía y a la seguridad de las empresas mineras Pirquitas y Minera el Aguilar. Se exigía la derogación del veto de la Ordenanza Nº 51-CD-2010, de prohibición de la mega minería y transporte de sustancias contaminantes. Pasadas las 15 horas el Intendente, ante la presión de la gente, cedió su posición y firmó el decreto derogatorio del veto. Con este logro del Pueblo de Abra Pampa, la Provincia de Jujuy logra su cuarto municipio que dice NO A LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE. Contactos: José Sajama: 0388 - 154973690 Quelo Basualdo: 0388 - 154870069
Reproducimos la historia de esta ordenanza: La Ordenanza: El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Abra Pampa sancionó el pasado 30 de noviembre de 2010, con 5 de 6 votos, la ordenanza Nº 51-CD-010 que ordena la PROHIBICION de la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o de las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas similares. Asimismo en su artículo 2do PROHIBE el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, producción, extracción y/o transporte de sustancias tóxicas. Metal Huasi - Abra Pampa CONTAMINADA: Esta ordenanza fue solicitada por las diferentes comunidades del Municipio, en base a la experiencia vivida con la empresa Metal Huasi. Empresa fundidora de plomo que en 1990, quebró y dejó en el pueblo unas 30.000 toneladas de escoria de ese metal. Hoy, según un estudio de la Universidad de Jujuy, el 81% de los chicos tiene plomo en su cuerpo, y la mayor parte del pueblo sufre las consecuencias de la desidia de la empresa y el estado. El Estado Provincial aún continúa solicitando préstamos para implementar planes de remediación ambiental (Ver nota) , que terminarán pagando los ciudadanos jujeños y los propios afectados de Abra Pampa. El veto del Intendente Machaca: Sin embargo, el 20 de diciembre de 2010 el Intendente Ariel Adolfo Machaca, a través del decreto Nº 050-SG-010 veta la ordenanza. Entre los fundamentos principales, se menciona que “las responsabilidad en los temas ambientales corresponde a las Provincia en la que se localizan” desconociendo todo tipo de potestad del Municipio para defender la salud de sus habitantes. Continúan los fundamentos, haciendo interpretaciones forzadas de la legislación Nacional y Provincial a efectos de llegar a la conclusión de que el Municipio carece totalmente de facultades para defender el derecho constitucional a un ambiente sano. Nueva sesión del Concejo Deliberante para insistir con la Ordenanza: Frente a esta situación el Consejo Departamental de comunidades se reunió el viernes pasado y decidió, junto a tres de los seis concejales, insistir con la ordenanza. Solicitarán sesión extraordinaria para el próximo jueves 13 de enero, y los Concejales se comprometieron a votar de igual manera, aunque sólo estaban allí 3 de los que originalmente sancionaron la ordenanza, y se necesita reunir 2/3 del total para poder insistir y revertir el veto. En la Provincia de Jujuy existen otros antecedentes de prohibición de la megaminería contaminante, estos son los municipios de Cangrejillos, Tilcara y Huacalera. Asimismo, a nivel provincial 7 provincias argentinas han sancionado leyes en este sentido. Existen también, 3 proyectos de ley de prohibición de la megaminería contaminante en el Congreso de la Nación. Por todo esto estamos en condiciones de afirmar que numerosas asambleas y comunidades en todo el país se encuentran movilizadas y luchando por la vida, la salud y el acceso a un ambiente sano. Quizás sea momento de que nuestros representantes comiencen a escuchar.
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Casi cinco mujeres por semana fueron asesinadas a lo largo de 2010 por el solo hecho de ser mujeres. La escalofriante seguidilla de femicidios ascendió el último año a 260, un 12,5 por ciento más que en 2009, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Area de Investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en base a los casos publicados por agencias de noticias y 120 diarios de distribución nacional y provincial. En el 64 por ciento de los homicidios, el autor, acusado o sospechoso resultó ser el marido, novio o una ex pareja de la víctima. En 27 casos, la mujer había realizado denuncias contra el agresor por violencia machista y en otros seis casos, el victimario tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a quien luego asesinaría. En lo que va de enero, ya se registraron otros cinco femicidios.
“El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de la violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Ada Beatriz Rico, directora general del Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil, desde donde vienen realizando hace ya varios años el dramático conteo de las muertes de mujeres que son asesinadas por ser mujeres, es decir, son casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana.
El último hecho que cierra el extenso listado de femicidios de 2010 tuvo como víctima a Yanina Rojas, de 23 años. La joven vivía en la localidad bonaerense de Moreno. La asesinaron apuñalándola. Se investiga a su ex novio, Lucas Ariel Pa-ttul, de 21 años, de acuerdo con el informe del Observatorio. Pattul fue detenido. Yanina tenía una hija de 4 años, fruto de una relación anterior. El expediente judicial lo instruye la UFI Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes con asiento en Moreno. Al parecer Pattul habría tenido intenciones de reanudar la relación y ante la negativa de ella, la habría atacado con un arma blanca, apuñalándola. Este caso no se publicó en ningún diario, pero en el Observatorio de Femicidios recibieron la información desde un portal de noticias de Moreno y luego la corroboraron.
En 2009 los femicidios llegaron a 231, recordó a este diario Fabiana Tuñez, de La Casa del Encuentro. Hoy, desde la ONG pedirán una audiencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para entregarle el informe completo de 2010, con los 260 hechos detallados, y acercarle algunas propuestas sobre políticas públicas que consideran necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia de género.
Entre los femicidas o acusados de cometer alguno de los homicidios hay 17 integrantes de fuerzas de seguridad. Un tercio de los asesinatos ocurrieron en territorio bonaerense. Si se analiza el vínculo entre la víctima y el autor o acusado del hecho, se observa que en 95 hechos fue señalado el esposo, la pareja o novio, y en otros 72, un ex novio o ex marido. “Nos llamó la atención que en 26 hechos el imputado era el novio, y la víctima, en varios de esos casos, eran adolescentes de 14 a 19 años”, advirtió Rico. En 32 casos, el acusado fue un vecino o conocido, y en 10, el padre o padrastro.
Uno de los casos con más repercusión mediática del año fue el de la joven Wanda Taddei, de 29 años, esposa del baterista del grupo Callejeros, Eduardo Vázquez. La joven sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo. De acuerdo con los dichos de Vázquez, se trató de un accidente en medio de una discusión. Wanda estuvo internada 11 días: la mantuvieron en coma farmacológico para que soportara el dolor. Falleció el 21 de febrero. Vázquez, de 33 años, fue detenido como presunto responsable del hecho y posteriormente liberado. Finalmente, el 4 de noviembre, el baterista fue procesado con prisión preventiva como presunto autor del delito de homicidio agravado por el vínculo. La Cámara de Casación Penal tiene que resolver sobre su detención. Pero el caso, al parecer, “inspiró” a otros maridos violentos. Desde la muerte de Wanda, diez mujeres más murieron como consecuencia de graves quemaduras producidas en la mayoría de los casos por sus parejas o ex parejas y otras diez quedaron con graves heridas, de acuerdo con el informe del Observatorio. Muchísimas más, en tanto, fueron amenazadas por sus compañeros con ser quemadas, según refirieron diversas ONG que brindan ayuda a víctimas de violencia de género y que recibieron sus testimonios. En 2009, los femicidios por incineración habían sido siete, según el relevamiento del Observatorio.
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