NUNCA MENOS QUE ABORTO LEGAL
Hoy conmemoramos el aniversario número cien del 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras. Hace una semana la presidenta inauguró el año parlamentario anunciando nuevamente medidas que favorecen a las mujeres populares. No avanzábamos tanto en derechos y justicia social desde los primeros gobiernos de Perón; y desde 2003 hemos aumentado sostenidamente nuestra participación en la vida económica, social y política de Argentina.
La protección social del embarazo, la propuesta de reforma de la ley de adopción, de reforma de la ley de propiedad de la tierra y de empleo en casas particulares, son parte de la política profunda, proyectos ineludibles y urgentes si se pretende de verdad, conseguir niveles de igualdad, equidad y justicia social aceptables. Ponen el foco en terminar con los negocios de las corporaciones mafiosas que explotan niñxs y mujeres, desalojan tierras, y que escondidas de manera infame detrás de discursos de “ayuda a los pobres”, presionan y extorsionan desde siempre a las mujeres populares como objetos para su beneficio.
Quienes lideran esta etapa de reparaciones históricas han abierto el escenario donde todas las fuerzas democráticas deben responder, con el compromiso de seguir profundizando el modelo de bienestar y justicia social sin especulaciones electorales.
El parlamento debe ocuparse de garantizar que la maternidad sea un derecho y no una obligación. De que no tengamos que optar entre el hospital o la cárcel. De que no tengamos que comer peor un mes o vender nuestras pocas posesiones para pagarnos el misoprostol que nos permite abortar en casa hasta la semana 12, de manera segura, o exponernos a una sonda o algún otro método peligroso.
Y es en ese marco político, y no en otro, que esperamos que en este año electoral se trate una ley de aborto que permita a las mujeres decidir si parir o no sin ser chantajedas por las mafias del aborto clandestino, de la adopción, la propiedad y el trabajo esclavo, como ha sucedido hasta ahora. El ejecutivo inició el camino de la reforma, y los proyectos para legalizar el aborto que cuentan con amplio consenso social están desde hace 2 años en la Cámara de Diputados esperando ser sancionados. Le toca al parlamento como órgano de la democracia, representativo de todas las expresiones ideológicas, completar el trabajo que desde el gobierno se ha comenzado y dar respuesta a las 500.000 mujeres que abortarán y votarán este año. Una vez más tienen la palabra. Esperamos que también tengan el coraje político.
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